Recientemente el país ha sido testigo de un ataque despiadado al Consejo Nacional de Producción (CNP) y a su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), por parte de personas interesadas en destruir el programa, y algunos medios de prensa y políticos que les hacen eco. El PAI es el programa que surte de alimentos al sector público, principalmente escuelas, hospitales, cárceles y delegaciones de policía. Los contribuyentes, vía impuestos, financian las compras de alimentos para las personas privadas de libertad, pacientes de los hospitales nacionales, policías y escolares. El PAI distribuye alimentos por un valor de más de 100,000 millones de colones. Por supuesto, los comerciantes privados, y en especial las cadenas de supermercados, quisieran apoderarse ellos de ese negocio. Por eso, no sorprende que sea la Cámara de Comercio de Costa Rica quien lidere este ataque, con el apoyo de un sector de la prensa y de algunos políticos, aduciendo un genuino interés por proteger las finanzas públicas. ¿El argumento? El CNP, según ellos, cobra sobreprecios por los productos que coloca en el mercado institucional, sobreprecio que, al final, afecta a los contribuyentes. Para demostrarlo se basan en un estudio del economista Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, de la Universidad Nacional (UNA), sobre la comercialización en el PAI de un solo producto; el frijol.
A partir de información omisa, el estudio concluye que los contribuyentes pagan por un sobreprecio al frijol, debido a que el CNP, proveedor del estado, paga un precio más alto a los agricultores que el precio que pagan los comerciantes privados. La variable escogida para concluir que hay un sobreprecio no es la correcta, porque en el precio de venta final interviene el precio de compra y el margen de intermediación. Si este último es bajo, el precio de compra puede ser alto y, aun así, el precio de venta puede ser bajo. Entonces, para definir si las instituciones pagan sobreprecios, lo que se debe comparar es el precio que pagan las instituciones públicas al CNP, con el precio que ofrece el comercio detallista, que es el que pagarían esas instituciones, no el precio pagado a los productores. Este dato no aparece en el estudio de don Leiner. No existe en ese estudio comparación alguna entre el precio de frijol que pagan las instituciones al CNP y el precio en el mercado abierto.
El estudio de Leiner menciona varios temas que pueden arrojar luz sobre el sobreprecio: se dice que en el mercado del frijol el margen de comercialización es superior al 100%; se menciona que por disposición de la Contraloría General de la República el margen de intermediación del CNP no puede superar el 12%; y, según estudios del CNP, el precio de frijol al consumidor en el mercado es de 2.2 dólares por kg, unos ₡62.980 por quintal. El precio de compra a las organizaciones de productores es de ₡51.000, y estas compran a los agricultores a ₡35.000. Las organizaciones se encargan de la limpieza, acondicionamiento y empaque del frijol (lo cual genera empleo). Ya que el estudio de Leiner no indica el precio de venta del PAI a las instituciones, podemos inferir de lo anterior que ese precio de venta anda en ₡57.120 por quintal (₡51.000 + 12%), muy por debajo del precio en el mercado abierto reportado por el CNP, y muy por debajo de los ₡79,733 por quintal que se encuentra en las góndolas de un conocido supermercado (₡780 colones por una bolsa de 450 gramos). Entonces, la conclusión de que hay sobreprecio no se sostiene. La única referencia a los precios cobrados por el PAI es una encuesta de percepción por parte de una muestra limitada y “escogida a conveniencia”, de algunas juntas de educación, pero no hay una comparación directa de precios. En pocas palabras, en lugar de partir de una comparación directa de precios, el artículo infiere un sobreprecio a partir de lo pagado a los productores. El mundo al revés se llama esa figura.
En conclusión, el estudio que se está usando para atacar al CNP no demuestra que hay un sobreprecio del frijol en el PAI. Ese uso tergiversado de la información lleva a pensar en otro tipo de motivaciones para atacar al CNP. Un mercado de ₡100.000 millones parece despertar la codicia de algunos y adormecer el rigor de otros.