El desmembramiento de Jamal Khashoggi fue apenas la punta del Iceberg; en lo profundo, hay muchísimas más atrocidades.
Según Amnistía Internacional, Arabia Saudí ejecutó, al menos, 146 personas en 2017 y, al finalizar el año, había 46 con sentencia de muerte. Estos datos son apenas una pincelada superficial sobre la dimensión del problema.
Es menester profundizar en algunos casos para ilustrar las circunstancias de estas ejecuciones. Amnistía Internacional publicó recientemente una alerta sobre la inminente ejecución de 12 chiíes que fueron condenados en 2016 por “espiar para Irán”.
La alerta surgió porque trascendió que habían sido trasladados a manos de la Presidencia de la Seguridad del Estado, un órgano creado vía Decreto en junio del 2017, a través del cual se despojó al Ministerio del Interior de sus competencias de investigación y enjuiciamiento para entregárselas a este nuevo órgano, a manos del Rey.
Además, las familias se encuentran sumamente preocupadas por la escasa información que se les ha brindado; es común que a las familias no se les informe sobre la fecha de ejecución de sus seres queridos.
Otro caso importante es la sentencia en firme a seis jóvenes (Alí al Nimr, Daud al Marhun, Abdulá al Zaher, Mujtaba al Sueikat, Salmán Qureish y Abdulkarimal Hauaj) arrestados durante su participación en las protestas prodemocráticas de 2012.
Fueron condenados a muerte en 2014, cuando aún eran menores de edad, lo cual es una gravísima violación al artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña.
La ejecución puede concretarse en cualquier momento. Al respecto, la relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnès Callamard, y la presidenta del Comité sobre Derechos del Niño y Niña, Renate Winter, publicaron una nota el pasado 29 de octubre, en la cual urgen a las autoridades saudíes a deponer estas ejecuciones.
Tampoco podemos dejar de lado la ejecución de Tuti Tursilawati, quien fue decapitada el pasado lunes 29 de octubre del 2018.
Era de nacionalidad indonesia y se desempeñaba en Arabia Saudí como trabajadora doméstica. Fue condenada a muerte por matar a su empleador; sin embargo, se ha ventilado que fue en defensa propia ante un intento de violación.
Arabia Saudí ha ejecutado a muchas mujeres. Sin embargo, hay un caso actual que reviste una peculiaridad especial, pues sería la primera mujer ejecutada únicamente debido a razones políticas.
Es el de Israa alGhomgham, joven de 28 años que fue arrestada en 2015, y condenada a muerte por “publicaciones en redes sociales y su involucramiento en manifestaciones”; no obstante, en su expediente ni siquiera hay pruebas de haber realizado actos violentos.
Cualquier día podríamos despertar y enterarnos de que la decapitación de Israa se ha concretado.
Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con Arabia Saudí en diciembre de 2015, cuando se firmó un convenio entre sus representantes ante la ONU: el costarricense Juan Carlos Mendoza y el saudí Abdallah Y. Al-Mouallimi. En tiempos recientes, las relaciones se han intensificado.
El Gobierno recibió en Casa Amarilla, el pasado 22 de enero, a Majed Alkasbi, enviado personal del Príncipe Heredero y ministro de Comercio e Inversión del Reino de Arabia Saudita. Posteriormente, en marzo, el exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González, realizó una gira por Arabia Saudí para “fundar una relación bilateral con visión a mediano y largo plazo”.
Los saudíes mostraron su interés de abrir una embajada en nuestro país. Pues bueno, sabemos que el comercio y las inversiones pueden justificar todo.
A los amigotes saudíes podremos perdonarles estos lunarcitos, con tal de que vengan a invertir.
A nuestra canciller ni siquiera le pido coherencia, sino tan solo un poco de claridad: creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer los lineamientos éticos de la política exterior costarricense, a partir de los cuales podríamos entender nuestro silencio.
