En un estilo cultivado con esmero y que tan fácilmente se le ha dado, la Casa Presidencial anunció que Guiselle Amador, la Ministra de Salud, “renunciaba” a su cargo. Ciertamente por problemas de salud, pero no de ella sino del gobierno. Véase que declaran haber negociado con ella su “renuncia”, lo cual implica -no puede ocultarse- que se le destituyó. Pase. En los “tiempos” que corren -que este Gobierno expresa sin pudor- mentirle a la ciudadanía en sus asuntos, esto es, en los asuntos públicos, al mejor estilo Trump (post true), para algunos será poca cosa. Pero lo preocupante es que aparte de estas formas deleznables en el ejercicio del poder, ahí se muestra un cambio político en ciernes: la corrupción de la democracia, guardián del bien de todos.
Por mucho que pretenda ocultarlo el señor Alvarado, es notorio y evidente que no por casualidad la hoy exministra Amador es “renunciada”, tan solo unos días después de haber emitido, en estricto apego a las leyes y a sus deberes (responsable de la salud pública), una medida de sanidad: ordenó a los comercios cubrir los anuncios publicitarios de los dispensadores de cigarrillos, no con el fin de impedir la venta de un producto que ha sido diagnosticado internacionalmente como dañino para la salud de quienes lo consumen y sus alrededores, sino simplemente para aminorar en algo su consumo, al establecer límites a la publicidad engañosa de las empresas productoras, no inducir con falsa información a consumir un producto mortal para los individuos y oneroso para la sociedad. Eso fue todo. No hubo nombramientos sospechosos de nepotismo, ni fiestas privadas en oficinas públicas, ni falta alguna al deber de probidad alguno. Con solo pretender regular la publicidad de las empresas tabacaleras el Presidente la destituye y monta unas contradictorias declaraciones que en su confusión lo que deja meridianamente claro es su desvelo por negar lo que hizo debido, por un lado, a presiones inconfesables, y por otro, por falta de una ética mínima articulada al bien común –más que opacidad, falta de sinceridad-.
“Con la iglesia hemos topado, Sancho”. La ordenanza sanitaria, pese a su más elemental condición de asunto público, no fue una ordenanza más. Aunque no se lo propusiera –era una medida sanitaria-, con esta medida la Ministra topó con grandes intereses particulares. Las empresas privadas verían sus ganancias mermadas (jamás suprimidas). No obstante, ello fue suficiente para que el poder real se manifestara y el administración obedeciera con una docilidad pasmosa. La modernidad y sus relatos, que desde siempre se ha querido ligada a la democracia, habría indicado aquí -aunque demagógicamente- que el bien común estaba por encima del bien particular. Ahora esto ya no es necesario. Los intereses de ciertos particulares hacen valer su poderío sin tapujos, y por encima del bien de la totalidad, del bien común. La democracia deja de ser un valor en esta política que abiertamente acepta ser un simple instrumento de sujeción de las mayorías, a favor de intereses particulares minoritarios.
Hace unos años se presentó un caso similar en este país. Los laboratorios de la UCR detectaron un ingrediente venenoso dañino para la piel humana en los detergentes que fabricaban las empresas. En aquella ocasión el Ministerio prohibió la venta de esos detergentes nocivos para la salud. Y en aquella ocasión también los productores protestaron por las pérdidas que tendrían pues sus inventarios llenaban bodegas. La respuesta del Ministerio fue darles permiso de continuar vendiéndolos hasta agotar existencias, pero que no lo produjeran más. Es decir, para no provocarle la merma de sus ganancias, que terminaran de provocar el daño a quienes los compraran sin la información debido del peligro que corrían al usar esos detergentes. En esa ocasión al menos, por algún prurito de responsabilidad social que quedaba, de nuevo, aunque fuera demagógicamente, de alguna manera hicieron valer el bien común por encima del bien de los intereses de unos cuantos particulares.
Hoy el Estado costarricense, en un asunto eminentemente público, muestra su disposición a claudicar en sus obligaciones de manera suicida; invierte con ello la relación medios fines y pone grotescamente los intereses particulares muy por encima del bien común. Ya no es necesario batallar contra la demagogia o la ideologización del bien común. La acción gubernamental ha mostrado que el poder se ejerce no para todos sino para algunos, no solo en una asimétrica distribución en la asignación tributaria, sino también en los más elementales asuntos de Estado, es decir, renuncia a su condición de autoridad (poder) guiada por los intereses de la totalidad y retoma su condición primitiva como instrumento de dominación.
