Educación sexual más allá del aula

Los temas a los que un Estado de Derecho como el costarricense responde con la creación de políticas públicas, generalmente devienen de un mandato internacional para cumplir con los derechos de la población; especialmente de aquellos sectores vulnerabilizados por razones de género, grupo etario, clase social, entre otros.
Las políticas públicas deben ser entendidas como toda acción u omisión estatal en un tema en particular. Ante esto, a la hora de ser analizadas y evaluadas es preciso tomar en cuenta no solamente un documento o estrategia en particular, sino el amplio bagaje de respuesta estatal, mediante un esfuerzo que trascienda la revisión de datos cuantitativos.
Pongamos un ejemplo específico: el derecho a la educación sexual de las personas menores de edad. A partir de este particular, el Estado ha generado políticas no solo para garantizar este derecho, sino también para generar formas de prevención ante circunstancias que podrían poner en situaciones de vulnerabilidad a las personas.
Así, al hacer la siguiente afirmación “las clases de sexualidad fracasan en las aulas” es preciso preguntarse el porqué existe la educación sexual y cuáles podrían ser los factores que están complicando el acceso real de los menores de edad a este derecho.
Si se hace referencia a clases de sexualidad (las cuales son solamente una parte de la estrategia de política pública en derechos sexuales y reproductivos), es preciso ahondar más a fondo y comprender que el derecho a la educación sexual no es únicamente responsabilidad del MEP y no se desarrolla solo en el trabajo intra-aula.
Afirmar, adjudicar y relacionar el desconocimiento de la población joven en sexualidad y reproducción solamente a “las clases de sexualidad” es una aseveración realizada bajo fundamentos sesgados que devienen de la escases de fuentes de información consultada (en casos subjetiva) y de interpretaciones parcializadas.
A la hora de calificar y hasta evaluar prematuramente una estrategia de política pública (las clases de sexualidad) bajo la afirmación de ser “un fracaso”, es necesario disponer de datos que devengan de antecedentes históricos, bases conceptuales y referencias, tanto cualitativas como cuantitativas, que logren justificar verdaderamente ese “fracaso”. Además de examinar cuáles son aquellos actores sociales involucrados en el tema y sus niveles de influencia.
Se debe recordar que los programas de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral son relativamente nuevos y los datos del reportaje presentados por La Nación el 12 de febrero (titulado: Clases de sexualidad del MEP fracasan en las aulas) no logran justificar ese “fracaso”, más bien podrían leerse y difundirse como una oportunidad para reforzar dichos programas y evidenciar la necesidad latente de educar a toda la población en el tema de sexualidad.
Resulta preocupante que la realidad país en temas tan prioritarios como la sexualidad sea difundida con afirmaciones sesgadas y reduccionistas de los alcances paulatinos que el Estado ha ido tratando de generar en temas que han sido politizados y en los que la religión, el conservadurismo moral y la cultural patriarcal-machiplaciente atacan incesantemente, y que no permiten romper con las nociones que reprimen el libre derecho al ejercicio de la sexualidad.
Lo que sí debió haberse mencionado es la necesidad de actualizar la Política del MEP en sexualidad integral y la capacitación a profesionales involucrados (as). Enfatizando en la participación de personas menores de edad en la toma de decisiones con respecto a sus necesidades.
Interesa destacar que la infografía de ese reportaje basada en la II Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva evidencia la urgencia de fortalecer la educación sexual con un enfoque de derechos y de género que parta del reconocimiento de toda persona como un ser sexuado, con derechos innegables como vivir y disfrutar del cuerpo como fuente primordial constructora de personalidad y sexualidad.