En su mensaje a la comunidad educativa, la ministra Giselle Cruz Maduro, bajo una visión romántica, asegura que la educación combinada es la forma que no afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado en estos tiempos pandémicos con creciente incertidumbre. Sin embargo, la tal educación combinada está muy lejos de ser el escenario pedagógico revolucionario del siglo XXI, al menos si se plantea como posibilidad futura en tiempos mejores.
Más allá de esto, cualquier análisis pedagógico serio se dará cuenta de que esos planteamientos son sobradamente absurdos. Los centros educativos solo son vitales para ciertas funciones sistémicas, pero no para el desarrollo integral del ser humano, el cual conlleva aristas más profundas que el repetitivo parloteo memorístico o el encajonado carcelario al que se ve sometido. Por lo tanto, entre la retórica y el romanticismo, la ministra solo dice medias verdades para justificar sus actos irresponsables de seguir aferrada al idílico retorno en masa de los estudiantes en un momento que amerita previsión y mesura.
La presencialidad y la virtualidad, en estos momentos, están trasnochadas en los sueños de opio del MEP. Debido a la falta de controles en asistencia, el estudiantado piensa que su situación académica se resolverá como el año anterior, esperando la alcahuetería ministerial que es, a todas luces, la que mayor daño le está haciendo a las personas estudiantes.
Ahora bien, la desconexión por falta de acceso al Internet es un problema que puede solventarse con una mejor planificación dentro de la presencialidad, dando prioridad al grupo desfavorecido, mientras se mantiene la mayoría en virtualidad. También, los centros educativos han habilitado los laboratorios de cómputo para que el estudiantado pueda acceder a las guías e instrumentos de evaluación. Por lo tanto, lo que está detrás de la terquedad ministerial no puede ser otra que las presiones que reciben de ciertos grupos de poder y no de criterios pedagógicos o sanitarios.
Si bien el derecho a la educación es importante, este debe estar acompañado de la responsabilidad de todos los actores educativos, lo cual incluye al estudiante y al padre y madre de familia, porque la propia Constitución establece que, más que un derecho, es un deber. Esto implica que tanto el Estado como las familias deben velar porque las personas estudiantes asistan a clases sin importar la modalidad y que realicen las asignaciones sin dilaciones.
Por último, los niveles de contagios ya superan los del año anterior. Esta situación es preocupante porque el resto de América está en un ambiente igual o peor. Lo recomendable es dejar de exponer a la comunidad educativa a un riesgo innecesario. Los casos de estudiantes van en aumento, sea por contagio directo, sea por nexo, la exposición al virus es inevitable en los centros educativos debido al ritmo de crecimiento que lleva el país.
Las mismas familias tienen miedo y no envían a sus hijos e hijas, también la laxitud del MEP ha provocado una despreocupación del estudiantado y sus encargados sobre el proceso educativo. El tecnócrata de oficina, libre de virus, siempre hablará desde el burdo romanticismo sobre lo que es la educación, pero la realidad de las aulas se estrella contra la cara del educador. No se le pide coherencia ni sensatez al Ministerio, pues al olmo no se le piden peras. Lo que sí se le pide es mesura y reacción asertiva frente a los acontecimientos, ni más ni menos.
