Por casi una década la política económica del Banco Central se sostiene en la política monetaria y fiscal. El “esquema flexible de política” se basa en el control del tipo de cambio dólar/colón, la tasa de interés y la tasa de inflación. Al influir en los factores fundamentales de la economía real, repercute negativamente en el crecimiento económico nacional, tanto al nivel de la producción y (Figura 1) como de la inversión en capital k y trabajo n (Figura 2), con lo cual el nivel de empleo merma mientras la tasa de desempleo deviene prácticamente en un tema de emergencia nacional; profundización de la inequidad en la distribución del ingreso nacional. El país registra fuerte distorsión en los factores determinantes de la convergencia en la contribución de los recursos al crecimiento económico, a la vez que atiza la divergencia en la distribución del producto.
El “esquema flexible” contraviene sus deseos teoréticos debido a que lo “necesario” y lo “suficiente” no denotan correlación alguna. Está claro que el “esquema” no ha sido siempre “necesario”, y que su intensificación evidencia que ya ha sido más que “suficiente”, y que, por consiguiente, se requiere desde hace años un cambio de rumbo en las políticas y estrategias del ente rector. El Estado deviene en la principal fuente de distorsiones de las estructuras fundamentales de incentivos que la iniciativa privada puede generar y está en capacidad de gestionar y aprovechar al seguir los principales mecanismos del mercado y de la rivalidad, en el marco de la sana competencia que la jurisprudencia establece, para lograr “el crecimiento económico y el bienestar de la población”.
El Estado ha de promover la calidad técnica y creativa de la población en general, al fomentar una actitud empresarial y laboral en razón de sus intereses, habilidades, capacidades, destrezas y calidad de vida. Los individuos no son en absoluto racionales, por lo que una estructura de incentivos sin compromiso y orientación a un fin determinado no conllevan necesariamente al incremento de la productividad y la equidad. Un ejemplo es la acción política estatal en relación con las finanzas públicas, siempre deseable que sea sana y sostenible.
La paradoja enfrenta disyuntivas políticas con la realidad de la persona trabajadora; cuanto menor inflación mayor desempleo, pobreza e inequidad social, y mayor el costo que paga el país con los programas de política social. Durante (2010-2018) es evidente que en el país no existe un vínculo claro entre tasa baja de inflación i y crecimiento del empleo según el “esquema flexible” (Figura 3). Conforme al aumento en la composición de la formación de capital C y el empleo T tal que κ=CT debida esencialmente a la baja en la tasa de empleo (Figura 2), es notable la caída en el crecimiento relativo del producto (Figura 4).
La desaceleración de la economía es ya una tendencia que urge revertir con el soporte racional del gobierno y del Estado. La inversión pública es un mecanismo que puede ser útil a tal propósito si se sustenta en la mejora de los factores fundamentales de la economía, al elevar y potenciar las ventajas competitivas y comparativas y con ello el bienestar general. La formación bruta de capital fijo C se deteriora durante el periodo en cuestión a pesar de la tendencia oscilante de la reposición de inventarios privados.
El gasto del Gobierno en política social crece amparado al incremento del déficit fiscal, sin contrapartida alguna y profundizando la desigualdad, iniquidad e inequidad y la pobreza de las personas trabajadoras, y el detrimento de la inversión pública que además sufre de subejecución presupuestaria en infraestructura. Es una verdad de perogrullo que “el gasto corriente cuando nace, ‘no muere’, no así que el ‘gasto de capital sí muere cuando termina la obra”; en modo alguno debe “morir”, sería otro gasto corriente, como lo es hoy.
