La experiencia dictatorial que vivió Costa Rica a partir del 27 de enero de 1917 con el golpe militar ejecutado por Federico Tinoco, deja en evidencia una vez más que en nuestra historia nacional subyace una forma particular del ejercicio del poder político: una práxis al margen de la legalidad y del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho creado por el Poder Constituyente de 1824 fue preclaro en señalar las bases en la que descansan los fundamentos sobre la que se erigió la naciente organización política: división de poderes, alternancia en el ejercicio del poder, acceso a los cargos públicos por medio de elecciones periódicas, respetos a los derechos y garantías de los costarricenses, participación civil en el diseño de sus instituciones políticas, entre otros.
Este ejercicio democrático del poder político, instaurado a partir de la publicación del Decreto V del 23 de setiembre por el Congreso Constituyente de 1824, ha permanecido en Costa Rica como pilar fundamental hasta nuestros días. Con excepción de los breves períodos cuando hemos orbitado fuera del Estado del Derecho: en el siglo XIX con la Tiranía de Braulio Carrillo o en el siglo XX con la Dictadura de Federico Tinoco. Sin dejar de mencionar, claro está, que durante estos 198 años de vida independiente, gobiernos que accedieron de manera democrática a la conducción de los órganos del Estado, algunos adoptaron y ejecutaron decisiones con evidentes rasgos dictatoriales.
Sin lugar a dudas, la dictadura de los Tinoco se contrapone a la vía democrática (para algunos historiadores llamada “vía agustiniana”) ya anclada en nuestra historia nacional desde los inicios de vida independiente.
Cabe recordar el profundo malestar entre los ciudadanos de la época por la forma arbitraria de cómo los Tinocos manejaban los fondos públicos.
“Los empleados superiores e inferiores (…) tienen por fuerza que haber sabido cómo disponía a su antojo y sin escrúpulo alguno el Gobierno del Señor Tinoco de los fondos nacionales, especialmente en los últimos meses. Tuvieron que darse cuenta del malestar creciente del país contra el dicho régimen y no pudieron menos de ser testigos oculares de los sucesos ocurridos en esta Ciudad el 13 de junio de 1919. (…) Publicado los dichos empleados a no separarse de sus puestos ese día por el deber de custodiar los haberes que estaban confiados a su cuidado, tienen que haber visto desfilar una multitud de más de 5000 personas en dirección del edificio ocupado por la Imprenta Moderna y el periódico La Información, y haber sabido que aquella muchedumbre, formada por todas las clases sociales, con menosprecio del peligro, derribó las puertas del edificio, que estaban atrancadas, y una vez adentro lanzó por los balcones los muebles de oficina, destruyó las maquinarias de imprenta y linotipia y concluyó por dar fuego al edificio. El incendio se propagó a las casas vecinas y redujo a cenizas media manzana; y ese siniestro ha debido causar asombro a los empleados, por lo inusitado del hecho y porque estaba en pugna con la índole pacífica del país y hábitos de orden de sus moradores. Ha tenido también que alarmarlos grandemente, puesto que la manzana en que estaba la casa a que se dio fuego está inmediata a la manzana donde está el edificio”.
Hoy al acercarse el 200° aniversario de nuestra vida independiente, Costa Rica ha cimentado un sistema democrático con instituciones políticas bien arraigadas y estables, pero estemos alertas de que los futuros gobiernos que accedan por cauces democráticos, no adopten “ribetes” dictatoriales que nos hagan cuestionar nuestra tradición democrática.
