Opinión

Después del circo, la política

“Ninguna persona sola puede liberar un país. Solo se puede liberar un país si actúas como un colectivo”, Nelson Mandela.

Pasados los espantos religiones y los equipos de trabajo reciclados de los mejores años del neoliberalismo, es importante reconocer la disciplina que nos imponen las clases dirigentes de Costa Rica y pensar, aunque sea por pasatiempo, ¿qué democracia ha validado estas elecciones para nuestra vida cotidiana?

El punto más sensible de esta discusión es la reducción al ridículo de la “sacralidad” del voto periódico de cada cuatro años destinado a la mera elección de representantes. Esta ceremonia, llena de bucólicas alusiones, refleja un andamiaje de espectáculo rancio de marketing, el cual no resiste ser contrastado con la realidad cotidiana de sujetos individuales y colectivos que son pisoteados a diario por la institucionalidad gubernamental y desamparados a la voluntades económicas-financieras que priman sobre sus vidas.

Refrendar la institucionalidad no es lo mismo que participar; asistimos a procesos de sobreposición de la consulta no vinculante sobre la participación real. Mientras esta segunda exige a las autoridades un acatamiento a lo dispuesto, la primera exonera a las autoridades de su acatamiento y convierte la interacción de los sujetos en una mera colección de fotos y anexos que legitiman sus decisiones. Además, provoca un proceso paralelo de gestión ajeno a las personas que son impactadas por estas disposiciones e impone una determinada acción sobre las mismas.

Al igual que el resto del mundo, vivimos un proceso de restricción democrática, las crecientes disparidades socioeconómicas, culturales y políticas hacen entrever que el proyecto liderado por las elites y poderes fácticos no necesitan vinculaciones amplias, sino relaciones estrechas. Estas empujan a una mayor limitación y acotación de derechos, así como a una restricción de las dinámicas del espacio público. Además, estos derechos, en el mejor de los escenarios, son mercantilizados, lo que quiere decir que se garantizarán en proporción al poder adquisitivo de cada quien.

Vivimos tiempos y espacios de alta privatización y mercantilización de todo tipo de manifestaciones y experiencias humanas. Esto ha dado al traste con la incompatibilidad de aquellas nociones liberales del espacio público y la representación política como elementos que propiciaban una igualdad de oportunidades; más bien, se llega al extremo de concebir estas como obstáculos para la expansión de nuevas dimensiones económico-financieras dominantes y explotadoras.

La consolidación de una democracia de papeleta y periódica forma una actitud de despolitización de los procesos de gestión de lo público y desvirtúa los deberes y derechos que como ciudadanos estamos en la opción y necesidad de participar e incidir en la colectividad que vivimos y sentimos. La supuesta delegación de poder es una falsedad que no lograr resistir las tensiones y desafíos que se desprenden de nuestras prácticas cotidianas, los cuales nos interpelan por mejores condiciones y espacios que sean asertivos a nuestras necesidades, pero también inclusivos a nuestros deseos y esperanzas de transformación.

Un paso necesario que se presenta luego del “derroche” democrático que vivimos, y que como ciudadanía debemos asumir, es replantearnos aquellas relaciones institucionales, políticas, económicas, culturales y de otras dimensiones que estén coartando o cooptando nuestra participación e incidencia en las agendas. Por esta razón, dudar de la legitimidad de una institución o política no representa la supuesta amenaza apocalíptica, sino el ejercicio consciente de la ciudadanía en la búsqueda de otras relaciones que permitan visibilizar su condición de imposición y abrir la grieta para incidir en la transformación de sus disposiciones-condiciones para que responda a la búsqueda de mayor libertad y calidad de vida de las personas, no al interés de lucro o opacidad de acciones de unos cuantos.

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