Desde el Consejo Universitario: un recuento de hechos…

En respuesta al artículo de opinión del Dr. Fernando García Santamaría, publicado en el Semanario Universidad, bajo el titular El Consejo Universitario: más barreras a la investigación.

La Universidad de Costa Rica (UCR) es una institución pública de educación superior cuyas actividades sustantivas son la docencia, la investigación y la acción social.  Recibe para garantizar su funcionamiento fondos del FEES, los que se usan para beneficiar a sectores vulnerables de la población y favorecer la democratización del acceso a la educación superior.  Actualmente, nuestro país se encuentra enfrentando una crisis fiscal, y por ello responsablemente, la UCR se comprometió a cumplir con un proyecto de presupuesto, minuciosamente analizado y austero en el gasto operativo, maximizando la asignación de los recursos disponibles y buscando impactar lo menos posible sus actividades sustantivas.  

El Consejo Universitario es el organismo inmediato en jerarquía a la Asamblea Universitaria y todas sus decisiones se toman de forma colegiada. Entre las diversas funciones que tiene asignadas de acuerdo al Estatuto Orgánico (artículo 30), se encuentran: Definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión de la Universidad de Costa Rica (inciso a) y Establecer las políticas de asignación de fondos para efectos presupuestarios y aprobar el presupuesto anual de la Universidad de Costa Rica (inciso e).

Adicionalmente, en razón de que las personas representantes de las áreas académicas son nombradas por la Asamblea Plebiscitaria, nuestra labor responde a los intereses de la comunidad universitaria y nacional.  De esta manera, sistemáticamente y siguiendo una política de transparencia y rendición de cuentas, hemos venido examinando todo proyecto o presupuesto que, elevado por la Administración ante el Órgano Colegiado, resulte poco claro, confuso, vago, conducente al error, con datos insuficientes o comprometedor para nuestra Institución. En esa línea, hemos canalizado hacia la Oficina de Contraloría Universitaria denuncias originadas desde la comunidad universitaria (que resultan pertinentes); igualmente, instituido comisiones especiales para analizar casos específicos, pues el uso de los fondos públicos no puede ser antojadizo ni estar sujeto a improvisaciones.

Ante lo anterior, resulta interesante el análisis del artículo de opinión del Dr. Fernando García Santamaría, publicado en el Semanario Universidad, bajo un llamativo titular El Consejo Universitario: más barreras a la investigación.  Al leerlo, resalta el hecho de que trata de responsabilizar de una decisión colegiada unánime a, solamente, tres personas.  En segundo lugar, omite decir que parte de los cuestionamientos realizados al Presupuesto Extraordinario N.° 1-2019, inician cuando se consulta sobre dos líneas del Programa de Dirección Superior, denominadas: Lineas especiales de interés estratégico universitario y acciones de interés de las universidades, ambas por un monto aproximado de 722 millones de colones.

Al momento de presentarnos la información, se incluyó un cuadro de tres partidas, relacionadas todas con compra de equipo científico, por un monto de poco más de 1530 millones de colones.  En el cuadro donde se encontraban los diferentes equipos, surgió la duda de por qué el director del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica estaba solicitando, aparentemente, equipo médico, entre ellos un “Sistema de anestesia para plataforma de imagenología”. Se recaba información, como corresponde a un ente colegiado, y se consulta sobre los proyectos de investigación, la naturaleza de los equipos y su ubicación. De esta indagación transcendió que el equipo de anestesia es de uso específico para ratones de experimentación. El punto que nos hizo tomar la decisión de no incluir el grupo de equipos  solicitados por el citado Posgrado fue la nota PPIE-25-2019 (1° de abril de 2019), la cual señala, claramente, que el equipamiento estaría ubicado en un laboratorio de Ingeniería e indica: “Dicho laboratorio se encuentra en el tercer piso de la Escuela de Ingeniería Eléctrica“. Se contrasta esta nota con la información pública de la Oficina de Suministros,  Contratación Directa No. 2019CD-00005-UADQ, que dice que el equipo de anestesia antes mencionado, y según la solicitud expresa de su gestor, debe ser instalado y entregado en el Laboratorio 206 de la Facultad de Microbiología. La solicitud a la Rectoría se remonta al 13 de setiembre de 2018 (PPIE-180-2018) sin ser refrendado, según nuestro expediente, por alguno de los entes que conforman el supuesto “consorcio de investigación”.

Desafortunadamente, este sano ejercicio de responsabilidad por parte de este Órgano Colegiado es citado parcialmente y calificado por el Sr. García como una torpe e inaceptable intromisión del Consejo Universitario en la gestión de la investigación. Flaco favor haría esta instancia si, en el contexto actual, se tomara con ligereza la inversión de los fondos públicos que realiza la Universidad de Costa Rica.

Por esta razón, cabe preguntarse cuáles son los criterios y el protocolo utilizados por la Rectoría para asignar el presupuesto para equipamiento y así garantizar que se cumplan principios de equidad y justicia; por ello es hora de responder ¿cuáles son los criterios para la asignación de equipos científicos y tecnológicos en la UCR?    

 


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