Eliminación de la educación para la sexualidad y la afectividad
El 16 de enero de 2025, el Consejo Superior de Educación, por recomendación de la ministra de Educación Pública, eliminó los Programas de Afectividad y Sexualidad Integral vigentes desde 2012. Esto priva a estudiantes de secundaria de información clave sobre salud sexual, reproductiva y prevención de la violencia sexual. Su reemplazo por «Educación para la Paz y la Convivencia», aún sin detalles divulgados, deja un vacío en la protección de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes, afectando gravemente a las mujeres, principales víctimas de delitos sexuales, y a las personas LGBTIQ+, expuestas a discriminación y violencia estructural.
Esto contraviene los estándares internacionales que establecen que la educación sexual integral previene embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual y violencia de género, como lo indican las recientes recomendaciones del Comité CEDAW a Costa Rica. Su eliminación vulnera el derecho entre otros a la protección especial de la niñez y adolescencia.
La invisibilización de la discriminación
Otra de las decisiones que debilitan la protección de la niñez y adolescencia LGBTIQ+ es la eliminación del 17 de mayo como Día contra la Homolesbobitransfobia en los centros educativos. El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó esta medida argumentando que busca erradicar la «segregación» mediante la creación de un «Día contra todo tipo de discriminación». Sin embargo, asumir que todas las formas de discriminación pueden abordarse de la misma manera es un error fundamental. Las personas menores de edad LGBTIQ+ enfrentan una violencia y exclusión específicas y sistemáticas, precisamente debido a su orientación sexual o identidad de género, ya sea real o percibida. Tratar de igual manera a quienes enfrentan desigualdades estructurales no solo es contradictorio, sino que refuerza la discriminación en lugar de erradicarla.
También se anunció la eliminación del protocolo de actuación contra el bullying hacia estudiantes LGBTIQ+, lo que expone aún más a una población que ya enfrenta altos índices de violencia escolar. La supresión de este mecanismo deja sin herramientas a las personas docentes y orientadoras así como a otro personal de centros educativos y en diversos niveles de toma de decisión, para intervenir ante situaciones de acoso y constituye un mensaje de desprotección y desinterés por la integridad y seguridad de una población que requiere protección jurídica estatal especial.
El debilitamiento progresivo del marco normativo contra la discriminación
La derogación del Decreto Presidencial N.° 38999, que desde 2015 establecía políticas de inclusión en las instituciones públicas, es un grave retroceso. Este decreto obligaba al Poder Ejecutivo a prevenir la discriminación y garantizar los derechos de la población LGBTIQ+ en el ámbito laboral y en los servicios públicos. Su eliminación deja a las instituciones sin directrices claras para proteger a las personas trabajadoras y usuarias, dificultando la identificación y abordaje de la discriminación. Además, impide la recolección de datos clave para decisiones estatales basadas en evidencia, generando un preocupante vacío normativo. Aun así, se ha de recordar que el Estado sigue obligado a prevenir y atender la discriminación en todas sus formas.
Se suma, además, la eliminación de la figura de la Persona Comisionada de Inclusión Social, que de todos modos reemplazó a la figura de la Persona Comisionada LGBTIQ+, previamente eliminada.
Un retroceso que no podemos permitir
Estas medidas no solo han debilitado la capacidad de respuesta del Estado, sino que han profundizado la invisibilización de los grupos en situación de vulnerabilidad, aumentando la exclusión y la violencia hacia estas poblaciones.
La educación debe ser un espacio seguro para la formación en igualdad y respeto a la diversidad, no un escenario para la censura ni la imposición de visiones conservadoras que excluyen y discriminan. Quienes tienen el deber de garantizar este principio no pueden eludir su responsabilidad. Los derechos humanos no son negociables ni pueden estar sujetos a decisiones arbitrarias. Defender a Costa Rica como un Estado social, democrático y de derecho es esencial, ya que solo mediante este marco se asegura que las decisiones se ajusten a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, evitando así el ejercicio discrecional del poder.
Defender el derecho humano a la educación y reconocer que todas las personas somos iguales en dignidad y respeto, aunque no siempre en el acceso a sus derechos, es la única manera de evitar que Costa Rica abandone a su niñez y juventudes.
