Derecho de respuesta: Tribunal Eclesiástico

Con motivo de las afirmaciones realizadas por el periodista Luis Fernando Cascante en el Semanario Universidad en fecha 2 de abril de 2019

Con motivo de las afirmaciones realizadas por el periodista Luis Fernando Cascante en el Semanario Universidad en fecha 2 de abril de 2019, haciendo uso de mi derecho de respuesta deseo aclarar lo siguiente.

Se manifiesta en la información brindada un profundo desconocimiento de la distinción entre fueros, es decir ámbitos religioso y civil, así como de la finalidad, procedimientos y desarrollo de los procesos canónicos (eclesiásticos) y el objetivo con que una acción canónica (en este caso de orden penal) se establece en la Iglesia.

Deseo aclarar enfáticamente que en ningún caso ha dejado de cumplir esta instancia eclesiástica sus obligaciones en la búsqueda de la verdad y responder con justicia a las denuncias interpuestas, muy especialmente por los denunciantes citados en el artículo del 2 de abril, al punto que nunca se dejó de escuchar ni de tomar en consideración los aportes por ellos brindados.

Con respecto a los procedimientos de manejo de documentos en el proceso, las actuaciones del Tribunal Eclesiástico han estado apegadas al Derecho Canónico, que no es que esté “por encima del bien y el mal” como de modo poco respetuoso se refiere a nosotros como institución en el inicio del artículo el periodista, sino que responde a modos y fines distintos a los procedimientos judiciales civiles.

Desde el momento en que una persona opta por denunciar en el ámbito canónico es consciente que busca que la Iglesia le dé una respuesta a su queja o denuncia, cosa que, ni en el caso de sacerdote Mauricio Víquez Lizano, expulsado del estado clerical como resultado del proceso incoado por quienes fueron víctimas de sus actuaciones totalmente opuestas a lo que de él debieron recibir como sacerdote, ni en el caso del sacerdote Manuel Guevara Fonseca, han dejado de obtener dentro de las posibilidades de lo que la Iglesia puede hacer, a saber imponer penas de índole disciplinar y espiritual.

No tiene la Iglesia poder coercitivo ni medios para castigar de otro modo a quien ha cometido un delito de esta índole tan reprochable y, por el contrario, a lo que en este medio se ha afirmado. Desde el Tribunal Eclesiástico se les ha recordado su posibilidad de hacerlo ante las autoridades judiciales cuando la Ley del Estado lo permite.

El entregar o no copias de las denuncias a quienes las interponen, a diferencia de los procesos de orden civil, es prerrogativa del ordenamiento canónico, no para esconder ni encubrir nada como algún ofendido puede haber interpretado erróneamente, sino para salvaguardar incluso la buena fama de los denunciantes, como ha quedado en evidencia con la exposición que de varios de sus casos se ha realizado en diversos medios de comunicación, con el agravante de que varias de las declaraciones contienen nombres de terceras personas que no deseaban que sus situaciones particulares quedaran expuestas a la luz pública. Esta prerrogativa ha sido ampliamente reconocida por nuestra jurisprudencia constitucional, que recuerda la competencia espiritual de los tribunales de la Iglesia, por lo que los fieles cuando acuden a los procedimientos canónicos se sujetan a las reglas de este proceso, para ello se puede confrontar la Sentencia nº 03640 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 28 de Julio de 1993, que ante una situación semejante (no entrega de copias de los documentos del proceso a una de las partes involucradas en un proceso canónico, determina en su considerando y respuesta lo siguiente:

«  Como el recurso se dirige contra el Tribunal Eclesiástico, el cual actúa en virtud de competencias propias y exclusivas de una jurisdicción establecida en un ordenamiento jurídico universal y exclusivo de los fieles católicos, en razón de tales, y para el conocimiento de materias vinculadas a cosas espirituales y anejas, y a la violación de leyes eclesiásticas y todo aquello que contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la culpa y la imposición de penas eclesiásticas, la materia del reclamo no es competencia de esta S., sino que la recurrente deberá ocurrir a los remedios que el mismo ordenamiento canónico prevee para solucionar eventuales conflictos de esa naturaleza.

  Lo anterior, en respeto del mismo derecho fundamental a la libertad religiosa, el cual implica no solo la libertad de los ciudadanos para profesar la religión que libremente deseen, y la prohibición de imponerles la práctica de una que libremente no hayan escogido, sino también el reconocimiento de la independencia de las organizaciones religiosas y de sus propios ordenamientos jurídicos, de naturaleza espiritual, y en orden a fines exclusivamente espirituales, los cuales de acuerdo con el principio de libertad están fuera de la acción de la ley y, en consecuencia, de la acción de los Tribunales de Justicia, en este caso del Constitucional, siempre que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero.

  Y en este caso, es obvio que tanto lo actuado por el recurrido, como las eventuales consecuencias de las conductas de la recurrente, tienen efectos únicamente de índole espiritual y relativas a su fuero interno, en los cuales el Estado no podría involucrarse sin menoscabo de la libertad de los ciudadanos.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso». (Cfr. Sentencia nº 03640 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 28 de Julio de 1993)

Como podemos entender la actuación del Tribunal Eclesiástico se da en el orden a imponer penas a quien delinque, pero estas en el ámbito espiritual, y no se opone, antes bien, recuerda a los ofendidos que pueden hacer uso de su derecho a llevar sus reclamos al ámbito penal civil, donde la respuesta será efectiva en el orden secular como corresponda.

Aclaro, por último, que el Tribunal Eclesiástico continuará cumpliendo con la misión que los señores obispos le han encomendado de responder a todas las denuncias que con respecto a los delitos de abuso de personas menores o de adultos en situación vulnerable le sean confiadas, llevando las mismas a las instancias correspondientes y cumpliendo con todos los procesos que las autoridades competentes le encomienden a este realizar para ayudar a que se responda con justicia a tales hechos y cese el mal. Y en lo que a la Iglesia compete, conducir  a las víctimas hacia las instancias que les permitan recibir el apoyo espiritual, humano y psicológico que les ayuden a superar tan deplorables hechos, buscando del mismo modo que los mismos no se repitan más al interno de la comunidad eclesial.

 


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