Sobre lo expresado en el artículo de opinión “Las verdaderas tareas ambientales de la UCR”, publicado en el Semanario UNIVERSIDAD el 7 de agosto del 2018, el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR) hace varias aclaraciones.
El problema de la tramitación de los planes reguladores a nivel nacional ha afectado a municipalidades y consultores, que, en años recientes, han intentado poner en vigencia este tipo de normas, incluyendo a ProDUS-UCR.
Primero, la resolución 8892-2012 de la Sala Constitucional estableció la obligatoriedad de que los planes reguladores reflejaran los mapas hidrogeológicos y las matrices de uso de suelo según la vulnerabilidad de los mantos acuíferos a la contaminación. Esto fue interpretado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) como un deber para las municipalidades de realizar estudios hidrogeológicos aprobados por esta institución para contar un plan regulador.
Adicionalmente, desde 2013 hasta el 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) no aprobó ningún estudio de incorporación de la variable ambiental en planes reguladores, tanto porque se interpretó que sin el estudio hidrogeológico aprobado por Senara no podía iniciarse el trámite, como por una aplicación literal del Decreto Ejecutivo 32967, Manual de EIA Parte III, lo cual ocasionaba problemas técnicos en la aplicación de la norma.
Ante los problemas en la tramitación de planes reguladores, el Gobierno de la República en el año 2015 emitió el Decreto Ejecutivo 39150, Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de Planes Reguladores, el cual generaba herramientas que permitían que por un plazo de cinco años las normas de ordenamiento territorial local pudieran entrar en vigencia mientras las instituciones nacionales generaban los insumos necesarios para que dichas normas estuvieran completas. Pese a que esta norma fue impugnada en la Sala Constitucional, debido a que el Decreto se basaba en disposiciones previas de varias instituciones, incluyendo a Senara y Setena, recientemente se ha podido avanzar en el trámite de los planes reguladores.
En el caso concreto de ProDUS-UCR, pese a que ciertamente se ha dado un proceso de años para avanzar en la implementación de planes reguladores, el atraso se debió principalmente a las situaciones antes señaladas, aunque también influyeron otros aspectos políticos y presupuestarios propios de las municipalidades, así como la situación contractual o convencional entre los gobiernos locales y la Universidad de Costa Rica.
ProDUS-UCR siempre ha sido transparente con las municipalidades con las que trabaja sobre la situación de aprobación de planes reguladores, y cada cambio en la normativa o en las posiciones de las instituciones involucradas en este proceso ha sido informado a los gobiernos locales. Incluso, se han brindado recomendaciones a las municipalidades sobre las gestiones que podrían realizar para incidir en la materia de ordenamiento territorial a nivel nacional.
Sobre el dinero que las municipalidades han pagado a ProDUS-UCR, este siempre ha correspondido a los productos entregados por este Programa, según lo convenido con los gobiernos locales. Únicamente se han cobrado montos adicionales a los originalmente pactados cuando se han requerido productos que no estaban contemplados inicialmente.
ProDUS-UCR siempre ha realizado actividades y seguimiento a los procesos, muchas veces sin que medie pago alguno.
El compromiso de ProDUS-UCR es acompañar a las municipalidades con las que trabaja para implementar en el menor tiempo posible los planes reguladores que elabora. Sin embargo, este proceso no depende solo de este Programa, pues existe un complejo contexto institucional y normativo que complica este objetivo. Lo anterior, pese a representar un obstáculo, no ha impedido que ProDUS-UCR cumpla con sus responsabilidades con los gobiernos locales, los cuales también dan testimonio del trabajo realizado.
