En la pasada campaña electoral por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, una de las tendencias publicó a través de un correo electrónico no institucional un documento relacionado con un proceso disciplinario al cual fui sometido en el 2019. El documento R-345-2019 fue copiado a la Rectoría, al Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), a la Dirección de la Sede Guanacaste y a la Oficina de Recursos Humanos de nuestra universidad y de alguna de esas dependencias se extrajo y se hizo público en el correo mencionado. Sobre esto deseo hacer las siguientes precisiones:
- El procedimiento disciplinario al cual fui sometido en el 2019 se basó en el cargo de supuesto incumplimiento de funciones mientras fui director de la Sede de Guanacaste, de ninguna manera tuvo relación alguna con ningún tipo de hostigamiento sexual. Con base en pruebas y testimonios —como exige el debido proceso— mi defensa demostró que la acusación era carente de fundamento fáctico y más bien se generó a partir de un circo mediático en el cual participó este rotativo. La política sucia —que desafortunadamente— se da en nuestra universidad emplea este tipo de estrategias para perjudicar la imagen y el honor de las personas. Ese ha sido mi caso.
- Quien me conoce sabe que soy una persona de trabajo, que habla de frente, no me oculto detrás de anónimos, ni de direcciones electrónicas “desconocidas”, tampoco pretendo fungir como el “censor moral” de nadie. No acostumbro a utilizar “dobles discursos” para aparentar nada.
- Considero que personas que hemos sido exonerados de toda responsabilidad en algún proceso disciplinario, desdichadamente seguimos cargando con la “sanción moral” que deriva de aquella experiencia. Esta situación no solo nos revictimiza y estigmatiza, sino que también causa un daño permanente. Además, contradice el principio jurídico de “cosa juzgada”.
- Para dar fe pública de lo acaecido en el 2019 transcribo literalmente el por tanto de la Comisión Instructora en la causa seguida en mi contra —me reservo el # de oficio por eventuales efectos legales—:
“Una vez lleva a cabo el análisis del electo probatorio evacuado y no evacuado, y, de la correcta interpretación de la normativa reglamentaria y legal ateniente, con especial énfasis en los alegatos finales de la parte denunciada, se concluye que NO se logró acreditar la comisión de los hechos reprochados y las faltas que se denuncian como tipificadas en el REGLAMENTO de RÉGIMEN DISCIPLINARIO de PERSONAL DOCENTE”. En virtud de lo anterior, los miembros de esta Comisión Instructora recomiendan la exoneración de los cargos y el archivo del expediente, no solamente por la existencia de una duda razonable, sino que, asimismo, por la labor proactiva que en su defensa ha realizado la parte denunciada.
- El uso de titulares sensacionalistas de prensa sobre casos legales —que por su dinámica— no son conocidos por el fondo por la comunidad universitaria es inmoral y más aún cuando se emplean para traer apatía hacia una tendencia política, tal y como sucedió en la pasada campaña electoral por la Rectoría. Esa práctica no debería tener lugar en nuestra sociedad, y mucho menos en nuestra universidad.
Con todo y lo anterior, deseo expresar que rechazo todo tipo de violencia política, hostigamiento y exclusión que se practique en nuestra universidad o en cualquier parte de nuestro país. Estoy convencido de que en nuestra comunidad universitaria prevalece la sensatez, el respeto y el entendimiento entre las personas y grupos que la componen. Por ello, considero que el tipo de acciones —como la que denuncio— no tienen espacio en el ámbito universitario y pueden ser origen de futuros procesos legales.
