Democracia desacreditada

El Barómetro de las Américas revela que solo el 46,31% de los costarricenses confía en la Asamblea Legislativa. El peor año fue el 2012

El Barómetro de las Américas revela que solo el 46,31% de los costarricenses confía en la Asamblea Legislativa. El peor año fue el 2012, con un 37,9%, y el mejor el 2004, con un 53,5%. Con altibajos, la tendencia en la credibilidad cae en picada.

En nuestra cultura de “igualiticos”, la crítica y chota hacia la Asamblea hacen parte de la folclórica tradición. Recordemos el famoso pasaje en la obra Tarantela de don Beto Cañas, en donde un personaje dice de otro: “más parece un diputado que una persona decente”. Pero lo cierto es que resulta muy serio que menos de la mitad de la población confíe en una institución clave para la democracia. No es poca cosa una imagen gravemente deteriorada, terreno fértil para iniciativas demagógicas, con tintes autoritarios contra la institucionalidad en general. Entre una fuerte convicción de que la Asamblea Legislativa no sirve para nada y la propuesta de acabar con ella, no hay más que un paso.

La Asamblea Legislativa ha pasado de un esquema bipartidista a un agregado pluripartidista donde ninguna fuerza es mayoría y donde es obligado un esfuerzo inédito para alcanzar acuerdos. La herencia de un reglamento donde un solo diputado puede boicotear cualquier iniciativa y de una mentalidad de defender intereses sectoriales o personales por encima de los generales termina por armar un parlamento entrabado y desacreditado.

Hoy me refiero a un tópico que ha contribuido a ese deterioro parlamentario: los nombramientos a cargo de la Asamblea Legislativa y de miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política faculta a la Asamblea la facultad para nombrar magistrados (as) titulares de manera directa y designar los suplentes de nóminas propuestas por la Corte. En estos momentos, los diputados tienen pendiente la designación de cuatro propietarios. En ocasiones la tardanza para nombrar ha sido de más de dos años, cuando el mandato constitucional obliga a definirlo dentro de los 30 días naturales a la comunicación del Poder Judicial. Esos cuatro pendientes llevan ya meses y años. Lo peor de la mora legislativa no es solo el abierto incumplimiento de deberes, sino sus nefastas consecuencias.

Un magistrado propietario no es lo mismo que un suplente. La libertad de actuación de quienes están provisionalmente ocupando el puesto se ve menoscabada en razón de que su futuro como suplente depende de la propuesta de los titulares, cuestión que también puede reflejarse en los criterios jurídicos, pues el suplente no puede darse el lujo de convertirse en un juez crítico o “incómodo” para la mayoría de sus compañeros. Esta circunstancia puede llevar a un “acomodamiento” pernicioso para la independencia judicial.

Las designaciones están entrabadas principalmente en razón de que sobreviven prácticas propias del bipartidismo, de repartirse “uno para vos y otro para mí”, pero anacrónicas para los nuevos tiempos, en donde “ni vos ni yo contamos con suficientes votos”, y en el acuerdo tienen que confluir tres o cuatro fuerzas.

Peor aun cuando un nombramiento se convierte en moneda de cambio y se le da a una fracción “muy” minoritaria la posibilidad de escogencia a cambio de que sus cuatro votos sirvan para sacar otros proyectos. Por su parte, el ungido en estas circunstancias puede llevar a cabo su “encomienda” y el tiempo se encarga de evidenciarlo. La justicia está dejándose en manos de grupúsculos, con frecuencia radicalmente conservadores, que terminan minando la calidad e independencia del Poder Judicial.

Hace rato que las peores prácticas de concentrar el poder y repartirse los puestos entre amigos han empezado a asomar sus orejas. Se ha mandado el mensaje de que para ser reelecto se requiere una afinidad ideológica con el modelo económico-social de moda. Hemos visto cómo legisladoras en ejercicio han saltado a la Defensoría de los Habitantes. Más recientemente hemos visto cómo miembros del Ejecutivo aprovechan su posición para traspasar sanas fronteras en la división de poderes.  Y como en las peores tradiciones de las repúblicas bananeras, ahorita vamos a ver diputados convirtiéndose en magistrados. Esto no está muy lejos de suceder. Un exdiputado quiso ser integrante titular del Consejo Superior del Poder Judicial, ya contaba con “muy buen ambiente”, si no fuera porque hubo un cuestionamiento público sobre su persona.

En algunos procesos de elección se ha llegado a calificar la entrevista de los postulantes con mejores atestados con un “cero” para sacarlos de la competencia y dar a los amigos ventaja. Tal parece que la excelencia, más que una ventaja, es una amenaza, y termina designándose al candidato más “inofensivo”. Ya es patente una de las peores secuelas de este fenómeno: los mejores cuadros profesionales, los que tienen conciencia de lo que valen, optan por no someterse a un procedimiento donde sus fortalezas son subestimadas.

Por razones que la historia terminará de esclarecer, los suplentes de la Sala Tercera (Penal) tardaron cerca de dos años en designarse. Por fin, de seis puestos, se definieron cinco. No se explicó nunca por qué el sexto se dejó por fuera. Pero a esa plaza de suplente aspiraba una excelente jueza que poco antes había condenado, por varios delitos, a miembros de un partido representado en la Asamblea Legislativa y en su Comisión de Nombramientos. El mensaje es claro: jueces del país, cuidado con meterse con nosotros.

En fin, cada vez hay más indicios de un lobby informal de agentes internos del Poder Judicial con algunos diputados, lo cual se hace ya abiertamente: amiguismo, adherencia partidaria e ideológica, concentración de poder, desaparición de pesos y contrapesos y, en consecuencia, descrédito y desconfianza en la población, que no es tonta y se da cuenta.


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