Defendamos y protejamos las universidades públicas

El Informe sobre la administración del FEES (expediente 21052) que presentó la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa refleja claramente las tendencias privatizadoras y neoliberales de la educación superior que desde hace más de dos décadas se han implementado en América Latina. Es evidente la intención de exonerar al Estado costarricense de la responsabilidad constitucional [...]

El Informe sobre la administración del FEES (expediente 21052) que presentó la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa refleja claramente las tendencias privatizadoras y neoliberales de la educación superior que desde hace más de dos décadas se han implementado en América Latina. Es evidente la intención de exonerar al Estado costarricense de la responsabilidad constitucional que tiene con una universidad comprometida con el logro del bien común y capaz de garantizar el derecho humano a la educación.

Esta Comisión pretende llevar las universidades públicas a una lógica empresarial regida por criterios de rentabilidad económica. Ello se observa en la propuesta de cerrar carreras pertenecientes al campo de las humanidades (a las cuales consideran obsoletas), como ya ha sucedido en varios países de la región latinoamericana; así como restringir y suprimir becas, contribuyendo con la disminución el impacto social y académico de las universidades públicas.

También, alimenta la semilla de la división entre las universidades del CONARE, pues las pone a competir entre ellas para modificar la distribución actual del FEES. Esta estrategia debe ser atendida cuidadosamente por las autoridades de cada universidad, quienes más bien deben proponer acciones conjuntas y articuladas que beneficien a regiones y poblaciones vulnerables, y favorezcan la formación integral de las y los jóvenes de nuestro país.

Reconozco como pertinentes los aportes de la Comisión sobre el limitado apoyo a la regionalización en los últimos años y la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos institucionales. Es innegable que ha predominado un centralismo que afecta el cumplimiento de la misión y vocación nacionales de las universidades públicas. A pesar de lo anterior, no comparto las violaciones a la autonomía al pretender dictarles a las universidades públicas cuál debe ser su oferta académica e incluso intervenir en su organización; hasta el punto de llegar a proponer la incorporación de tres ministerios al CONARE: Hacienda, Educación y Planificación.

Por lo grave del contenido de este Informe, les propongo respetuosamente a los rectores y consejos universitarios e institucional pronunciarse de inmediato en defensa de la universidad pública. Les recomiendo hacerlo en unidad, en un bloque compacto y que a lo interno de sus universidades también trabajen por esa unidad. Las universidades públicas son un logro del Estado social de derecho, un tesoro que debemos proteger y resguardar antes de que los vientos neoliberales arrasen con ellas y propicien aún más la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Quienes habitamos este país tenemos derecho a una vida digna y a una educación que garantice nuestro bienestar.

Ante estas amenazas, la rectoría, las autoridades y la comunidad universitaria estamos en el deber de defender a las universidades públicas, porque hoy más que nunca somos esperanza nacional.

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