Los tiempos difíciles ameritan decisiones valientes. El país se encuentra en una coyuntura compleja en el tema de empleo público. En nuestro caso, el principal problema es el costo del Estado; ya que al existir mecanismos automáticos que incrementen las remuneraciones, más allá del salario base, sin control alguno de las autoridades, se afecta de una manera relevante el tamaño del déficit fiscal.
Históricamente la participación relativa de las remuneraciones dentro del gasto del Sector Público ha ido incrementando. En el 2007 representó un 22.2% del gasto total, y en el 2013 tal gasto se elevó a un 26%, y en el 2016 representó un 30.6% del mismo, de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda.
En nuestro país, para realizar los cálculos salariales, operan distintos mecanismos por parte de las diferentes administraciones públicas, por lo que un funcionario en el mismo puesto y con las mismas calificaciones ganaría distinto, de acuerdo con la Administración que lo contrate. Sucede de la misma manera cuando en un mismo puesto pueden tener una remuneración diferente dentro de la misma institución, como consecuencia del pago de anualidades a los funcionarios. La existencia de los pluses y las anualidades ha generado una serie de inequidades en las instituciones públicas, por lo que es importante poner el tema de empleo público una vez más en la mesa y hacer propuestas, con la intención de que se tomen decisiones, en aras de construir una Costa Rica más justa y eficiente.
Nuestra Constitución Política, en el artículo 57, señala que el salario será igual para el mismo trabajo, en idénticas condiciones de eficiencia. No condiciona el salario a condiciones de antigüedad sino de eficiencia, por lo que debemos reflexionar sobre la constitucionalidad de las distinciones salariales de los servidores públicos que utilizan el elemento de antigüedad como punto determinante. En relación con la desigualdad salarial en el sector público, a pesar del panorama han existido instituciones que han visto las bondades de un sistema de salario único, el cual podría establecerse como obligatorio para toda la Administración Pública, en aras de tutelar principios de igualdad y adecuado uso de los recursos públicos.
Entre las instituciones que han promovido el establecimiento del salario global de manera exitosa, contrario al desequilibrio que reflejan las instituciones en la administración generado por el régimen señalado anteriormente, se encuentran el Banco Central de Costa Rica y la Contraloría General de la República.
Esta modalidad de remuneración es favorable en el tanto se determina un monto salarial fijo por puesto, el cual debe incorporar todas las condiciones de antigüedad, posición profesional, o cualquier otro elemento que diferencie los puestos con semejante dificultad o responsabilidad.
Al eliminar los componentes variables del salario, este esquema garantiza una igualdad salarial, por lo que se obtiene, simultáneamente, un equilibrio en las condiciones salariales, al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Por último, y no menos importante, es necesario darle a una institución pública la rectoría en el tema de empleo público, para toda la Administración Pública, que defina la política salarial y que tenga la competencia para controlar los aumentos salariales en el sector descentralizado, lo que podría implicar una eventual reforma al Régimen del Servicio Civil, establecido constitucionalmente.
Temas como los anteriores necesitan ser acuerpados por decisiones contundentes, las cuales podrían ejecutarse de una manera más expedita, a través de una reforma constitucional. Pero es necesario que toda la ciudadanía y los servidores públicos busquen la igualdad así como el adecuado uso de los recursos, sin demeritar el necesario grado de profesionalización de los servidores públicos, así como el derecho a un salario justo.