En un Estado social de derecho como el nuestro, la institucionalidad pública juega un rol fundamental en la prestación de servicios esenciales como la educación y la salud, además de garantizar ciertos derechos a la población civil. Sin embargo, esa autoridad institucional ha excedido a un nivel muy alto de burocratización y homogenización en la formulación e implementación de las políticas públicas, llevando así a procesos de desarrollo desiguales en el ámbito territorial-local.
Existen muchas concepciones de que el desarrollo económico es una herramienta exclusiva para maximizar las condiciones materiales, esa es la lógica per se del sistema hegemónico capitalista. Además, se entrecruza con una institucionalidad pública homogenizada, forjando así hacia una sociedad desigual, en donde irónicamente la institucionalidad del Estado social de derecho responde meramente a la defensa de intereses de una élite política y económica del país.
Esa ironía se refleja en casos concretos de la realidad sociopolítica de este país; por ejemplo, en la aplicación concreta de programas y proyectos relacionados con la política de pesca del país, tanto en la costa del Pacífico como en la del Caribe, el Estado desarrolla programas de pesca responsable de manera homogénea, a pesar de la gran diferencia entre una zona y otra. Eso responde a un proceso de descentralización institucional un tanto limitada, son procesos “desde arriba”, que se olvida de su lógica de responder a las demandas sociales, a pesar de su gran diversidad.
Adentrando en el tema de la planificación pública, en Costa Rica se posee un sistema nacional de planificación, que se fundamenta en la Ley N° 5525. Cabe cuestionar este sistema con las siguientes preguntas: ¿es importante la planificación para la administración pública costarricense?, ¿realizan las instituciones públicas una planificación integral?, ¿realmente inciden los procesos de planificación en el desarrollo de las funciones de las organizaciones que lo plantean?, ¿es la planificación únicamente un requisito burocrático para el sector público?
Se podría categorizar la planificación del sector público como una planificación tradicional en donde se establece un marco filosófico (misión, visión y valores), se realiza un análisis FODA, se plantean objetivos, metas, tiempos, indicadores, actividades, eso a grandes rasgos; luego se desagrega el plan estratégico en planes operativos anuales, para luego culminar con la evaluación del proceso.
Ante esta homogenización de la planificación en la institucionalidad pública del país, es acertado cuestionarse si realmente ese debe de ser el modelo a seguir, claro, suponiendo que todas las instituciones poseen condiciones diferentes y velan por realidades diferentes En ese sentido se está estirando en gran medida el instrumento estratégico de la planificación.
La planificación no es un concepto o paradigma unívoco, existe una diversidad de enfoques o modelos, puede ser utilizado como herramienta administrativa que funcione realmente para lograr una mayor igualdad social; sin embargo, es importante reivindicar estos procesos y, lo más importante, que exista una verdadera voluntad política.
