Por mucho, quedo asombrado de la pasividad con que los actores gubernamentales y políticos, durante las últimas dos décadas, han abordado el tema de una impostergable reforma educativa. ¿Los puntos frágiles? Ya son conocidos en múltiples informes y estadísticas publicadas. Sin embargo, a pesar de que los datos son contundentes en decir que peligra el potencial productivo e intelectual de toda una generación, la situación no se ha atendido como lo que es, una emergencia nacional.
El problema tiene muchas aristas. Una de ellas es de carácter curricular en todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior. Es cierto que en la última década y antes de la pandemia hubo esfuerzos para implementar reformas en la oferta de currículo, pero estas no han llegado a concretarse. En buena parte ha sido porque desde los primeros ciclos educativos, incluyendo el diversificado, un porcentaje importante del personal docente ha demostrado no contar con destrezas pedagógicas que faciliten al estudiante asimilar los contenidos que lo harán avanzar hacia los siguientes niveles de su proceso. Sumado a ello, los estudiantes arrastran falencias en comunicación oral y escrita, pensamiento abstracto, matemáticas y el manejo de las TIC. Hay una brecha en la cobertura de contenidos, entre los centros educativos privados y públicos (ventaja para los privados) que se manifiesta en la transición del estudiantado a la educación superior. Solo aquellos que cuenten con bases sólidas en dichas áreas logran ser admitidos en las universidades públicas. Las exigencias a este último nivel no están atendiendo la mala formación académica preuniversitaria que se viene gestando hace años. Aún existe una concentración de matrícula en carreras con poca demanda laboral y no se escuchan las necesidades del sector empleador de la economía segmentado por regiones. Hay un rezago en la oferta de las denominadas carreras STEM que son la tendencia a nivel empresarial.
No se puede dejar de lado el hecho de que el Ministerio de Educación Pública tampoco cuenta con facilidades tecnológicas y registro de datos para monitorear el desempeño del personal en los centros educativos. Esto es vital para una retroalimentación y la constante búsqueda de la eficiencia del servicio. Esto es análogo a nivel superior con la incapacidad de las universidades para hacer innovadoras propuestas en sus planes de estudio y una mejor articulación para producir profesionales con el perfil que el país necesita.
Hay una necesidad latente de reacomodar la gran estructura burocrática que caracteriza al sistema en todos sus niveles. No existe inversión rentable en ninguna actividad económica cuando los recursos canalizados no llegan al objetivo meta, en este caso, dotar de habilidades y destrezas pertinentes al estudiantado. Hay una complejidad operativa dentro del MEP que, en varias zonas geográficas del país, resulta onerosa. Puestos y conjuntos organizacionales innecesarios que solo producen duplicidades y trabas al crecimiento económico real. A nivel universitario público hay asignaciones de recursos entre funcionarios que se aprovecharían mejor en activos para las necesidades de los y las estudiantes. Específicamente en tema de salarios se sabe hay una optimización pendiente que alcanzar.
Lastimosamente la pandemia remató toda esperanza de construir hace dos años esta ansiada política pública que hubiera sido una ruta de apoyo en medio de tan complejo escenario como el que acabamos de vivir. La crisis sanitaria desconectó casi a la mitad de la población estudiantil del país por las desigualdades socioeconómicas que repercuten en su conectividad digital y tecnológica. Los quintiles más pobres siempre son los más golpeados. El sector académico que relativamente mejor soportó las restricciones sanitarias fue el de educación superior por su mayor capacidad de adaptación, aunque con un sensible golpe a su presupuesto años atrás. Gran parte de la docencia de primer a tercer ciclo no escapó de la brecha digital, aproximadamente un tercio no contaba con conexión estable a Internet, en sus hogares.
Después del período más crítico, este año se volvió a la modalidad presencial en la mayoría de los centros educativos, pero en términos académicos el tiempo perdido es siempre irrecuperable. Algunos especialistas proponen planes de nivelación para paliar el severo daño que sufrió esta generación. A mi criterio esa no es una solución real ya que el aprendizaje es una construcción progresiva, sin atajos; tiene una secuencia que conlleva tiempo de espera, sin posibilidad de evadirlo. Ese tiempo será el coste de oportunidad de no haber acatado los llamados de los indicadores y analistas de la educación años atrás y de habernos centrado en debatir otros temas no tan necesarios que ni siquiera culminaron con una política concreta.
Hay propuestas sobre la mesa, para levantarnos lo antes posible, pero el tiempo perdido con nada se recupera. Debe optimizarse la inversión del presupuesto en educación. Reformar la estructura administrativa del MEP. Deben llamarse a las autoridades universitarias a rendir cuentas de la distribución salarial de sus funcionarios y del desempeño de las normativas por las que se rigen. Deben formarse profesionales en docencia que acaten las carencias de la educación pública. Las universidades y centros de formación técnica deben modernizar sus planes de estudio para que encajen con las necesidades del sector productivo en cada región. Evaluar y modernizar los procesos de reclutamiento para nuevas contrataciones en el MEP. Sembrar bases sólidas en habilidades lingüísticas, matemáticas y destrezas en las TIC, en fin, hacer una transformación curricular con criterios consensuados lejos de improvisaciones.
El mensaje es claro: debemos dejar esa apatía hacia los cambios y aplicar el dinamismo cuanto antes. La competitividad económica y sostenibilidad social del país se nos pueden escapar de las manos, sí hay una emergencia.
