Opinión

Costa Rica  tiene un servicio de salud pública

Lo que está aconteciendo con el COVID-19 demuestra que en Costa Rica existe un sistema de salud pública que beneficia no solo a los asegurados, sino a todos los costarricenses y extranjeros que sean afectados por ese virus.

Lo que está aconteciendo con el COVID-19 demuestra que en Costa Rica existe un sistema de salud pública que beneficia no solo a los asegurados, sino a todos los costarricenses y extranjeros que sean afectados por ese virus. Es decir, se da una cobertura universal. Es de reconocer la gran labor llevada a cabo por el Dr. Salas, ministro de Salud, y del Dr. Román Macaya, presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y la labor encomiable de médicos, enfermeras y todos los funcionarios del sector Salud. Así como la gran faena del ministro de Seguridad, el Presidente Ejecutivo de la Comisión de Emergencias y los funcionarios de las respectivas entidades. Así el  cómo el trabajo realizado por los tráficos y la Policía Municipal para que se cumplan las restricciones sanitarias.

Es necesario tener claro que para que Costa Rica pueda hacerle frente a esta pandemia se necesita la colaboración de todos los costarricenses “quedándose en casa”, y el lavado adecuado de manos, entre otras medidas. Sin embargo, me llama la atención la poca colaboración de algunos costarricenses que incumplen la restricción vehicular; otros que realizan actividades sociales y, por ejemplo, la excusa de un costarricense que dijo que salió en Semana Santa porque tenía otra casa en la playa.

Por otro lado, es de resaltar la calidad del servicio de salud  pública que ha logrado con la colaboración de los costarricenses que los contagiados por COVID-19 no tengan un crecimiento exponencial y el poco número de fallecimientos. También es de reconocer las medidas tomadas por la Caja Costarricense del Seguro Social para adquirir los equipos y  materiales médicos como la mascarilla con filtro N95, un dispositivo médico usado como elemento de protección personal para proporcionar al personal clínico de una barrera de contención primaria contra agentes infecciosos. Hay que reconocer el esfuerzo que se hizo, con la autorización de la Contraloría General de la República, para contratar un vuelo que fuera a recoger una donación de equipo y material médico que hizo el Gobierno Chino para atender la pandemia provocada por el COVI 19.

Además,  es valioso el esfuerzo realizado por el Gobierno y la Asamblea Legislativa para ayudar a las personas que se quedaron sin empleo, a los empresarios, especialmente  del sector turismo, por la crisis económica que ha provocado esta pandemia y a los pobres, a quienes se las ha agravado su situación.

Estamos en una situación crítica en salud, en lo social y en lo económico. Después de que pase la pandemia se deben tomar medidas dado que algunos economistas estiman  que el desempleo va a llegar a un nivel del 25% y el déficit fiscal a un 10%. Espero que  esas medidas incluyan mejorar la recaudación fiscal, disminuir gasto corriente y posponer inversiones,  y reestructurar el sector público.

En relación con el número de instituciones públicas, de acuerdo con el último estudio que realizó Mideplan, se contabilizan 330, lo que es inmanejable y con costo financiero muy alto, con duplicidades de funciones y más 900 programas. Por ello es necesario reestructurar el sector público de Costa Rica para que se mejore su accionar y se disminuya el gasto público, y no establecer más impuestos, como proponen algunos organismos internacionales.

No se trata solo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas, explicó el director general de la OIT, Guy Ryder. “En tiempos de crisis como el que nos toca vivir, contamos con dos herramientas clave que pueden ayudar a mitigar los daños y a restablecer la confianza del público. En primer lugar, el diálogo social activo entre los trabajadores, los empleadores y sus representantes es vital para fomentar la confianza del público y el apoyo a las medidas necesarias para superar esta crisis. En segundo lugar, las normas internacionales del trabajo proporcionan una base de probada eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible y equitativa. Es necesario que en este difícil momento se haga todo lo posible para reducir al mínimo los perjuicios para las personas”, indicó Ryder.

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