La sociedad costarricense vive una coyuntura que podría ser caracterizada por su polarización. Las elecciones del año 2018, las actitudes xenófobas que vivimos en agosto 2018, las dificultades para llegar acuerdos en política fiscal son, entre otros ejemplos, manifestaciones de esta polarización.
Ignacio Martín Baró, psicólogo y jesuita, asesinado por la extrema derecha en El Salvador, en noviembre 1989, hace ya casi 30 años, describió la polarización como una tendencia que exacerba la distinción entre “nosotros” y “ellos”, y tiende a descalificar cualquier postura que no sea la propia. La polarización conduce a la violencia simbólica y, en último término, a la violencia física, y disminuye las posibilidades de un proyecto común.
En este artículo se proponen dos objetivos. El primero es describir algunos rasgos culturales, económicos y políticos que han conducido a la polarización. En segundo lugar, sugiere algunas posibilidades para reconocer que el disentir no excluye el respeto de las opiniones o creencias contrarias.
En cuanto a los factores culturales que han conducido a la polarización, se podría decir que los rasgos conservadores en la sociedad costarricense predominantes hasta hace algunas décadas, hoy coexisten con formas de vida que podrían considerarse modernas o liberales, más afincados en las nuevas generaciones. Los debates sobre diversidades sexuales, identidades nacionales o emergencia climática ilustran tensiones entre estas tendencias liberales y modernas, y aquellas conservadoras y tradicionales. No se trata, sin duda, de una distinción absoluta, pero sí da cuenta de un importante clivaje sociocultural.
Las tendencias liberales y modernas son respondidas por una reacción neoconservadora (backlash se dice en inglés), que tiene en sectores de las iglesias neopentecostales y de la Iglesia católica, sus principales referentes institucionales y en los debates sobre la interrupción del embarazo y los conceptos de familia los principales temas de controversia.
Los sectores más radicales del neoconservadurismo aspiran a “restaurar” un estado inicial, un estado de gracia que ha sido alterado por la acción humana en estos tiempos modernos. Mientras tanto, los sectores progresistas, en diferentes denominaciones cristianas o en la misma Iglesia católica, encuentran muy difícil legitimar sus perspectivas teológicas. Ello ha conducido a suponer que la espiritualidad religiosa es per se neoconservadora. La jerarquía católica, por ejemplo, se esforzó en desplazar a sectores progresistas del catolicismo, especialmente aquellos identificados con la Teología de la Liberación y en este giro terminó suscribiendo la agenda neoconservadora.
La Costa Rica del siglo XXI no solo experimenta la reacción neoconservadora, sino que también es más desigual, y ello introduce la dimensión económica. Costa Rica es uno de los países de América Latina en los cuales la desigualdad en la distribución del ingreso entre la quinta parte de mayores ingresos y el quintil que menos recibe ha crecido más. El coeficiente de Gini, una de las medidas para aproximarse a la desigualdad, que consiste en un intervalo que va de 0 a 1, siendo 1 la mayor desigualdad, permite concluir que ésta en Costa Rica se acerca al 0,52 % mientras que el promedio en América Latina rondaría el 0,49 %.
El empleo es la principal forma de distribución del excedente, la ausencia de este y la precariedad laboral son factores que inciden en el incremento de la desigualdad. A ello se suma la falta de oportunidades, por ejemplo, para finalizar la secundaria y asegurarse la preparación para conseguir empleo. Esta es una realidad compartida a menudo por personas jóvenes y por quienes están cerca de la edad de jubilación. El llamado sector informal se estima en un 40% de la Población Económicamente Activa (PEA). Mientras tanto, los sectores de mayores ingresos, del sector privado y el sector público, han incrementado sus patrimonios.
Diversos estudios subrayan que la desigualdad fractura las sociedades e incide en la calidad de vida de las personas. La desigualdad se traduce en exclusión y procurar disminuirla implicaría asegurar empleos de calidad y más oportunidades, dos objetivos que se dicen fácil pero que cuya realización práctica requiere de alianzas institucionales y ciudadanas.
En términos políticos, el neoconservadurismo y las fracturas producidas por las desigualdades crean las condiciones para la emergencia de autoritarismos populistas, un concepto propuesto por Stuart Hall en referencia al thatcherismo, que tendrían en el miedo a la diferencia, que a menudo se expresa como homofobia, xenofobia o antifeminismo, y en la idealización de un pasado al que se pretende regresar (por eso “restaurar” es clave), sus referentes principales. Los autoritarismos populistas encuentran en la “posverdad” su núcleo duro y en las llamadas “noticias falsas” su lenguaje predominante.
Los “populismos autoritarios” están presentes en contextos diversos y ello les legitima localmente. Modi en India, Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y Johnson en Gran Bretaña son algunos de los múltiples ejemplos contemporáneos. En este contexto, el mayor debilitamiento lo han experimentado los partidos socialdemócratas, otrora responsables de intentar conciliar entre capital y trabajo. Jürgen Habermas, ya en sus 90 años, concluye que “Nadie sabe ya para qué son necesarios”.
En su conjunto, el reconocimiento (cultura), la distribución (economía) y la representación (política) serían dimensiones desde las cuales se puede comprender la polarización que caracteriza a la sociedad costarricense. Nancy Fraser, una reconocida feminista, nombra estas dimensiones como escalas de justicia.
Frente a estos escenarios, enseguida se proponen algunas posibilidades que pudieran facilitar trascender la polarización. Dos puntos de partida son indispensables. Uno consistiría en renunciar a la tesis de reducir al absurdo las tesis que no se comparten. El segundo es la disposición a la autocrítica, es decir, partir del reconocimiento de que nadie tiene el monopolio de la verdad. Algunos ejemplos pueden contribuir.
Los embarazos no deseados, por ejemplo, usualmente surgen en condiciones de exclusión y violencia. No es para nada fácil ser menor de edad y con cuatro meses de embarazo, percatarse que se está sola, sin recursos afectivos, materiales para el nacimiento y la crianza de una criatura. La interrupción del embarazo no es un rechazo de la vida; es, más bien, el reconocimiento de que lo elementalmente humano requiere condiciones mínimas para la existencia. La aspiración disponer de una educación para la afectividad y la sexualidad en la cual la decisión de procrear no sea impuesta ni por la violencia ni por la ausencia de preparación.
Muy lejana está la jerarquía y, con excepciones apreciadas y queridas, el clero de una opción preferencial por los pobres. En las luchas y demandas por reconocimiento de las personas migrantes, por ejemplo, en general se escuchan poco, pese incluso a que la migración está muy presente en los textos bíblicos.
En términos económicos, se requiere reconocer que la sociedad demanda más información y conocimiento sobre recaudación fiscal, evasión y elusión. Sin demérito alguno del principio de la presunción de inocencia, aún no disponemos de información suficiente para comprender por qué grandes empresas declaran cero utilidades. No se trata de ocultar la evasión o la elusión, pero tampoco de concluir que, por regla, las grandes empresas no pagan impuestos.
Algo semejante ocurre en el sector público. La crítica a altos porcentajes de anualidades o años de cesantía, por ejemplo, no es sinónimo de pretender debilitar servicios esenciales o la institucionalidad pública en su conjunto. La autocrítica es indispensable para la defensa y el fortalecimiento de la institucionalidad pública en Costa Rica.
La opción no es, por tanto, el reclamo de una suerte de excepcionalismo, presente tanto en el sector privado como en el público. Algunos actores del sector privado manifiestan que no pueden aportar más, pues son quienes generan la mayoría de los empleos. En el sector público se procede de manera semejante, reclamando para sí un trato diferenciado. Mientras tanto, quienes no forman parte ni del sector privado ni del público, que en términos de la PEA sería un 40%, como ya se anotó, pasan de lejos de estos debates que en poco puede mejorar sus vidas.
No son pocos los casos de quienes, recibiendo muy buenos salarios en el sector público o muy buenos dividendos en el sector privado, no pagan la seguridad social de quienes han contratado para realizar, por ejemplo, el trabajo doméstico en sus propias casas. Pasan los años y no les aseguran, y cuando toca liquidarlas no están dispuestas a pagarles lo establecido por ley.
En síntesis, nadie está al margen de interrogarse y ello es indispensable para que desde posiciones y convicciones conservadoras, liberales o socialistas podamos concurrir en esfuerzos e iniciativas de debate y concertación. Los autoritarismos populistas ganan con la polarización. Es tiempo de cambiar los términos del debate. 
