La uniformidad ideológica y de intereses entre el parlamento, el poder ejecutivo y la Sala IV parece sacado de una escena terrorífica de Alfred Hitchcock. La unanimidad de criterios entre estas oficinas y agentes estatales sobre el modelo económico, los intereses a privilegiar y la institucionalidad pública evidencia una clara hegemonía del proyecto aperturista y privatizador. La élite económica del país lo sabe, ya que desde el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez no han encontrado una élite estatal tan anuente a escuchar sus “necesidades” sin la más mínima contrastación o mediación. Están viviendo su festín político, su propio carnaval político-empresarial.
En contraste, los indicadores socioeconómicos evidencian el fracaso de la estrategia de acumulación. El ciclo económico recesivo, alentado por las medidas fiscales y presupuestarias procíclicas y precarizadoras para los trabajadores públicos y privados, ha dado resultados peores, en algunos aspectos, que los de la crisis de la deuda hace 40 años. Hoy, el desempleo ampliado ronda el 13% según el Instituto Nacional de Estadística y Ciencias (INEC), aunque estimaciones más pesimistas como la de la UNA lo ubican en el 21%. La informalidad, es decir, el eslabón más precarizado y desprotegido de la clase trabajadora, alcanza el 46,1%. La pobreza y desigualdad probablemente han aumentado sin siquiera haberse implementado la reforma fiscal regresiva del gobierno del PAC.
Costa Rica no ha disminuido considerablemente la pobreza en los últimos años -salvo, claro, cifras inventadas por algunos de esos economistas- y es el único país latinoamericano que no ha disminuido la desigualdad de ingresos. Si este escenario socioeconómico sucediera en un país medianamente decente en términos del debate político e intelectual, la burocracia tecnocrática que ha colonizado las oficinas de política económica desde la década de 1980, tendría que reconocer su fracaso con la misma indignación y vergüenza que tuvo el neoliberal Alan Greenspan ante el Congreso de EEUU en setiembre del 2008.
Ya es hora de que rindan cuentas ante la ciudadanía, porque por medio del sufragio (TLC) o por el cabildeo parlamentario se han aprobado todas las reformas de mercado que han querido sin tener los resultados por ellos prometidos ¿Dónde están los 500 mil empleos? ¿Dónde está en incremento de las agroexportaciones en un 200% como les dijeron a algunos agricultores que hoy están casi en la quiebra? ¿Y los salarios que permitirían comprarnos nuestros BMW’s?
Paradójicamente, el diagnóstico que se presenta en la opinión publicada es también abrumadoramente parcializado y dominado por esos mismos tecnócratas y sus think tanks (dentro de los cuales, lamentablemente, habría que sumar a la Escuela de Economía de la UCR). Hasta los medios de comunicación universitarios, que en otras coyunturas generaban espacios alternativos de alta nutrición académica, se han inclinado por ser altavoces de dichos “expertos” paladines de la precariedad. Esto sucede no porque no existan balances con mayor solidez explicativa y argumentativa, sino porque no existe la mínima voluntad de darlos a conocer y facilitar el debate a partir de ellos. El resultado es que los responsables políticos y económicos del fracaso son los mismos que nos venden las soluciones.
Esa visión unilateral del escenario socioeconómico le adjudica a la institucionalidad pública todos los males habidos y por haber. Tal como con la explicación de la crisis de la deuda, hoy se ha impuesto una única visión de los problemas sociales y económicos, que conlleva la personificación de los males en el empleado público y sus “gollerías”, mientras deja intactas y más bien promueve las fugas presupuestarias que causa, por ejemplo, el modelo concesionario del país, que sólo sirve para enriquecer a un par de constructoras privadas y fomentar unas pocas “ONGs” bajo una lógica rentista y no legítimamente subsidiaria de la sociedad civil. Eso sin olvidar que han limitado y deprimido la capacidad adquisitiva del sector de consumo más dinámico del país, lo cual afecta directamente a las PYMES con el consecuente cierre de esos pequeños negocios. Es tanta la miopía que, tras aprobar sus reformas y no obtener los resultados esperados, hacen a un lado factores estructurales importantes y caen en un reduccionismo psicologisista: “es un problema de confianza empresarial”.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa se promueve y probablemente se aprobará un proyecto de ley anti-huelgas marcadamente pinochetista y autoritario, que busca limitar derechos sociales y devolvernos un siglo en garantías laborales. La seguridad jurídica siempre ha sido la excusa legalista para limitar la organización política independiente y empeorar las condiciones de vida de las clases medias y bajas. Aunque quienes lo promueven se benefician del revanchismo antisindical contra los empleados públicos, el proyecto de ley afecta a cualquier trabajador público o privado que en un futuro quiera organizarse para defender sus derechos. De aprobarse, sería el culmen de las políticas y lógicas de desintegración estatal propias de este modelo económico, que buscan excluir a los sectores sociales no alineados con el proyecto privatizador y precarizador. Es la cereza del pastel neoliberal.
