El crimen organizado en Costa Rica ha alcanzado niveles alarmantes, lo que exige un abordaje integral y estratégico desde el Estado. No estamos frente a delitos aislados, sino ante un fenómeno criminal estructurado que requiere una respuesta basada en una política pública integral, más allá de simples reformas legislativas. Hasta la fecha, el país no ha desarrollado una estrategia específica para combatir esta problemática, a pesar de contar con instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus tres protocolos, más conocida como la Convención de Palermo del año 2000, y con su propia Ley sobre Delincuencia Organizada desde 2009.
La diferencia entre política criminal y políticas públicas
Es crucial diferenciar entre política criminal, políticas públicas y política de persecución penal. Mientras que la política criminal se refiere a un conjunto de medidas y estrategias estatales para prevenir y sancionar el delito, las políticas públicas abarcan iniciativas más amplias, como programas de seguridad ciudadana. En muchas ocasiones, el debate político y la opinión pública confunden estos conceptos, lo que lleva a respuestas fragmentadas e ineficaces.
El crimen organizado requiere de una política pública específica, diseñada y dirigida por un ente rector como el Ministerio de Seguridad Pública, que no solo establezca directrices, sino que también garantice su ejecución, monitoreo y evaluación continua. Actualmente, Costa Rica sigue aplicando políticas públicas generales sobre seguridad ciudadana, que no consideran la naturaleza transnacional, estructurada y violenta del crimen organizado.
Urgencia de un plan de acción concreto
Es imperativo aterrizar un plan de acción realista y operativo, con medidas concretas a corto y mediano plazo. Un plan de acción eficaz debe contemplar:
- Coordinación interinstitucional, intersectorial: Mejor articulación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el sector privado y la sociedad civil.
- Fortalecimiento de la investigación criminal: Dotar a las autoridades de recursos tecnológicos, inteligencia policial y capacitación en análisis del crimen organizado.
- Legislación adaptada al fenómeno criminal: Aunque la normativa es importante, debe ir acompañada de una estrategia que contemple medidas preventivas, sancionatorias y de rehabilitación.
- Trazabilidad y evaluación de resultados: Implementar indicadores de impacto que permitan medir la eficacia de las acciones adoptadas.
Un esfuerzo conjunto
El compromiso de la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, junto con las coordinaciones entre el Poder Ejecutivo y Judicial son pasos importantes. Sin embargo, es necesario que el sector privado y la sociedad civil también asuman un papel activo en la formulación y ejecución de estrategias.
El crimen organizado no solo afecta la seguridad, sino también la economía, la inversión y la estabilidad del país. Costa Rica no puede seguir postergando la creación de una política pública específica y un plan de acción contundente. Es momento de arremangarse y actuar con determinación.
