Cada año en nuestro país fallecen más de dos mil personas a consecuencia de enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Son dos mil familias que cruzan por el terrible dolor de la pérdida, una que también genera cargas económicas al Seguro Social y a la productividad del Estado costarricense. Es decir, con el consumo de estos productos pierde la salud pública, el Estado y principalmente la sociedad.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT) y que Costa Rica ratificó desde el 2008, da la facultad a los países miembros de avanzar con la implementación de leyes que permitan regular el consumo de este tipo de productos en aras de proteger el derecho humano a la salud de las personas.
Es así como en el 2012 se promulga la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (ley 9028), la cual establece la prohibición de fumar en sitios públicos, un impuesto al tabaco para sufragar -en parte- los gastos del Seguro Social en la atención de pacientes con enfermedades derivadas de su consumo, y obliga a colocar en las cajetillas las advertencias sanitarias que señalan las consecuencias de fumar, entre otras estrategias.
Los resultados han sido favorables, pero insuficientes frente a una industria con capital económico que ha buscado maneras, a nivel global, de evadir límites para continuar con su negocio, lo que le ha llevado a evolucionar hacia productos conocidos hoy como cigarrillos electrónicos, de tabaco calentado, vaporizadores. Muchos especialmente atractivos para jóvenes, potenciales clientes de larga duración para ellos.
Adicionalmente, los costos en la atención de pacientes con enfermedades derivadas del consumo del tabaco y sus derivados para el Estado superan con creces lo apenas recaudado por Hacienda por concepto de la Ley 9028.
En el 2020 se recaudaron ₡27.185 millones por el impuesto a los productos de tabaco. La cifra quedó muy corta cuando se considera que los costos directos por atención y tratamientos por el sistema de salud superan los ₡166.780 millones. Esta cifra se eleva muchísimo más si se considera la pérdida de ₡75.000 millones en productividad a causa de enfermedad y muerte prematura de la población laboralmente activa. Asimismo, crece aún más si se suman los ₡58.500 millones del costo por el tiempo que familiares y allegados invierten para dedicarse al cuido de personas enfermas por el tabaquismo. Es decir, en total los costos son de ₡300.318 millones de los cuales apenas se recauda con los impuestos un 9% del gasto. Estos son datos muy alarmantes que brinda el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina (IECS), tras un estudio realizado en conjunto con el Ministerio de Salud y la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica (Renata) en el año 2020.
Con este panorama Renata, junto a organizaciones de la sociedad civil y del sector salud, hemos creído en la necesidad de evolucionar la Ley 9028 para asegurar aún más la protección de la salud pública, especialmente para velar por ese derecho humano de nuestros niños y jóvenes.
En este sentido se ha promovido la aprobación del proyecto de Ley 22.497 que viene a establecer el empaquetado neutro de productos de tabaco y sus derivados, una norma que inicialmente contó con 29 firmas de los diputados para su presentación y que actualmente está en trámite en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso.
Este proyecto permite el incremento del tamaño de las advertencias sanitarias, pasando del actual 50% al 80%. Asimismo, incorpora la definición del empaque neutro el cual uniforma un solo color, aumenta el tamaño de las gráficas de advertencia sobre las consecuencias del consumo de estos productos y mantiene la marca de cada compañía. El uso de este mecanismo es para todos los productos de tabaco.
Se trata de un mecanismo utilizado ya en bastantes países y que ha permitido reducir el consumo, así como aumentar la conciencia de las consecuencias de ello. Se ha comprobado que favorece el consumo tardío en jóvenes.
Varios países miembros de la OCDE ya lo han puesto en práctica, y en el caso del continente americano, Canadá y Uruguay ya lo han incorporado a sus regulaciones. De hacerlo, Costa Rica sería el tercer país de América en dar el paso y el primero a nivel centroamericano, lo que acentúa una vez más el dar pasos en la dirección correcta en beneficio de la salud pública y del estándar de calidad de vida de sus habitantes.
Pero existen presiones para que iniciativas de este tipo no lleguen a buen puerto. A la industria tabacalera no le sirve, y así lo ha dejado manifestado ante los diputados. Por esa razón hoy hacemos el llamado a los diputados a que interpongan el interés público y el derecho a la salud, ante todo.
Ya la CCSS ha favorecido su aprobación reconociendo que en el largo plazo permitirá reducir costos por atención médica. Nosotros nos unimos a este criterio pidiendo la pronta aprobación del proyecto y en especial al Ejecutivo su convocatoria, de manera que con una pronta aprobación gane Costa Rica y ganemos todos con mejores condiciones para gozar de una buena salud.
