La Convención Colectiva de la Universidad de Costa Rica es una de las principales herramientas que dispone la Institución para asegurarse el logro de su misión, pues debe estar orientada al mejoramiento de las condiciones laborales para el personal, siempre teniendo como norte la excelencia académica que nos distingue de cualquier otra institución. De ningún modo puede entenderse como un simple conjunto de normas que regulan obligaciones y determinan derechos.
La denuncia que se ha efectuado de la Convención Colectiva, si bien se encuentra dentro de los parámetros legales correspondientes, obedece a diferentes presiones que se han venido gestando en los últimos años contra las instituciones públicas costarricenses, y muy particularmente contra la Universidad de Costa Rica. Son presiones tendientes a desacreditar a la institución, limitarle los recursos que están garantizados constitucionalmente y a cuestionar en qué y cómo son utilizados. En este último tema debemos trabajar de manera más agresiva y transparente para que la sociedad costarricense continúe valorando el extraordinario aporte que le hace la Universidad de Costa Rica en diversas áreas.
Una lectura cuidadosa del texto vigente, de la propuesta de la administración y de la propuesta del Sindéu (más allá de las posiciones de cada parte, o incluso, de la campaña de promoción efectuada por la administración en diferentes medios) nos permite descubrir la existencia de puntos álgidos como la eliminación de la Junta de Relaciones Laborales, un trato diferenciado en asuntos disciplinarios para docentes y personal administrativo, diferencias en cuanto a recursos destinados a labores sindicales, posiciones distintas en cuanto a temas como pago de anualidades y méritos académicos, entre otros.
Para resolver estos puntos de conflicto, de manera equilibrada y favorable a los intereses institucionales, no se puede perder de vista el entorno en el que se desenvuelve hoy la Universidad de Costa Rica y en general las universidades latinoamericanas, donde es evidente el gran deterioro en la calidad del trabajo docente, precisamente por el afianzamiento de una línea de privatización y de una lógica empresarial, que pueden conducir a la precariedad en diversos ámbitos como lo ha afirmado Noam Chomsky, cuando se refiere al asalto neoliberal de que han sido objetos las universidades: “Cómo se afecta la calidad cuando los profesores no tienen estabilidad laboral: se convierten en trabajadores temporales, sobrecargados de tareas, con salarios baratos, sometidos a las burocracias administrativas y a los eternos concursos para conseguir una plaza permanente”.
Lo señalado por Chomsky es una realidad fehaciente en nuestra Universidad, empezando por la existencia de un elevado porcentaje de interinazgo que en el sector docente supera el 60% y continuando con interrupciones de nombramientos al personal; excesivo número de estudiantes por clase y por laboratorios, que en este primer ciclo de 2017 resulta crítico y va en detrimento de la labor formativa y pedagógica; bajos salarios de contratación y faltante de oficinas para docentes, solo para citar algunas de las problemáticas más evidentes.
La Universidad de Costa Rica merece una Convención Colectiva sólida, coherente con los principios institucionales, garante de los derechos laborales y de un desarrollo académico de excelencia. No una Convención Colectiva entregada a los intereses neoliberales. Para lograrlo, de manera responsable, debe revitalizarse el diálogo y dotar a la comunidad universitaria de la información oficial sobre todos campos del quehacer universitario, para tomar las mejores decisiones sobre esa base. No se debe olvidar tampoco, como lo afirmaba el exrector Rodrigo Facio en sus escritos sobre el sindicalismo, que este constituye una conquista democrática cuyo fin es el logro de la paz social y la vigorización económica.
