Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria-dictatorial que la acompaña, tiene un síntoma claro y omnipresente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.
Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien, el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el Partido Popular (PP), se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes y haciendo de la Constitución Política letra muerta.
Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia —que obviamente no controla— y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público y, más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).
Ciertamente, los casos mencionados son los más groseros y vulgares de intromisiones político-partidarias en el control del Poder Judicial, su independencia y el rol de control que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes supremas con mayor credibilidad por fallos históricos y equilibrados, siempre garante de los derechos ciudadanos frente al Estado, un Donald Trump arrogante y un partido republicano ultraconservador, toman control de la Corte y ponen en riesgo los avances de varios siglos de jurisprudencia, amenazando aquel equilibrio, y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.
En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias intervenciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al tristemente célebre Tratado de Libre Comercio (TLC). La ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar por asalto la Corte Suprema a través de nombramientos políticamente “confiables” o “inofensivos”. Todo lo que huela a excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.
Ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia” son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.
En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de estos frente al Estado.
