Consejo Universitario se extralimita y afecta la investigación y el posgrado en la UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) la formamos una comunidad de estudiantes, profesores y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, y mucho más. Para su orientación, el Consejo Universitario (CU) estableció las políticas institucionales (2016-2020) que buscan: participar en la solución de los problemas nacionales; afianzar el desarrollo tecnológico; abrir carreras de grado y posgrado innovadoras y pertinentes; impulsar la formación inter-multi y transdisciplinaria; concebir el posgrado como componente esencial del quehacer institucional; y lograr la articulación entre distintos posgrados, unidades académicas y de investigación. Lamentablemente, estas políticas parecen ser olvidadas por algunas intervenciones de este órgano colegiado.

Recientemente, tras un largo período de discusión en comisión y plenario, que tomó alrededor de dos meses, el CU aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario 1-2019, e improbó una partida de equipo científico y tecnológico de gran importancia, financiados con recursos de Fondos del Sistema.

Esta improbación implicará retrasos en la adquisición de insumos para investigaciones financiadas por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), así como otros proyectos incluyendo los de sedes regionales. Sin embargo, lo que resulta realmente alarmante son los cuestionamientos de algunos de los miembros del CU sobre por qué Ingeniería Eléctrica (grado y posgrado) solicitó, dentro de este presupuesto, equipo de imagenología (ultrasonidos, microscopios y otros), cuando estos deberían ser operados por personal médico. Para indagar sobre el asunto, el M.Sc. Carlos Méndez (miembro del CU) se reunió con funcionarios de Ingeniería Eléctrica para que aclararan si el uso que se daría a dichos equipos era competencia de dicha disciplina; es decir, la generación de señales (imágenes 2D y 3D) para procesarlas con herramientas de la ingeniería biomédica (una ingeniería) y la biología computacional (aplicación de ingeniería a problemas biológicos).

Estos cuestionamientos, justificados por un supuesto “respeto a la departamentalización”, lesionan las iniciativas transdisciplinares que hemos propiciado desde hace ya varios años, y que no solo responden a las mismas políticas institucionales que el CU ha promulgado, sino que constituyen relevantes tendencias de la investigación científica y la formación universitaria en el mundo.

Esta lamentable decisión del CU “no solamente es censura académica, sino que estamos entrando en una ceguera paradigmática y epistemológica (…) estamos rechazando ideas nuevas, proyectos nuevos y a mí eso me parece grave, yo no creo que sea función de nosotros como miembros ejercer censura académica a programas de docencia o investigación” (palabras del M.Sc. Méndez, audio de la sesión 6269 del CU).

¿Establecerá en adelante el CU quién y qué se puede investigar, cuáles equipos pueden o no ser adquiridos, dónde deben ser ubicados? Esto, compañeras y compañeros universitarios, es grave. El Consejo Universitario no debe extralimitarse en sus atribuciones actuando fuera de su ámbito de competencia, pues resultaría peligroso para el quehacer de nuestra Institución.

Adicionalmente, durante la misma sesión, el CU decidió excluir de manera totalmente subjetiva un presupuesto otorgado al posgrado en Ingeniería Eléctrica para la compra de equipos de laboratorio que serían utilizados en asociación con otros posgrados de la universidad, así como con unidades académicas con las que mantiene estrecha relación, así como en proyectos de investigación que involucran a estudiantes de distintos programas de maestría y doctorado.

Todo lo anterior provoca incluso el riesgo de que la UCR se vea expuesta a demandas por los procesos licitatorios iniciados y podría acarrear responsabilidades civiles.

Las decisiones de otorgamiento de equipos son una función en primera instancia de orden administrativo, que se gesta y concreta en el ámbito académico, con base en propuestas de investigación y docencia. Este proceso no debe ser degradado a un asunto político. Estas decisiones deben obedecer a una lógica académica como correspondería a universitarios comprometidos con el desarrollo de nuestra institución y del país.