Con la independencia judicial no se juega

Esta aspiración de contar con juzgadores independientes es en realidad parte de nuestro derecho de acceso a la justicia y es determinante para la protección de otros derechos

La decisión de una mayoría de diputados de la Comisión Especial de Nombramientos de no recomendar al magistrado Paul Rueda para su reelección, evidencia una confusión entre la facultad constitucional de nombrar a quienes integran la Corte Suprema de Justicia y la creencia de que existe una discrecionalidad absoluta sin ningún tipo de rendición de cuentas.

Esta acción de los diputados es una afrenta a la independencia judicial y mina la confianza, ya de por si desgastada, que las y los ciudadanos tenemos en la Asamblea Legislativa y la administración de justicia. Ello constituye una arbitrariedad que no solo afecta al magistrado Rueda sino que envía un mensaje de intimidación y advertencia al resto de magistrados/as que tendrán que reelegirse en algún momento.

Imagínese que una empresa vinculada con un político costarricense lo despide injustamente, qué opción le queda sino acudir a los tribunales con la esperanza que los juzgadores aplicarán la ley, que no tendrán presiones de ningún tipo y que se hará justicia.

De igual manera, imagínese que ocurre un gran escándalo de corrupción que involucra a personas de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, ¿quisiera usted que se les investigue y juzgue de manera independiente e imparcial, que se determine su responsabilidad o inocencia?

Esta aspiración de contar con juzgadores independientes es en realidad parte de nuestro derecho de acceso a la justicia y es determinante para la protección de otros derechos, así como para actuar de contrapeso ante los abusos de poder.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la independencia judicial no es un privilegio de las y los jueces sino un derecho de quien accede a la justicia. Si se permiten injerencias indebidas, perdemos todas las personas.

Según los estándares internacionales, las amenazas a este principio pueden ser internas (cuando provienen de actores dentro del Poder Judicial) o externas (cuando provienen de otros Poderes de la República o actores externos). Una garantía para proteger la independencia es contar con adecuados procesos de elección de magistrados y magistradas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado que la politización de estos procesos constituye uno de los principales problemas en América y que ello afecta todo el aparato de justicia. Basta analizar lo ocurrido en Brasil, Venezuela, Guatemala, Honduras y Nicaragua para entender el nefasto impacto que tienen las actuaciones de juzgadores afines a intereses políticos.

Según la CIDH, los Estados deben realizar procesos públicos y transparentes que permitan garantizar la igualdad de acceso a los cargos y el nombramiento de personas idóneas y calificadas estableciendo criterios objetivos.

La transparencia, dice la CIDH “reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos.”

En donde se prevé la figura de la reelección, el órgano interamericano ha mencionado la inconveniencia de someter a los operadores de justicia a este tipo de procesos, ya que ello puede motivar a quien va a ser reelegido a “comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables”.

No obstante, la CIDH y también el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados han dicho que, si está prevista la reelección, “esta debería operar en forma automática, a menos que exista una falta grave”.

En Costa Rica, el sistema de nombramiento de magistrados/as se encuentra agotado. Estos hechos recientes demuestran que los estándares internacionales no se están respetando. La falta de transparencia en la votación para reelegir al Magistrado Rueda (sin base normativa alguna) y las justificaciones dadas, parecen indicar que los actores políticos quieren elegir a personas afines a sus intereses y no a personas idóneas e independientes.

Es hora entonces de proponer reformas a este sistema obsoleto y blindar la independencia judicial con mayores garantías. Recientemente, el profesor Walter Antillón publicó su libro “El Poder Judicial: crónica de una debacle”. En este se formula una propuesta que implica reconceptualizar el Poder Judicial para evitar al máximo injerencias indebidas de los grupos de poder. Asimismo, diversos grupos de trabajo del Poder Judicial han elaborado propuestas de reformas al sistema de nombramientos, al gobierno y a la carrera judicial, entre otras.

El país requiere iniciar un diálogo serio y constructivo para discutir estas propuestas, tomar decisiones y avanzar de manera decidida en su implementación, teniendo como norte el fortalecimiento de las instituciones garantes de nuestros derechos. No es cosa menor lo que está en juego.

* Abogada y consultora


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