Opinión

Comunicación social: imposición de élites por un Estado negligente

La gobernanza del Estado costarricense sobre la comunicación social en el país ha sido permisiva, desbalanceada, endeble y hasta inexistente

La gobernanza del Estado costarricense sobre la comunicación social en el país ha sido permisiva, desbalanceada, endeble y hasta inexistente, lo cual ha provocado una concentración mediática que se evidencia en la apropiación del espectro radioeléctrico en pocas manos, principalmente en el emporio Repretel.

El espectro radioeléctrico se digitalizará en pocos meses para multiplicar las frecuencias de onda disponibles. Ese espectro es un bien demanial, según la legislación costarricense; sin embargo, esa condición no ha sido obstáculo para el capital privado y extranjero.

La distribución balanceada del espectro permitiría una democracia genuina, puesto que garantizaría acceso y alcance social, múltiples discursos, desde toda la geografía nacional.

El impacto de las tecnologías en la comunicación social, lejos de ser revolucionario, tiende a ser complaciente y simple reproductor del discurso oficial o/y de discursos aparentemente subversivos que en realidad forman parte del juego “democrático” de un supuesto Estado de derecho sumido en el neoliberalismo.

La lucha por el espacio de la comunicación tiene a David y Goliat, RedMICA versus Repretel, en una lucha invisibilizada por entes formales ubicados en una posición aparentemente objetiva —como Iplex—, que al final resultan ser élites capitalistas partidarias del establishment.

La coexistencia de las fuerzas económicas y sociales resulta necesaria en una democracia liberal. Sin embargo, la disputa se gesta en un contexto complejo de irregularidades y complicidad de un Estado lento, el cual es complaciente.

El mapa mediático está definido y aglutinado en muy pocas manos, lo cual se ha agudizado desde 20 años atrás. El gobierno Solís Rivera fracasó al filtrarse un texto de propuesta de ley con ciertos vicios, el cual midió fuerzas entre el Estado y los grupos poderosos. La discusión quedará para el siguiente gobierno, siempre regidos por la Ley de Radio de 1954.

Resulta tenebrosa la posibilidad de un aparato mediático tan concentrado en el corto plazo, puesto que Costa Rica, un país con una cultura tan ‘impropia’ y plagada de sesgos y vicios por ‘determinismo tecnológico’, es tierra fértil para la imposición de gobernantes desde la arena mediática, a través de una violencia simbólica que se gesta desde la “rebeldía” manifiesta en las redes sociales.

Lo decía Marx (1837): “algunas veces tenemos de la democracia una tal representación y no una idea desarrollada” (p. 35). Para que está sea una idea desarrollada debe existir una base sólida, no solo argumentos o normativas superficiales.

El Estado debe poseer la capacidad infraestructural para incidir en la vida pública y controlarla. En este caso la ha perdido, porque aunque le pertenezca el espectro radioeléctrico, no lo regula, no lo fiscaliza, respondiendo al juego de mercado.

Como se puede ver, un problema que se analiza en la cima donde convergen Estado, empresa privada, y sociedad, encuentra un eco en la parte baja, en la individualidad o de cada costarricense.

El Estado costarricense ha descartado intereses anticapitalistas, que se podría decir que se personifican en la RedMICA, elegido grupos capitalistas específicos, afectando otros de su misma clase; mientras mantiene la apariencia de una “uniformidad” de la sociedad como si todos pensáramos igual.

La “paz social”, producto de una complicidad tácita de la mayoría, corrobora que el nivel de gobernanza del Estado es “aceptable” eso sí, mientras mantenga el control de las piezas como en juego de mesa.

Lo anterior resume la principal conclusión del estudio científico Comunicación Social: rol del Estado costarricense entre élites y sociedad, de quien escribe. Puede ubicar el artículo científico en la revista académica-científica Pro Veritatem, de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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