Opinión

Comprobada estafa a los educadores

No deja de ser inquietante que publicaciones como esas aparezcan, pero a la vez eso alimenta el deseo de desmentir y aclarar lo que de forma claramente vana se escribe.

En un periódico de circulación nacional, el cual ni tan siquiera se preocupa por verificar lo que dice, tal y como lo haría un periódico  que se jacte de ser serio y respetuoso con la información, aparece un título que dice “Reforma de ley baja pensión de exrector de UCR en ¢3 millones”. Con los antecedentes que sobre este tema se tiene sobre dicho diario, no se puede esperar menos que tal título conlleva un grado de satisfacción; lástima que no se preocupan por pagar correctamente sus responsabilidades tributarias, antes de atacar sistemáticamente a un grupo de personas de lujo que son los que han formado, educado y aportado al desarrollo tecnológico, científico y social de este país.

No deja de ser inquietante que publicaciones como esas aparezcan, pero a la vez eso alimenta el deseo de desmentir y aclarar lo que de forma claramente vana se escribe. Lo grave es que se hace público, pero por otro lado si no es porque se conoce que dicho diario casi no circula, no es mucha la preocupación.

Primero, hay que aclarar que no solo el gobierno de turno, sino todos los anteriores hasta llegar al de don Mario Echandi Jiménez, le han sacado del bolsillo parte del salario a todos los educadores de este país. Entonces, ¿cómo se explica que nunca crearon el fondo de pensión que por Ley 2248 artículo 20 obligaba a que se creara, con una contribución tripartita e igualitaria patrono, educador y Estado? El pecado original de todos los educadores fue que los pusieran a cotizar a tal “fondo”. Además, se debe agregar que tras de eso hay que aguantar los ataques con embuste, con envidia, cizaña; llegando al extremo de la agresión, como sucedió en el año 1995.

Es inexplicable cómo el diputado Villalta interpela a la ministra Garrido sobre el tema de disminuir salarios públicos, y él ni tan siquiera hace bien su trabajo, ya que aprobó la Ley 9796, sin tan siquiera conocer el cómo y a quiénes verdaderamente les va afectar tal adefesio de ley. Señor Villalta, hubiésemos esperado que con la vehemencia y reprensión con que se dirigió a la señora ministra por no contar con la información ni estudios, o resultados del impacto del bendito proyecto, hubiese tomado la misma ante de aprobar la Ley 9796.

El Dr. Henning Jensen fue un académico que dedicó toda su vida a la docencia e investigación. Él, igual que muchos, cotizó religiosamente al supuesto fondo de pensiones del Magisterio Nacional, al inicio con un 5%, después con un 7% y, por último, con un 12,5% de su salario mensual, como lo dijo alguna vez el exministro de Trabajo Ovidio Pacheco: “es decir, son gravámenes salvajes”, cuando se refirió a la cotización que hacen los docentes y pensionados al inexistente fondo de pensiones. Por eso, si consideramos únicamente lo que aportó el señor Jensen, ya que lo del patrono y Estado nunca se dio, y lo traemos a valor actual a tasas de mercado, él acumuló un monto de ¢795.952.483,47.  ¡Santo Dios, mucho dinero! Al contar con una edad de 70 años, haciendo el cálculo actuarial para conocer cuánto le correspondería de pensión mensual, contemplando aguinaldo y que la pensión se ajuste a la inflación, con ese capital de cobertura podría recibir una pensión vitalicia de ¢6.460.727,38. Además, dicho monto es totalmente líquido; o sea, sobre este no debe cotizar nada al fondo fantasmal; para terminar de valorar la estafa, el Estado desembolsará hasta la muerte del saludable señor Jensen la suma de ¢374.956.132,52, lo sentimos señor Jensen, como ciudadano le agradezco por el nada despreciable aporte que le hizo a la Hacienda Pública por un monto de ¢420.996.350.05, y termino diciéndole que al menos va a ser un privilegiado “pensionado de lujo”, y cómo a los tontos ni Dios los quiere, decía mi abuela, tuvo que haber hecho lo que hizo su colega exrector de la UNA: él sí tiene contante y sonante en su cuenta lo que usted donó al fisco.

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