Acudo, una vez más, a este medio de comunicación en procura de imparcialidad y seriedad para aclarar las informaciones que hace un conocido periódico, de manera tendenciosa y hasta falaz, empeñado en desacreditar a una de las instituciones más respetables del país por su contribución al desarrollo y desempeño científico, cultural, artístico y tecnológico, en su ya no disimulada intención privatizante de la educación superior.
¿Cómo que no lo dice La Nación? Claro que sí lo dice, solo que lo hace de manera parcializada e interesada, pues menciona únicamente circunstancias negativas en su intento destructivo por atacar a la Universidad de Costa Rica (UCR) y su autonomía y, también, enfila sus ataques, sorprendentemente, hacia mi persona, como si yo fuera candidata a algún cargo de carácter nacional o institucional, ya que como es típico de ese periódico, cuando alguien está por postularse y no es de su agrado, lo atacan.
Los argumentos expresados en el editorial (La Nación, 23 marzo), como ya es su costumbre, son, en este caso, inexactos por parciales:
- Comenzando porque se refiere a una medida tomada en una sesión del Consejo Universitario, en la que yo no participé. Dice el diario, textualmente, que: “el 29 de setiembre del 2009, González y el Consejo Universitario aumentaron las anualidades del 3% al 5.5%”. Eso es inexacto,yo no estuve presente en la sesión del Consejo del 29 de setiembre, la cual aprobó ese incremento y tampoco firmé, en ese momento, el acuerdo señalado.
- Señala la citado editorial que, como consecuencia de esa acción, la Universidad de Costa Rica vive una situación insostenible financieramente, que esa medida atenta “contra la sostenibilidad financiera de la institución” y que “a corto plazo” “es una «amenaza» para la actividad sustantiva de la Universidad, es decir, el cumplimiento de su misión educativa”. Tremenda responsabilidad la que se me endosa; sin embargo, a pesar de que ese desequilibrio se viene pregonando desde el año de 2009, se reitera en 2013, 2014, 2015, 2018 y hoy de nuevo, la falsa alarma, de torcidas intenciones, como se sabe, no se ha concretado. Estamos ya en el 2021 y, contrariamente a la fatídica premonición, la UCR mantiene su equilibrio en las finanzas y no existe ningún déficit institucional. Aquí podemos citar, con un poco de ironía, el conocido texto de Zorrilla: “Los muertos que vos mataís gozan de buena salud”.
El día 22 de marzo, la UCR, le responde a ese diario y al país, lo siguiente:
“ La anualidad que reciben los funcionarios de la Universidad de Costa Rica tiene tendencia a la baja y en el 2018 fue de 1,94% para personas profesionales y de 2,54% para personas no profesionales. En la actualidad este monto es de 0%”.
Si el diario La Nación, utilizara de forma correcta los datos, podría ver, o a lo mejor eso no es posible, que “… para los últimos ocho años la proporción del gasto en salarios se ha reducido pasando de representar un 72%, en el 2012 a un 67,79% en el 2019, y para el 2020 el gasto corriente en salarios se redujo en más de ₡800 millones de colones. Para este año la proporción del gasto en salarios fue de un 71%, debido a la baja general en los recursos que financian a la educación superior. El año pasado el presupuesto de la UCR se redujo en más de ₡34 000 millones”. ( La UCR aclara publicación del diario La Nación, 22 de marzo). Una tendencia que se venía dando desde los años de 1990 y que no se detuvo en la última década; al contrario, como se deduce de la afirmación anterior llegó a estar más abajo del 70%. Esta proporción de equilibrio, como lo he señalado en otros momentos, es garantía generalizada de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. A pesar de las diatribas de este periódico, la UCR continúa con su quehacer académico sustantivo de indiscutible impacto en nuestro país.
Reitero lo dicho hace un par de semanas: “Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por regimen de mérito frente al salario base, y también que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior”.
En todo caso, por su madurez y por la misma autonomía que la Constitución le da, la UCR ha puesto autos en el propósito de enmendar y corregir cualquier situación que perjudique su cabal funcionamiento, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, consecuente con una Ley de empleo público. Para ello, creó una Comisión encargada de estudiar el esquema salarial de la Institución.
- También se meacusa de no haber escuchado la voz de la Oficina de Contraloría Universitaria ( OCU), la cual alertó sobre las consecuencias que la medida podría traer; pero lo que no menciona ese diario es que los dos estudios actuariales realizados, el primero, por el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, el Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica (2010) y, el segundo estudio, basado en el mismo modelo, pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, se hicieron para responder a las observaciones y dudas que habían sido señaladas por la OCU. Esos señalamientos si fueron atendidos y la Oficina de Contraloría participa del debate y la aprobación de la propuesta, en la Comisión de Administración y Presupuesto, como consta en el Acta de la sesión 5390 del CU, cuando se señala lo siguiente:
“Para el análisis del presupuesto institucional y el Plan Anual Operativo del año 2010, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión de Administración y Presupuesto (28 de septiembre de 2009), donde los miembros del Consejo Universitario analizaron cada uno de los documentos presentados por la Rectoría, con la participación de funcionarios y funcionarias de la Oficina de Planificación Universitaria (Licda. Maritza Monge Murillo, jefa de la Oficina; Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Sección de Presupuesto; Licda. Anabelle Mora Bonilla, jefa de Sección de Planeamiento, y Lic. Johnny Méndez Vargas, jefe de la Sección de Evaluación); de la Oficina de Contraloría Universitaria (Lic. Mario Zamora, Lic. Donato Gutiérrez Fallas, y M.A. Jorge Padilla, Contralor) y el Lic. Ramón Bonilla, Director Ejecutivo de la Rectoría. En esta reunión se discutió ampliamente el Plan-Presupuesto para el año 2010, donde surgieron inquietudes que fueron atendidas por la Administración y que complementa la información que anteriormente había sido presentada”. Como se desprende de los estudios y el análisis realizado, los cuales evidenciaron que el incremento era sostenible, contrariamente a la afirmación de la citada editorial.
- Por otra parte, quiero resaltar que lo que dice la editorial, en el sentido de que el incremento del año 2009 es una feliz iniciativa de quienes estábamos, en ese momento al mando de la administración superior de la Universidad, no es cierto. El diario omite que durante 30 años todas las autoridades universitarias nos opusimos al incremento del incentivo médico para el área de la salud , lo peleamos en los tribunales y, no fue sino por la resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), que se nos obligó a subir la anualidad al 5.5% para el personal, en principio de la Facultad de Odontología, y que tuvo que ser reconocida de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. En aquel momento, ya toda el área de la salud se preparaba para solicitar ese mismo incentivo, vía judicial y si lo ganaban (tenían un claro precedente) incluyendo el pago obligatorio retroactivo desde el año 1982, habría constituido una verdadera ruina para la institución.
La sentencia 655 del 12 de agosto de 2011, de la Sala Segunda, que según el editorialista viene a explicar lo obvio, señala: «Para poder acceder a esa clase de pluses salariales es necesario que el profesional, además de serlo en Ciencias Médicas, realice sus labores en un ente dedicado a la prestación de servicios hospitalarios».
Al contrario, la sentencia viene a ratificar el argumento de la UCR durante los 30 años que dura ese pleito: la UCR no es un centro hospitalario, por lo que la Ley de Incentivos Médicos no debía ser aplicada en la Institución. Eso es así, tanto para los odontólogos, médicos, nutricionistas, farmaceuticos etc, etc, como para cualquier profesional de otras disciplinas ajenas a la salud, ya que todas las personas que laboran en la Universidad lo hacen como docentes. Incluidos los funcionarios de la salud, quienes ejercen la docencia médica, pues las clínicas ubicadas en esa área son centros de enseñanza y no centros hospitalario.
La Sala comete un error en 2007 al fallar en contra de la Universidad, como lo viene a corroborar la sentencia del año 2011. Lo que la administración universitaria hizo en 2009 tiene que ver con un asunto de justicia laboral, remunerado de la misma manera a todo los que ejercían la misma función, es decir, la docencia.
- Ha insistido este periódico en su agresión al mandato constitucional de la autonomía universitaria y en influir en la Asamblea Legislativa en su propósito, en este embate que ya tiene vieja data, que lo vienen orquestando diversos poderes nacionales, sobre todo, desde el momento en que el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial suscribieron, en junio del año de 2009, un documento llamado Competitividad en Costa Rica, cuyo entramado ideológico ha venido sustentando los diferentes gobiernos nacionales y que, en relación con las universidades, señala que “Los mecanismos de financiamiento tradicionalmente usados en Costa Rica, combinados con la autonomía universitaria, limitan la capacidad del Gobierno para influir enormemente en el sistema”. Y fue a partir de ese momento que se empieza a actuar con mucha más prepotencia, buscando romper la autonomía universitaria y debilitar su financiamiento. Pareciera que ese es el propósito final de este periódico y de otras fuerzas políticas y económicas empeñadas en desacreditar a la UCR.
