Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. La historia que no debe repetirse

El historial de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, creada en 1999, muestra un complejo trayecto de cómo las cosas no deben hacerse en el ejercicio del poder y la autoridad pública.

El historial de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, creada en 1999, muestra un complejo trayecto de cómo las cosas no deben hacerse en el ejercicio del poder y la autoridad pública.

Surgida con la buena intención de despolitizar o despartidizar los nombramientos a cargo del Poder Legislativo en las cabezas de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Corte Suprema de Justicia, entre otros nombramientos relevantes, lo cierto es que una cosa han sido los buenos propósitos y otra la cruda realidad política.

Muchos recordamos hechos abusivos en esta instancia legislativa, pero recientemente el libro del Dr. Manuel Antonio Solís los ha sistematizado y documentado para la historia y para saber si algún día esta democracia será capaz de superar sus más acendrados vicios y sus más débiles sinrazones.

La Comisión ha definido tantas metodologías como procesos de designación ha habido en estos casi 20 años. Ha definido reglas del juego que han sido transgredidas sistemáticamente. Se han definido porcentajes muy distintos para asignar puntaje a unos “parámetros objetivos” (grados académicos, experiencia profesional, otros atestados), y se ha reservado siempre un “parámetro subjetivo” para una audiencia o entrevista a los postulantes, que se ha prestado para todo tipo de tropelías.

Así, se ha dado la más alta calificación a un candidato(a) mediocre para colocarlo en los primeros lugares de la nómina, y, a contrario, se ha llegado a la desfachatez de calificar con “0” a un excelente competidor para mandarlo a lugares relegados. Las reglas de la Comisión y la metodología han sido burladas impunemente cuando se han puesto a competir candidatos o candidatas con claras ventajas de entrada.

Se ha tratado de diputados o diputadas, o algún ministro, en busca de nuevos puestos públicos, que participan en concursos conducidos por sus “compas” de la Asamblea. O bien, se trata de postulantes estrechamente vinculados a quienes deben decidir por pertenecer a las cúpulas partidarias, tener vínculos familiares cercanos, ser asesores parlamentarios u otros.

Al menos dos nombramientos como cabeza de la Defensoría de los Habitantes se han definido de esta manera. Una diputada, esposa de expresidente de la República, participó también activamente en el nombramiento de la magistrada que supuestamente iba a integrar la Sala encargada del cercano juzgamiento de su marido.

La culminación de esta abierta burla a los procedimientos establecidos ha sucedido en los casos en que se ha terminado nombrando a una persona que no ha participado en el proceso mismo; es decir, no ha pasado por el filtro de la Comisión, se ha dado un acuerdo subterráneo y se ha impuesto por razones desconocidas –nos preguntamos si inconfesables– a una persona que no ha sido escrutada.

El caso más señalado de esta maniobra fue la designación, nada más y nada menos que en la Sala Constitucional, de un magistrado que tenía antecedentes disciplinarios y que deja en el ambiente la razonable duda de si, precisamente, no se sometió al procedimiento ante la Comisión para que no se valoraran esos antecedentes.

Ya en el Plenario, la cuestión más controvertida han sido los cuestionamientos y descalificaciones al trabajo de la misma Comisión. La apelación a que el Plenario es soberano, directo representante del pueblo y que, por tanto, puede nombrar a quien le parezca –cosa que en no pocas ocasiones ha sucedido– desconoce olímpicamente la recomendación de la Comisión y hace una designación antojadiza, con un costo económico y moral enorme para el cuerpo legislativo.

Ha sucedido también que al Plenario ha llegado una salo persona “ungida”, a veces dos, tres o hasta diez, con tal de obligar a la Asamblea a designar a alguien con apoyo subterráneo.

Igualmente, ha sucedido que se somete a votación en Plenario un recomendado sin ser presentado –cosa de la que, en su oportunidad, se han quejado algunos diputados o diputadas–, y hasta se ha recomendado el nombramiento de alguien del que no se cuenta siquiera con un currículum a mano al momento de su designación.

El tema de las reelecciones es otra historia para ser contada. La más accidentada ha sido la carrera reelectoral del Magistrado Jesús Ramírez. Fue uno de los que recibieron la recomendación para que no fuera reelecto por los informes de la Comisión de Narcotráfico (1986).

Sin embargo, habiendo recibido 37 votos en contra en 1993, para su primera reelección, ha sobrevivido a tres reelecciones más, convirtiéndose en todo un emblema de la ineficacia del control político en la historia de nuestra Asamblea Legislativa. La última vez, logró que ni siquiera se le llamara a rendir cuentas a la Comisión que conocía la prolongación de su nombramiento. Es inevitable preguntarse qué ofrecen determinados jerarcas judiciales que resultan tan privilegiadamente tratados por algunos políticos.

En fin, cuando se quiere subjetiva y arbitrariamente ayudarle a algún correligionario, en la Asamblea se han dado las condiciones para hacerlo sin ningún reparo. Al contrario, cuando se ha querido cobrar alguna cuenta pendiente, tanto la Comisión como el Plenario se han prestado para maniobras claramente indebidas o injustificadas.

Tal el caso de la no reelección del Magistrado Fernando Cruz Castro en 2012. Él acudió a la Comisión para su primera reelección, no se le hizo cuestionamiento alguno, y todo parecía un asunto de mero trámite.

Para sorpresa de todos –menos para quienes maquinaron a la sombra el zarpazo–, por primera vez en la historia del Poder Judicial costarricense, 38 diputados y diputadas votaron por no reelegir a un miembro de la Corte.

Se hizo una movilización inédita para lograr ese nefasto objetivo; incluso, se trajo a votar a una diputada con incapacidad médica. Eso también está en los registros legislativos y ahora en la obra del Dr. Solís Avendaño para vergüenza de quien la tenga. Fue solo un defecto en el procedimiento, pues esta decisión se tomó extemporáneamente; la Sala Constitucional enderezó el entuerto y hoy contamos, paradójicamente, con un nuevo Presidente del Poder Judicial.

No fueron razones válidas las que en su momento se esgrimieron para justificar el cese de la magistratura de don Fernando. Se habló, por parte de voceros legislativos, de “mandar un mensaje” a la Corte y a la Sala Constitucional (como si advertir o amenazar fueran medios lícitos o legítimos de una relación sana entre poderes republicanos). Además, se habló de que la Asamblea iba a seguir haciendo nombramientos de jerarcas que estuvieran de acuerdo con crear “un clima de negocios” (con lo cual sí nos acercamos a las verdaderas razones, semiocultas, que imperaron en aquél momento).

No sabemos si el “clima de negocios” a que se hacía referencia tiene en el fondo que ver con negocios tipo importación de cemento chino, que ha causado la crisis de credibilidad más honda en la reciente historia patria, o tiene que ver con fenómenos como los de Obredecht en gran cantidad de países latinoamericanos y del que por suerte nos libramos.

Lo cierto es que Cruz Castro se caracterizó durante toda su carrera por ser un juez independiente y sus votos en los distintos temas de la agenda complementaria al TLC tenían muy incómodos a ciertos sectores políticos, que no se conforman ya con tener la mayoría y el control de los órganos de control, sino que no admiten la disidencia y procuran borrarla del mapa, como en este caso lo intentaron.

Nos enfrentamos ahora a una nueva Comisión de Nombramientos, a una nueva metodología (que por cierto reserva un 40% de la nota total a la entrevista subjetiva, lo cual no es una buena noticia) y también a una serie de nombramientos que esperan turno, incluidas ocho vacantes en la Corte Suprema.

Nos jugamos, como nación democrática, el futuro de los próximos 20 años en la casa de la justicia. Las preguntas son dos: ¿Volverá la Asamblea Legislativa a burlarse de la ciudadanía atropellando las reglas que ella misma se impone para luego ser violentadas? ¿Contemplará esta ciudadanía pasivamente que en la casa de sus representantes se abuse y atropelle de decisiones trascendentales que nos afectan a todos?

Es hora de que la clase política entienda que el daño a las reglas democráticas y a la credibilidad de los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias es enorme cuando, por colocar amigos, se sacrifica a los mejores preparados para el desempeño de los más delicados cargos públicos.

0 comments

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!