Otorgar el título de ciudad es una concesión trascendental en países donde se respeta la Geografía y se toma en serio la disciplina del Ordenamiento Territorial (OT). En la educación secundaria se nos enseñan conceptos básicos de Estudios Sociales como el de “ciudad”, del latín civitas, como un espacio urbano asociado a los servicios y a la industria, es decir, no dedicado a actividades agrícolas, y que se diferencia de otros asentamientos menores por su densidad poblacional. Por eso, en muchos países los municipios se consideran ciudades cuando superan los 10.000 habitantes.
En Costa Rica, aunque el Código Municipal no lo indica, se aplica la Ley de División Territorial Administrativa (N°4366) para mantener la mala costumbre de dar el título de ciudad a la cabecera de cada cantón creado. De esa manera, encontramos una ciudad como San Pablo de Turrubares con unos 1.493 habitantes (a julio 2014). Esa costumbre ha creado expectativas electoreras, que encuentran respaldo en políticos locales e instituciones como el Ministerio de Planificación (Mideplan) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El nuevo Cantón de Monte Verde crearía una ciudad de 4.626 habitantes (para el 2011 contaba con 4.155 habitantes), y el cantón nuevo de Puerto Jiménez crearía una ciudad de 9.814 habitantes, divididos en cinco caseríos o distritos electorales, lo que debilitaría la situación demográfica del cantón de Golfito (este nunca alcanzó el 1% nacional recomendable).
El cantón de Río Cuarto daría el título de ciudad a una población de unos 12.663 habitantes (divididos en tres cabeceras distritales administrativas: Río Cuarto, Santa Rita y Santa Isabel). Si tomáramos este criterio de población mínima para crear cantones, tendríamos unos 375 cantones en todo el país, lo que generaría un caos de gestión municipal. Hoy es imposible ejecutar una política de descentralización, si hay una toma de decisiones “presidencialista” hacia los 84 municipios actuales. Es hora de poner tope a esos criterios e intereses político-electorales, con tendencia a la “atomización administrativa” y títulos de ciudad a poblados sin suficiente densidad poblacional ni vocación comercial o de servicios.
Si se tiene claro el concepto de “Región o Provincia” como un espacio subnacional autónomo y organizado en torno a una ciudad o capital regional, la creación de una nueva provincia podría considerar como parámetro demográfico la población de la provincia con menor población (Guanacaste con 342.702 habitantes al 2011) o el cantón de San José, el más poblado del país (con 318.444 habitantes a julio del 2014) para crear provincias o regiones. Tendríamos un estado administrado por unas 7 o 9 autoridades políticas, de alto calibre, que más se parecerían a gobernadores o Consejos de Desarrollo Regional (Coredes), apoyados en ligas de Municipalidades y la ley Nacional de Planificación N°5525.
Conviene rescatar la gobernanza provincial o regional, amputada por la Constituyente de 1949 y la Ley 4366 que congeló la creación de nuevas provincias. Al respecto, desde 1973, se propuso la regionalización del geógrafo alemán Helmuth Nuhn y el Ministerio de Planificación (Mideplan) generó órganos y autoridades importantes para la “democratización geográfica” y lograr una “reforma del Estado”, ágil y simple, basado en los dos subsistemas sustantivos de la Ley de Planificación Nacional, a saber: el subsistema regional y el subsistema sectorial. La gobernanza provincial es un tema olvidado en nuestra Constitución Política, que incluyó la autonomía municipal y las instancias de gestión para “los intereses y servicios locales en cada cantón”, pero olvidó la gestión regional o provincial. Además, el rango legal del decreto ejecutivo para la regionalización oficial de Mideplan nunca hizo vinculante su aplicación, ya que el artículo 12 de la ley de División Territorial Administrativa asigna esas funciones al Gobernador de la provincia y no a los Coredes creados por Mideplan. Tampoco la reciente Ley de Desarrollo Regional, de la Administración PAC, lo consideró. Esperemos que el “Observatorio del Desarrollo Regional”, que debería recaer en la Escuela de Geografía de la UCR, donde tuvo su génesis, enmiende esas desviaciones.
