En respuesta a las interpretaciones históricas seculares del pasado costarricense, que empezaron a publicarse desde finales del siglo XIX, surgieron versiones procatólicas dirigidas a condenar las reformas liberales de las décadas de 1880 y 1890 y a promover su derogación. Indudablemente, el autor más representativo de esta tendencia, antes de 1950, fue el arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez.
De 1950 en adelante, la “historiografía” procatólica creció y se dividió en dos círculos: uno alineado a la derecha y el otro a la izquierda del espectro político. Pese a esta división ambos comparten un interés común: resaltar el papel determinante que la Iglesia Católica habría tenido en el desarrollo de la sociedad costarricense.
Profundamente ideologizados, ambos círculos se caracterizan por un manejo selectivo de la evidencia histórica, de manera que tienden a dejar de lado los datos contrarios a sus puntos de vista, a sobredimensionar la información que parece respaldarlos y a descalificar toda interpretación del pasado del país que cuestione a la Iglesia Católica o a sus integrantes.
El pasado 13 de setiembre, el investigador Miguel Picado, perteneciente al ala izquierdista de esa “historiografía” procatólica, publicó en la sección Página Abierta del Diario Extra un comentario sobre mi libro Anticomunismo reformista, originalmente publicado en el año 2007.
Picado, en la mayor parte de su comentario, se refiere a una serie de procesos o acontecimientos que en el libro son considerados brevemente, ya que constituyen apenas antecedentes del tema de fondo: el desarrollo de un anticomunismo socialmente reformista a partir de la década de 1930. Al proceder de esta forma, Picado, en vez de confrontar los argumentos principales del libro, se va por las ramas.
En el resto del comentario, Picado defiende la versión de que un fallido intento golpe de Estado fue fundamental para producir la triple alianza (calderonistas, Iglesia Católica y comunistas) que apoyó la reforma social de inicios del decenio de 1940. Al hacerlo así, no considera toda la evidencia existente en contra de esta interpretación, incluidos los cuestionamientos planteados por Gustavo Soto, cuya obra La Iglesia costarricense y la cuestión social Picado cita como fuente de autoridad.
Al afirmar que el catolicismo social fue el principal motor de las conquistas sociales de la primera mitad de la década de 1940, Picado demuestra los límites ideológicos de esa historiografía izquierdista procatólica, que es incapaz de reconocer el papel jugado por las luchas de los sectores populares en el logro de esas conquistas.
Según Picado, el hecho de que en países vecinos el anticomunismo no produjera reformas sociales comparables a la costarricense se explicaría porque en Costa Rica hubo catolicismo social desde el siglo XIX. Tal explicación, sin embargo, adolece de dos graves problemas. Primero porque omite que la jerarquía de la Iglesia costarricense, hasta la década de 1940, adversó más que apoyó toda forma de catolicismo social; y segundo, porque lo que diferenció decisivamente la experiencia costarricense de la de sus vecinos no fue el catolicismo social, sino el desarrollo de una política democrática.
Tras la fundación del Partido Comunista en 1931, la Iglesia respondió a dicho desafío con su habitual intolerancia, que se expresó en llamados a las autoridades para que ilegalizaran a tal organización política, los cuales fracasaron al estrellarse contra las tradiciones democráticas costarricenses.
Fue precisamente porque los comunistas pudieron operar legalmente (a diferencia de lo que ocurría en otros países centroamericanos) y tuvieron éxito en las urnas, que en Costa Rica se configuró un anticomunismo reformista, inicialmente inspirado no en el catolicismo social, sino en el New Deal impulsado por la primera administración de F.D. Roosevelt (1932-1936).
De hecho, el propio arzobispo Sanabria, en una carta pastoral de setiembre de 1945, expresó que la doctrina social de la Iglesia “durante muchos años… permaneció ignorada por los más… Se pensó que la misión única de la Iglesia era predicar la conformidad a los pobres, o bien recomendar tan solo el cumplimiento de los deberes de la caridad a los que buenamente quisieran cumplirlos”.
Por si esto fuera poco, en ese mismo documento Sanabria reconoció que hasta 1943, “nuestra lucha [en materias sociales] tenía más aspectos de ‘anticomunismo’ que de ‘projusticia’”.
Sin duda, no deja de ser paradójico que Sanabria, siete décadas atrás, asumiera una posición más crítica en relación con la historia de la Iglesia Católica costarricense que la que Picado, en su afán por catolizar el pasado de Costa Rica, es capaz de adoptar en el segundo decenio del siglo XXI.
