En las últimas semanas han surgido discusiones importantes sobre la corrupción en el Estado y grandes empresas del sector privado, específicamente en obras viales, esto debido a una investigación realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que resultó en una serie de allanamientos en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Hacienda y una oficina de casa presidencial, así como en empresas constructoras, entre las que destacan Meco y H. Solis. Esto al ser acusadas por presunta malversación de fondos, cohecho, peculado, tráfico de influencias, entre otras, lo cual generaría un déficit de ¢78.000 millones, aproximadamente, entre el año 2018 y el año 2020.
¿Qué ha pasado con este caso y por qué se ha generado tanta indignación en la población costarricense? Al 26 de junio de 2021, 26 de las personas involucradas se encontrarían libres, cumpliendo con diferentes medidas cautelares, tras la negativa de la jueza Carolina Lizano a imponer prisión preventiva, la cual había sido solicitada por la Fiscalía para gran parte de esas personas. Además, la jueza impuso los montos de $3 millones de fianza para Mélida Solís Vargas y de $5 millones para Carlos Cerdas Araya.
Entiendo la indignación de las personas costarricenses, las cuales se han manifestado en redes sociales o han reflexionado en las reuniones familiares del domingo por la tarde, al realizar comparaciones entre este caso y las experiencias de personas empobrecidas que han sido sentenciadas de manera bochornosa por delitos relacionados con la subsistencia, como por ejemplo el robo de productos alimenticios. Se alegan también, que el pago de esas fianzas será realizado con el dinero de las y los costarricenses, del cual se apropiaron de manera ilícita por medio de la Ley General de Concesión de Obra Pública.
Es por ello por lo que, este caso permite comprender cómo se expresa la criminalización de la pobreza en el Estado costarricense, el cual persigue y encarcela a los sectores empobrecidos, a la vez que libera a ricos, como lo son Solis y Cerdas. Muestra de lo anterior son los datos presentados por el Programa Estado de la Nación (2017), los cuales exponen que “la mayoría de las personas condenadas con prisión efectiva proviene de grupos de población que viven en pobreza. En términos generales, los privados de libertad son hombres jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos” (p.265).
A partir de lo anterior, cabe aclarar que, no se hace referencia a que las personas pobres sean quienes cometen más delitos, sino más bien a que las cárceles constituyen espacios para la concentración de la pobreza, una pobreza que molesta e incómoda en el espacio público. En palabras de Waquant (2004), la prisión funciona como “(…) una máquina barredora de la precariedad” (p.143), “(…) como un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de la sociedad de mercado.” (Waquant, 2010, p.26).
Esto ha quedado demostrado en el caso “cochinilla”, pues permite visualizar que quienes tienen poder económico no tienen porqué compartir celdas con los llamados vándalos o chapulines de la periferia capitalista.
Reconocemos, entonces, para quiénes son las cárceles; serán acaso para los nadie, para los hijos de nadie, para los dueños de nada como diría Galeano (1989).
