Señor Presidente:
En las últimas décadas, los costarricenses hemos podido apreciar cómo en nuestro país se ha presentado una férrea resistencia a todo lo que se considere un cambio o apertura en reconocer y hacer valer los derechos de las minorías para ser más que escuchadas.
Y tal es el caso de las personas indígenas, afrodescendientes, discapacitados, migrantes y padres en potencia de niños probeta, además de las comunidades LGBTI, solo por mencionar algunos de los grupos más marginados en esta Nación. Por ello, su Gobierno se ha destacado y eso es de reconocer, en abrir el diálogo con esta parte de la población que por años ha sido discriminada y prácticamente excluida de casi toda agenda gubernamental.
Pero como es bien conocido por la ciudadanía, lamentablemente los proyectos de los gobiernos enfocados hacia las minorías y las iniciativas de la sociedad civil, al igual que una que otra propuesta parlamentaria en apoyo a los más vulnerables, la mayoría de las veces no logran avanzar más allá del discurso y terminan durmiendo el sueño de los justos en algún archivo legislativo donde el debate debe ser atizado para justificar el que hacer de los 57 diputados que ocupan tan honradamente las curules en nuestra Asamblea Legislativa.
Siendo lamentable que sectores internos al Gobierno como externos a este, no solo hagan oposición frente a cuestiones tan álgidas y urgentes de resolver que han dejado en el desamparo absoluto a estos costarricenses que una y otra vez deben recurrir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para hacer valer sus derechos; más allá de algunos diputados inoperantes los cuales entorpecen el avance de proyectos que incluso se han visto empañados por la ignorancia que profesan.
Con lo cual es primordial que se reforme el Reglamento de la Asamblea Legislativa por parte de los mismos diputados, instando Usted a aquellos que realmente quieran hacer honor a su cargo delegado por el Soberano, para impedirle a unos pocos el boicotear proyectos por razones ideológicas, religiosas y supuestamente “éticas y morales,” cuando en realidad ni siquiera conocen el significado y diferencia de estas palabras y mucho menos su aplicación y más bien son movidos por intereses de unos grupos sobre otros dentro del Plenario.
En un país que se vende ante el mundo como una de las democracias más antiguas de América Latina, respetuosa de los derechos humanos y la libertad de expresión y pensamiento aunque en realidad en voz baja, porque simplemente discrepar en lo evidente, es para algunos todo un conflicto que va desde lo político a lo religioso como esos gobiernos tan criticados allá en Medio Oriente por sus posturas y dogmas, no solo extremos y caducos, donde se impide la integración de unos y otros en la sociedad de la que también forman parte, al ser diferentes pero iguales.
Asimismo, en Costa Rica la democracia también está siendo avasallada por legisladores incapaces y nada comprometidos con el Pueblo, sino más bien con partidos políticos que se comportan como sociedades mercantiles que se mueven a lo interno y externo del Plenario cada vez más. Y donde cuestionar cualquier cosa se ha hecho un acto sumamente extraño en este país además de heroico, en una sociedad cada vez más “conservadora” en lo religioso y neoliberal en lo económico que requiere urgente una reforma constitucional que establezca la separación de la Iglesia y el Estado, para que no se vuelvan a repetir casos en donde la injerencia de la religión en la política fue más que evidente, más allá de la presión mediática que pretendió monopolizar el discurso sobre la destitución del antiguo Ministro de la Presidencia don Melvin Jiménez, a vista y paciencia de quienes pudimos apreciar que en realidad: “Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios…”