Señor Luis Guillermo Solís Rivera
Estimado, señor Presidente, me dirijo a usted de manera respetuosa para plantearle una solicitud puntual precedida de dos preguntas concretas relacionadas con la pesquería semi-industrial por arrastre.
Soy uno de esos 1,3 millones de costarricenses que depositaron la confianza en su persona para gestar el cambio que necesita el país y con el cual usted mismo se comprometió; cambio que incluso fue su eslogan y caballito de batalla en campaña. A propósito de retos y expectativas, pasemos ahora a uno en particular, el cual ha sido uno de los puntos débiles de su Administración: la gestión del sector pesquero.
Sin duda alguna, las pesquerías son sistemas hipercomplejos que requieren un abordaje comprehensivo y de gestión interdisciplinario; y en este tema, señor Presidente, desafortunadamente usted apoyó la escalera en un muro muy endeble y poco indicado. De entrada, incluso, confieso que la designación del jerarca de Incopesca no me hizo ilusión pues presagió más de lo mismo, y lo cual ha sido la tónica desde el nacimiento mismo de la figura de Incopesca: jerarcas sin formación para el cargo y peor aún, sin el mínimo conocimiento sobre pesquerías; políticos de oficio quienes hasta cuando van de salida es apenas cuando empiezan a entender algo del complejo panorama del sector pesquero.
Al respecto Señor Presidente, si tanto la academia apoyada en criterios técnico-científicos como también la casi totalidad de pescadores a pequeña escala de todo el litoral Pacífico costarricense (sector directamente afectado por flota arrastrera) ya han manifestado públicamente su rotundo rechazo al proyecto de ley que pretende reactivar la pesca arrastrera (Expediente 19. 838), me permito hacerle preguntas puntales:
¿En cuáles criterios fundamenta este gobierno su insistencia de continuar impulsando la iniciativa de reactivar la pesca arrastrera? La misma pesca de arrastre, que dada la débil institucionalidad costarricense alrededor de la actividad pesquera, es imposible gestionarla de manera sostenible.
Tanto en lo personal como en lo profesional, si a alguien siento representar es a los pescadores y a todos los usuarios que tienen en los recursos marinos sus medios de sustento de sus familias; en ello ambos tenemos total coincidencia. No obstante, estemos atentos a las miradas de interés corto y que sea el bien común el que esté por encima de los intereses particulares o gremiales.
Así, en caso que le hayan dicho que la actividad de la flota arrastrera semiindustrial y su desastre ecológico inherente se justifica porque mantiene y genera empleo en zonas deprimidas económicamente, entonces señor Presidente, ponderativamente infórmenos a los costarricenses por qué reactivar dicha flota arrastrera es un mal necesario.
¿En cuáles investigaciones o cuál es la fuente de los datos en que se apoyan dichos supuestos de necesidad para el bien común de la ciudadanía?
Señor Presidente, en lo referente a la pesca arrastrera y dicho en lenguaje popular, lo cierto es que con la técnica de captura por arrastre sale más caro el caldo que los huevos.
Los impactos sociales de la flota semiindustrial costarricense, lejos de generar empleo, dicha flota arrastrera más bien deteriora la fuente de sustento y de seguridad alimentaria de los pescadores a pequeña escala a todo lo largo del litoral Pacífico costarricense. La pesquería semiindustrial por arrastre es un sector decadente desde mediados de la década de los años 80 por una progresiva extinción de la renta autoinfringida dada la voracidad autodestructiva de su lógica extractiva.
En efecto, un estudio realizado por la Escuela de Economía de la UNA documentó que la flota camaronera semiindustrial desde la fase de captura hasta el proceso de comercialización, genera 590 empleos directos en la ciudad de Puntarenas, empleo en su mayoría de tipo temporal, a tiempo parcial y con remuneraciones muy por debajo del salario mínimo mensual estipulado por la legislación costarricense.
Por otra parte, datos preliminares de otra investigación en curso, han registrado que la flota pesquera a pequeña escala de recursos bento-demersales (la flota directamente afectada por flota arrastrera) genera 1.276 empleos directos, ello solo en la fase de captura (ello sin considerar los encadenamientos que genera en el proceso de acopio y la comercialización); pescadores de comunidades costeras que históricamente han sufrido los nefastos efectos que la flota arrastrera ha causado a sus tradicionales espacios de uso pesquero de los cuales depende su seguridad alimentaria; pescadores residentes en 16 comunidades costeras pertenecientes a 10 cantones costarricenses.
Dicho esto, señor Presidente, mi solicitud es puntual: el retiro de la Asamblea Legislativa del borrador del Proyecto Nº 19. 838. Tenga usted la certeza que el bien común y la Patria se lo agradecerán.
