Los Programas Institucionales de Acción Social son instancias que aportan desde hacen más de tres décadas a la articulación entre la Universidad y la Sociedad; además, actúan como catalizadores dentro de la misma universidad e instituciones estatales, tejiendo una red de incidencia que se hace evidente en los éxitos y reconocimientos recibidos.
Por casualidad, nos enteramos en diciembre pasado que se estaba creando un Reglamento (R-273-2019) para regular los Programas Institucionales sin tomarnos en cuenta, según se publicó en el Semanario Universidad (03-12-19). El Reglamento propuesto no retoma nuestra experiencia o aprendizajes, más bien busca anexar y centralizar los nuevos programas a la Rectoría. Al mismo tiempo, de manera irreflexiva y sin esperar a la finalización del proceso de consulta al Reglamento, se empezó a generar una serie de medidas administrativas y unilaterales para sacar a los programas de la Vicerrectoría de Acción Social.
Desde ese momento, nos hemos organizado para dar respuesta a la propuesta del Consejo Universitario con respecto a los Programas institucionales, al mismo tiempo que se nos exige que cumplamos con medidas que buscan anexar los Programas a las unidades académicas. Esto implica que los Programas se vuelvan disciplinares al imponer términos administrativos que entorpecen los procesos de trabajo multidisciplinarios de los mismos.
Esta propuesta tiene entre sus justificantes reuniones con algunos programas realizadas en 2011 y 2013 con objetivos muy distintos al documento en consulta en el 2019. Es por esta razón, y como una forma de impugnar la misma, que se reactiva la figura del Consejo de Programas de Acción Social, planteado por la anterior vicerrectora de Acción Social.
A la fecha tenemos un documento trabajado desde los Programas de Acción Social, el cual es fundamental compartir con nuestras poblaciones, comunidades y personas usuarias. Algunos programas –como el caso de Kioscos–, por las nuevas regulaciones administrativas y recorte de personal, no han podido normalizar sus actividades usuales a la fecha. El PIAM y el Programa de Educación Abierta estaban por iniciar sus cursos en marzo, pero fueron suspendidos debido a la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19. A los Programas no se les autorizó hacer nombramientos de estudiantes en verano y para el I ciclo 2020, se bajaron las horas asistentes o se cambiaron por horas estudiante, otros tuvieron cambios en el número de plazas que dejaron a los funcionarios sin vacaciones y sufrieron rebajas en sus presupuestos de apoyo.
Entre las actividades que programamos para darle contexto a esta discusión están debates, programas de radio, foros, pasacalles y otras actividades. En una ocasión invitamos a la actual vicerrectora de Acción Social a debatir públicamente sobre la situación de la acción social, pero declinó su participación. Finalmente, algunas de estas actividades tuvieron que suspenderse por la emergencia nacional; en ese caso, la idea inicial de consensuar esta propuesta alternativa de Reglamento con la comunidad universitaria, los sectores y poblaciones directas de los diferentes Programas no ha sido posible.
Sin embargo, los plazos de consulta establecidos por el Consejo Universitario, a pesar de esta realidad que como país nos afecta, transcurren sin ningún cambio; es decir, a pesar de la suspensión de labores establecida en la Universidad y de la reorganización de muchas de las actividades programadas, la fecha del 31 de marzo sigue aplicando como el plazo límite para esta consulta. Sin poder informar a todas las personas usuarias de nuestros Programas, principales interesados de esta consulta, del contenido final de la propuesta trabajada.
Es en este contexto que le solicitamos al CU que extienda dicho plazo a un mes adicional a partir de la normalización del quehacer en nuestra Universidad. Así podrá enriquecerse la propuesta con la consulta necesaria y este Consejo tendrá un insumo adecuado y consensuado con los beneficiarios de los Programas, para fortalecer el accionar de estos importantes espacios que tienen la función de oxigenar y retroalimentar a través de acción social, la investigación y la docencia, trabajando prioritariamente con poblaciones y espacios vulnerabilizados de nuestro país.
