En la madrugada del 24 de junio de 1979, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por mayoría absoluta una resolución en la que se condena el régimen de Anastasio Somoza y se pide su reemplazo definitivo e inmediato, así como un plan de pacificación a base de un gobierno representativo, la garantía de los derechos humanos para todos los nicaragüenses y la realización de elecciones libres.
La propuesta votada dice en uno de sus considerandos: “la conducta inhumana del régimen dictatorial imperante en ese país es la causa fundamental de la situación dramática que atraviesa el pueblo nicaragüense”. Se indica que la solución del problema corresponde exclusivamente al pueblo nicaragüense, pero que, desde el punto de vista de los ministros de Exteriores de la OEA, debería estar inspirada en las siguientes bases: 1) exclusión inmediata y definitiva del régimen somocista; 2) instalación en Nicaragua de un gobierno democrático, cuya composición reconozca la contribución que han efectuado los distintos grupos dentro del país en la búsqueda del reemplazo al régimen de Somoza; 3) garantía de respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses y 4) realización de elecciones libres a la mayor brevedad que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de la observación in loco llevada a cabo del 3 al 12 de octubre de 1978, elaboró su informe, el cual fue publicado el 17 de noviembre de 1978 y presentado en la Decimoséptima Reunión de Consulta el 18 de diciembre de ese mismo año, cuando ese órgano volvió a reunirse. La Reunión de Consulta aprobó el 23 de junio de 1979 una resolución que, por primera vez en la historia de la OEA y quizás por primera vez en la historia de cualquier organismo internacional, declaró como carente de legitimidad a un gobierno en el poder de un estado miembro de la organización, basándose en las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por ese gobierno contra su propia población.
En la actualidad, 39 años después, los nicaragüenses enfrentamos una situación similar. Hay un gobierno dictatorial que, de acuerdo al informe de la visita de observación in loco de la CIDH del 17 al 21 de mayo de 2018, ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza de parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa, y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana. La CIDH condena enfáticamente estas acciones de parte del gobierno de Ortega e insta al gobierno a implementar 15 recomendaciones.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó hace pocos días que la solución a la crisis en Nicaragua, sacudida desde hace un mes por protestas antigubernamentales que dejan al menos 76 muertos y más de 800 heridos, “debe ser electoral”. El 21 de octubre de 2016 se firmó un Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA sobre temas político-electorales en Nicaragua. Sin embargo, hace un mes la situación en Nicaragua dio un giro que hizo explotar el acúmulo de inconformidades y abusos de parte del gobierno de Ortega, y parece ser que el Secretario Almagro ha dejado a un lado los antecedentes de violaciones de los derechos humanos y los fraudes electorales en los más de 20 años de gobierno de Ortega.
Las circunstancias actuales no pueden y no deben ser vistas de forma indiferente por los gobiernos americanos representados en la OEA. Urge que los presidentes de los países de América instruyan a sus Embajadores a solicitar una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA y que, fundamentados en el informe de la CIDH, convoquen a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia de la Asamblea General de la OEA y tomen una resolución similar a la de junio de 1979, ya que las causas y las condiciones son exactamente iguales. Esta resolución evitará que se siga derramando sangre de hermanos nicaragüense, devolverá la libertad, la justicia, la democracia y la paz al pueblo nicaragüense, y nos permitirá cumplir ese sueño ansiado de que algún día Nicaragua volverá a ser República.
