El 26 de febrero fue liberado Carlos Andrés Pérez, quien fuera preso político del gobierno de Carlos Alvarado. Su libertad fue producto de la lucha democrática de los sindicatos y organizaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DDHH). Fue un triunfo por defender las libertades democráticas y el Estado de Derecho que estaba siendo pulverizado por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
La sentencia con la que se libera a Carlos Andrés confirma todas las denuncias hechas por el movimiento sindical: “el Tribunal de Flagrancia se constituyó unipersonalmente [debía ser colegiado] (…) el juez Céspedes: 1) no fue separado del conocimiento del proceso pese a que (…) había sido denunciado por el abogado defensor. 2) omitió valorar una importante cantidad de prueba y argumentos (…) 3) le impuso a Pérez Sánchez una inhabilitación para cargos públicos por 10 años que no está prevista para el delito de daños por el que se le condenó (…) 4) omitió toda referencia a penas sustitutivas que podían usarse (…) se le denegó al acusado el beneficio de ejecución condicional de la sanción sin una motivación razonable (…) 5) de oficio, le impuso al acusado un monto mayor de pena que el solicitado por los acusadores y ordenó su prisión preventiva sin motivo legítimo para ello, pues el peligro para la víctima, en que se basó, alude a personas físicas y no jurídicas como Recope [el peligro de reiteración delictiva] no se motivó ni lo acepta la Corte IDH”
Concluye señalando: “Pocas veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso y a una sentencia cargada de tantos y tan graves errores en la aplicación del derecho vigente como la presente”. Finalmente el Tribunal de Apelación pidió al Tribunal de la Inspección Judicial abrir un procedimiento contra Sergio Céspedes Rivera.
¿Qué explica este proceso pocas veces visto y cargado de tantos y tan graves errores? Explica que Carlos Andrés Pérez estaba siendo perseguido por ser un huelguista y estaba siendo falsamente acusado. Que era un juicio político y Carlos Andrés un preso político.
Carlos Andrés en sus declaraciones ha demostrado que más bien su intención era evitar una desgracia que podría haber ocurrido, por el manejo irresponsable y la impericia con que la patronal y el gobierno estaba dirigiendo Recope con tal de romper la huelga.
Sin embargo, “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”. Aún falta mucha justicia por restaurar. Zoila Rosa Volio, diputada de Partido Integración Nacional (PIN) dijo el 13 de Febrero en el parlamento: “Carlos Pérez no es un preso político, este señor es un delincuente, tan delincuente es que puso en riesgo a Matina cuando hizo su acto de terrorismo”. Nunca se desdijo de su miserable calumnia, como todas las cobardes que criminalizan a los que luchan no tendrá la valentía de renunciar a su inmunidad para defender sus palabras frente a la justicia.
No obstante, en la lista sigue Carlos Arguedas empleado del diario La Nación S.A. quien mencionó el 27 de noviembre de 2018: “El trabajador fue descubierto in fraganti en el sitio del sabotaje (…) pero fue detenido a unos 400 metros de distancia, cuando intentaba escapar”. Sus palabras eran falsas, tampoco se ha disculpado, ni rectificado.
Sebastián May Grosser, empleado de Delfino.cr señaló el 26 de febrero de 2019 (ya conociendo la sentencia) que Carlos Andrés fue: “sorprendido dañando válvulas de esferas de almacenamiento de gas de RECOPE durante la huelga sindical contra el plan fiscal”. ¿Cuáles son las pruebas de esa aseveración, si la sentencia dice lo contrario?
El Semanario UNIVERSIDAD, ha visto para otro lado. Carlos Andrés Pérez merecería una entrevista a profundidad (como las que recibe Rocío Aguilar), los lectores del Semanario merecemos leer la versión de Carlos Andrés. Quienes dirigen el Semanario, no lo consideran así.
Organismos que deberían defender los DDHH como la Defensoría de los Habitantes, también callaron y más bien suman su voz para criminalizar las huelgas, es decir, apoyan que muchos trabajadores sufran las injusticias que vivió Carlos Andrés Pérez.
