Los planes de gobierno y debates de candidatos presidenciales abordan una ínfima parte de la problemática asociada con la sostenibilidad de recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura en el país. Parece que ambos candidatos no son conscientes de la crisis que sufren las pesquerías en Costa Rica y el potencial socioeconómico que representaría el desarrollo de proyectos acuícolas responsables.
El Partido Restauración Nacional (PRN) no aborda el tema de pesca y acuicultura en su plan de gobierno, aunque el candidato de este partido, luego de sostener reuniones con gremios de la industria pesquera, ha dicho que dejaría la dirección del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a una persona que tuviera “sensibilidad” (suponemos que sensibilidad social). Además, ha dicho que quién dirigirá Incopesca deberá ser una persona del mismo sector que “conociera del tema”. Estas aseveraciones son preocupantes, porque quieren decir que el candidato no tiene claro cuáles son las limitaciones que han impedido avanzar en el buen manejo de los recursos pesqueros y el desarrollo de sistemas acuícolas nacionales. No es consciente que lo que propone es precisamente lo que ha prevalecido en la estructura de la Junta Directiva de Incopesca: posiciones gremiales por sobre aspectos científico-técnicos; estos últimos muchas veces ausentes y/o de baja calidad. Tampoco es consciente de que se requiere una reforma impostergable a esta institución, en cuya estructura prevalezca la toma de decisiones basada en estudios científicos que den viabilidad a la implementación de acciones en procura del aprovechamiento sostenible y recuperación de recursos pesqueros, en beneficio de todas las familias que dependen y dependerán a futuro de esta actividad.
El plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) aborda el tema de pesca pero no el de producción acuícola. Se podría decir que su propuesta llega a rozar “la punta del iceberg” del tema pesquero. Sin embargo, hay desconfianza de que el continuismo y las promesas incumplidas sean factores que empañen acciones planteadas; se siga disfrazando la usencia de certidumbre científica mediante un discurso de “pesca sostenible” y se sigan dando procesos distorsionados a favor de ciertos gremios (por ejemplo, las cuestionadas “nuevas” licencias para pesca de arrastre) por sobre consejo científico-técnico de universidades y expertos. Con esto, se deja de lado la sostenibilidad a largo plazo de hábitats, recursos y soluciones integrales que atiendan al bien común.
Esperemos que el futuro presidente, en vez de fomentar clientelismos y elegir a dedo a personas sin competencia en dirigencias ejecutivas, se informe y elija, mediante un procedimiento de selección profesional, expertos que lideren la reforma a Incopesca. El reto es enorme: comprende la adaptación de la actividad pesquera a complejos procesos biofísicos marinos que han incidido en la disminución de especies de interés comercial; el reconocido agotamiento de recursos pesqueros producto del aumento histórico de una capacidad pesquera que ha operado con pocos controles (por ejemplo, cuotas de captura, moratorias); la búsqueda de financiamiento para relanzar la producción acuícola y la concertación entre grupos de interés y gremios que ayuden a impulsar planes de manejo con indicadores cuantificables, entre otras.
Esperemos que la innovación a Incopesca incluya una reforma a la desactualizada Ley de Pesca y Acuicultura, que, entre otras inconsistencias, mezcla la pesca y la acuicultura como si fueran sistemas idénticos, sin considerar las diferencias de índole entre ambos. El primero es un sistema abierto y con grandes niveles de incertidumbre dada las dinámicas del ciclo de vida de especies y variables ambientales, así como de la dinámica de flotas pesqueras. Es segundo está representado por sistemas cerrados o semicerrados, donde la mayor parte de insumos pueden ser humanamente controlados, por lo cual es acertado manejarlos bajo paradigmas de producción y maximización de la renta.
Esperemos que finalmente se promueva un manejo integral y cauteloso de las pesquerías del país; se aplique el principio precautorio al planificar las repercusiones de medidas de manejo en los medios de subsistencia de comunidades pesqueras vulnerables y se de peso al desarrollo de una acuicultura marina y de aguas continentales responsable y socialmente inclusiva, en beneficio de quienes han hecho de los ambientes acuáticos un medio de subsistencia y un estilo de vida.
*Versión con referencias en http://bit.ly/2FNN1P6
