Cambio político y gobernabilidad democrática

   

El discurso de la gobernabilidad fue acuñado a mediados de los años 70 del siglo pasado por la Comisión Trilateral, en la que participaban reconocidos cientistas sociales de orientación conservadora (entre ellos, el politólogo Samuel Huntington). La propuesta desarrollada por esta comisión era una reacción a las movilizaciones sociales de los años 60, en particular a las de mayo 68, y también una respuesta a la profunda crisis del Estado de bienestar y del sistema capitalista mundial, que se iniciaba en esos años y se profundizaría en los 70. En síntesis, para los autores de la Trilateral las democracias occidentales avanzaban hacia una situación de ingobernabilidad y anomia social como consecuencia de una sobrecarga o exceso de demandas de la sociedad hacia el gobierno.Es decir, el origen recaía en las crecientes demandas sociales y ciudadanas que había estimulado el Estado de bienestar. Obviamente, ese discurso tuvo una respuesta crítica, que apuntaba más bien a la erosión de la legitimidad del sistema político y a la incapacidad de los gobiernos para enfrentar los problemas sociales que se vivían.

En el caso de América Latina, este discurso irrumpió de manera posterior, en los 80, con el impulso de los programas de Ajuste Estructural, que depositaban la responsabilidad de la crisis económica que sufrían nuestros países en el supuesto populismo de los gobiernos de aquella época. Para ponerlo en términos de la élite neoliberal, se había permitido un excesivo crecimiento del sector público que, de por sí, es ineficiente. La receta para solucionar la crisis: privatización y liberalización, agenda condensada en el denominado “Consenso de Washington”.

¿Costa Rica ingobernable?

En el caso nuestro, durante los últimos ocho años, los gobernantes de turno han insistido en el carácter ingobernable del país. Con esta expresión se referían a los obstáculos y resistencias que tanto en la Asamblea Legislativa como fuera de ella, encontraban las propuestas de política, las acciones y los proyectos de ley impulsados por el Gobierno y por el partido oficial. La no aceptación ciudadana era la supuesta causa de la ingobernabilidad. Pero estos proyectos y políticas no habían sido discutidos y mucho menos consensuado con los partidos de oposición y mucho menos, con la ciudadanía costarricense.

El partido dominante, el PLN, no ha procesado y entendido que la sociedad costarricense ha cambiado de manera profunda. Ese partido ha seguido haciendo política de manera tradicional: vertical, excluyente, con arreglos cupulares en la mayoría de las ocasiones orientados a favorecer intereses de poderosos grupos económicos.  

Mientras tanto, la transformación del país se reflejó en el sistema político, en dos aspectos centrales: primero, en estos años pasamos de una estructura bipartidista a un sistema multipartidista moderado, debilitando el tradicional régimen presidencialista.

Segundo, tenemos una ciudadanía cada vez más activa y demandante de participación en la orientación de las políticas públicas. Ello se refleja en la calle y en las redes sociales. Sin embargo, este dato de la realidad tampoco fue asumido por los dos últimos gobiernos, para los que las demandas ciudadanas no existieron.

La consecuencia de esta incapacidad de reconocer el cambio que vivía el país fue lo que impidió la adecuada canalización de las demandas ciudadanas y la creciente conflictividad social. Es decir, lo que la versión oficial llama ingobernabilidad es, desde esta perspectiva, incapacidad de gobernar.

El nuevo contexto: una oportunidad para la gobernabilidad democrática

El nuevo escenario que resultó de las rondas electorales de febrero y abril plantea una oportunidad para impulsar una nueva forma de construir gobernabilidad. Por primera vez en muchos años, existe la posibilidad de construir una gobernabilidad democrática.

Dos principios deberían orientar esta nueva gobernabilidad: por un lado, la transparencia y la rendición de cuentas efectiva y permanente, y, por otro lado, la incorporación de la participación ciudadana en la política pública.

Lo sucedido el 1 de mayo en el Congreso da una idea de la complejidad de esta nueva etapa, pero también evidencia que es posible avanzar en una dirección positiva. Así, si bien hay nueve fracciones partidarias y ninguna con la mayoría absoluta, el PAC, el FA y el PUSC fueron capaces de construir acuerdos que les permiten tener el control del directorio y de la gestión del parlamento, incluyendo la agenda de los proyectos por aprobar.

Que estos partidos tuvieron la capacidad y claridad de entender la importancia de constituir este bloque parlamentario, derrotando de manera contundente al PLN, abre la posibilidad de una agenda legislativa con prioridades distintas a la de los últimos treinta años. No es un tema menor. Cuidar y fortalecer esta alianza es un desafío estratégico.

Asimismo, cabe mencionar la oposición ciudadana, dentro y fuera de los partidos, a la posibilidad de que el PAC concretara una negociación con los partidos cristianos, lo que hubiera podido condicionar la agenda parlamentaria a la postergación de temas claves para la población LBGT. Esta reacción contribuyó a revertir y evitar cualquier negociación en esa dirección. Es evidente que la ciudadanía activa y su lógica de incidencia en la política pública llegó para quedarse.

Por ello, concluyo que los elementos que caracterizan el nuevo contexto abren la posibilidad de un cambio político de largo aliento que permitirá la construcción de una gobernabilidad democrática.

 

 

 

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