La dinámica poblacional le ha proporcionado al país la coyuntura histórica denominada “bono demográfico”, en la cual existe más población entre los 15 y 64 años que “dependiente” (menores de 15 y mayores de 64). Se estima que en 1966 por cada 100 personas de 15 a 64 años había 104 en edad de dependencia, la más alta entre 1950 y el 2100. Lo anterior determinado por los altos niveles de fecundidad de los años sesenta.
Una vez que esa relación alcanzó el valor de 68,3 en 1990 ha disminuido de forma sostenida propiciando la aparición del bono, donde el país ha tenido la oportunidad histórica para replantear la inversión social, específicamente en sectores como salud y educación, fortaleciendo el sistema de pensiones y la rectoría estatal en población adulta mayor, recaudando más y de mejor forma los impuestos, replanteando la planificación urbana, entre otros aspectos.
Sin embargo, los gobiernos de turno han desaprovechado dicho contexto, aún teniendo información estadística y análisis de especialistas de altísima calidad. No han valorado sus beneficios y mucho menos los riesgos de dejar pasar este bono. De hecho, en la más reciente campaña electoral ninguno de los candidatos ni por asomo mencionó el tema, lo cual demuestra lo invisibilizado que está, quizás por ser tan complejo y que supondría la toma de decisiones difíciles y fuertes.
Tanto para el 2016 como para el 2017 la relación de dependencia demográfica será de 43,4; la más baja que se calcula en la historia del país. A partir de ahí, la relación comenzará a aumentar progresivamente gracias una fecundidad baja, una desaceleración de la inmigración, aumento en la emigración y, especialmente, al envejecimiento de la población. Por ejemplo, las personas nacidas durante el “baby boom” entre los años 50 y 60, al tener una alta sobrevivencia, especialmente en mujeres, ya comienzan a acercarse o a llegar a la adultez mayor.
En 2017 el porcentaje de población de 65 años o más será de 7,9% y seguirá aumentando paulatinamente, año a año, hasta el 2083. Esto es un reto fundamental para la atención y prevención de la salud, pues en adelante Costa Rica cada vez se enfrentará a un perfil epidemiológico más complejo y, además, oneroso. Por ejemplo, no es la misma atención en salud para enfermedades infectocontagiosas que el alzhéimer o el cáncer, además que la población nacida en 1970 o antes en el 2035 habrá duplicado el actual porcentaje de población de 65 años o más, al alcanzar el 14,9%. Se proyecta que para el 2059 la cuarta parte de la población del país tendrá 65 años o más, es decir, dentro de 44 años una de cuatro personas serán adultas mayores, habiendo nacido en 1994 o antes.
Todo esto parece ciencia ficción, pero no es así, pues se fundamenta en las estimaciones y proyecciones de población oficiales, elaboradas por el INEC y el CCP. Lo cierto es que la evidencia demográfica demuestra que el Estado va a comenzar a perder la opción que ha tenido y, según las proyecciones que incluyen hasta el año 2100, no retornará y sus consecuencias no tendrán miramiento ante la visión de corto plazo que caracteriza a las clases gobernantes del país.
Si Costa Rica fuera una persona sería algo atroz, pues aunque envejece cada día su “sentido político” pensaría y tomaría decisiones como si todavía tuviera 20 años. Como el espejo le advierte otra cosa todos los días entonces resuelve mirarlo solo para asuntos estéticos y no de fondo. No acepta que lo que observa le parece complejo e irreal. Más que verse al espejo y tomar decisiones sobre ello aún preferiría las patinetas, la ropa de marca y las fiestas de Palmares, mucho más que su salud y su futuro.
