Si el Sistema de Áreas Protegidas hoy se encuentra en un claro retroceso, el panorama fuera de estas zonas es un deterioro casi irreversible. La sequía, el cambio climático y el agotamiento de los recursos están evidenciando este salto al vacío.
En vez de procurar revertir este contexto, más bien lo profundizamos consumiendo a cuentagotas el patrimonio con una serie de políticas, propuestas, proyectos y leyes que de ponerse en práctica terminará con el sistema de conservación.
Si se hace un repaso por este laberinto de eventos en que nos meten los poderes Legislativo y Ejecutivo, podemos reconocer la crisis en la que nos encontramos:
Hace menos de un mes, se aprobó una ley inconstitucional, advertida por Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. La Ley 9.373 de moratoria en zonas especiales: Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado suspende durante dos años desalojos, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos. Esto implica legalizar todos los megaproyectos que han ido usurpando estas zonas (Fecon, 15-7-16).
Un proyecto similar, La Ley pro titulación de la zona fronteriza (exp. Nº 14.134), que pretendía liberalizar la franja fronteriza del dominio público, fue declarado inconstitucional (sentencia 2014-18.836). Otras iniciativas fracasados son: Modificación de los Límites de la zona protectora Tivives (exp. Nº 14673), la Ley de Protección del Hábitat de la Tortuga Baula en Costa Rica (exp. Nº 16.915) y una de Explotación geotermia en áreas protegidas (exp. N. º 19.233).
La Ruta 257 al Megapuerto destruyó y redujo parte del Humedal Cariari en Moín, sin que existiera una ley especial. Un criterio compartido por los abogados de Setena, pero fueron obviados finalmente por Setena y Minae. Hoy se anuncia una pista de oro para proteger un humedal que ya fue impactado, y para beneficiar las operaciones de APM- Terminal.
La Trocha fronteriza se trazó en un Área Protegida (Decreto N° 22.962) que abarca el corredor fronterizo de dos kilómetros a lo largo del río San Juan. Precisamente, el trazado de la calle aprovechó esta condición para no tener demoras por expropiaciones, derechos de vía, etc. Mediante un decreto de emergencia se evadió El Estudio de Impacto Ambiental de la obra. Dicha falta fue señalada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Para generalizar y legalizar estos casos como la Trocha o Ruta 257, que podría terminar en condenas penales por violaciones jurídicas ambientales tan groseras y evidentes, el presidente Solís y el MOPT presentaron un proyecto (exp. N º 19.899) que pretende reformar la Ley de Caminos, para dar autorización de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegida. Queda en evidencia cómo quieren beneficiar aun más a las compañías que mantienen un monopolio en la construcción y mantenimiento de carreteras.
Esta ley estaría más bien incentivando la realización de carreteras dentro de áreas protegidas, pues solo con cumplir con un simple Estudio de Impacto Ambiental ante la Setena – institución debilitada y laxa porque “todo lo aprueba”-, ya tendría todos los permisos cumplidos, sin necesidad de expropiar. Recordemos antecedentes de proyectos como: Ruta 27, San Ramón y San Carlos, con nuestra débil legislación ambiental. No se han podido anticipar y mitigar muchos de los negativos impactos socioambientales. Ahora imaginemos los impactos de estos proyectos dentro ecosistemas más vulnerables.
Otra mala decisión del gobierno pasado promovió y aprobó la ley nº 9.205 sobre la titulación de propiedad Japdeva (impugnada por Fecon y Sitraminae), para desafectar áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y ocho zonas más, sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados, facilitando la industrialización de la Costa Caribe.
Pero las amenazas no acaban ahí, en la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más “sobreconcesiones” para la agroindustria, Senara está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte del sitio de importancia Ramsar, para hacer el embalse río Piedras, siguiendo el mismo modelo de ineficiencia e injusticia hídrica.
La expansión de los monocultivos, en el caso de la piña, está cercando y acabando con Caño Negro y áreas de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad en el Pacífico Sur. La feroz expansión de Palma ya está dentro del Parque Nacional Manuel Antonio y recientemente se denunció la siembra dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado (Fecon, 13-2-16). Mientras en la expansión de caña de azúcar hay que señalar la posible responsabilidad de sus quemas de producción, en la propagación de incendios forestales que acaban con miles de hectáreas de áreas protegidas.
Este Gobierno abandonó a la idea de crear un Área Protegida en Playa Moín. Por el contrario, con la Ruta 257 se abrió la puerta a la destrucción e industrialización, deshonrando la causa por la cual Jairo Mora fue asesinado, pues sus datos lograron demostrar que esa playa es uno de los sitios de mayor anidación tortugas Baula en el país.
En las áreas marinas protegidas, el Incopesca y el Sinac son responsables de burlar el principio precautorio por la exportación de aletas de tiburón que posiblemente fuera pescado ilegalmente en la Isla del Coco y con combustible subsidiado. Mientras el Viceministro de Aguas y Mares aseguró que se trata de una percepción errónea, la de los guardaparques que denuncian habitualmente y con evidencia contundente de que hay pesca ilegal en ese importante y prestigioso Parque Nacional (Fecon, 11-3-15).
Estos son claros ejemplos de que existe una intención de deteriorar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica, de ir comiéndose a poquitos y a mordiscos lo que ha costado tres generaciones de ahorro en recursos naturales en este país, y que de paso nos ha dado el prestigio ambiental mundial hoy también en entredicho.
Nuestro país involuciona veloz su Sistema de Áreas Protegidas. Sigue anclado en políticas conservacionistas obsoletas que ni se están cumpliendo, y crea nuevas áreas en el papel y “de fiado”, sin un solo cinco y sin protegerlas verdaderamente.
Mientras crece la tendencia a revertir los logros y echarlos abajo, le toca ahora el turno a la sociedad para movilizarse y proteger su patrimonio y no dejarse despojar el futuro a los que vienen.
