Ante la desinformación contenida en el Semanario UNIVERSIDAD, del 12 de enero, suscrito por la periodista Monserrat Cordero, aclaramos que la metodología para fijar las tarifas de autobús se mantiene vigente y la Aresep la aplica de manera rigurosa según el proceso establecido.
No es cierto lo que indica la periodista en su artículo que la metodología está “congelada” o que la aplicación es “parcial” y mucho menos que esa situación se da por presión de los autobuseros.
En nuestras declaraciones fuimos muy claros, reafirmando la autonomía de la Aresep, a pesar de ello, la periodista Cordero, mal informa a la ciudadanía al decir que “la presión de las empresas han logrado frenar el cambio casi totalmente”.
Esta metodología de autobús está vigente, desde agosto de 2016 la Intendencia de Transportes elaboró un plan de implementación, el cual ya se aplicó a la empresa Cesmag, que opera en el sector de San Pedro; y se encuentran en proceso la ruta 706 en Cariari de Guápiles y la 644 que funciona en Puerto Jiménez en la Zona Sur.
Es necesario aclarar a la ciudadanía, que el Consejo de Transporte Público (CTP) es la entidad que define las condiciones operativas, es decir, ese ente define el horario, recorrido, cantidad de unidades, paradas, etc. Tanto el CTP como la Aresep pueden realizar estudios de demanda. Por lo que no es cierto que exista contradicción entre las entidades como induce la periodista; sin embargo, el CTP ha indicado limitaciones en la capacidad operativa para realizar los estudios técnicos requeridos para la aplicación oportuna de la metodología.
Las metodologías tarifarias son un instrumento regulatorio, con el cual se establecen los costos que se reconocen en determinado servicio, en cumplimiento de las funciones definidas por la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora.
Finalmente, la Aresep es una institución pública que trabaja con autonomía política, rigurosos procesos técnicos y transparencia. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con los usuarios de servicios públicos y del impacto de la regulación en el desarrollo y la calidad de vida de todos los costarricenses.
