La esencia de la Nación costarricense está definida por la solidaridad como eje central de nuestra identidad y ninguna institución la representa ni materializa mejor que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Es nuestro principal instrumento de cohesión y bienestar social y, ante la pandemia por el COVID-19, es también la principal institución ejecutora en materia sanitaria. Además, por su diseño y misión, será también la herramienta fundamental para superar los retos socioeconómicos y políticos que ya estamos confrontando. Su fortalecimiento es hoy, y deberá serlo mañana, prioridad fundamental de la política pública y una obligación ineludible de nuestros gobernantes.
En días recientes se ha desatado un intenso debate en torno a la sostenibilidad y fortalecimiento financiero de la CCSS. Por ello, es importante señalar una serie de apuntes para que esta sea una discusión sana, basada en elementos objetivos, respetuosa, decente y verdadera:
- La Constitución Política da a la CCSS la autonomía necesaria, que le permite estar consolidada y fuerte, ante presiones políticas y económicas, en torno a su rol fundamental en salud pública.
- Regularmente se presentan incumplimientos de obligaciones de ley en los pagos oportunos de las cuotas obrero-patronales en el caso de los patronos privados, así como de los aportes oportunos establecidos por la Asamblea Legislativa en diversas leyes con asignaciones específicas autoestablecidas para el Estado.
- Los esfuerzos por combatir la evasión y reducir la morosidad son permanente actividad de la CCSS.
- Condiciones estructurales en el empleo -como informalidad, subempleo y desempleo- generan enorme presión a la institución y no pueden ignorarse cuando se analiza su presente y futuro.
- El desempeño económico local, regional o global incide de forma directa en el comportamiento de sus ingresos. No puede perderse de vista que las cuotas que la mantienen dependen fundamentalmente de las planillas, por lo que los vaivenes en la economía y en el nivel de empleo provocan problemas de recaudación con serios impactos en sus finanzas.
- Las deudas, desde décadas atrás, son un mal endémico que se explica por varios factores, entre ellos que haya asumido gastos en salud preventiva y otros gastos que ha debido asumir a nombre del Estado y por conveniencia obvia de la Nación.
- La reducción de la base imponible, por las razones antes señaladas, traslada presión a las finanzas públicas para compensar esa pérdida de recursos para la CCSS, en virtud de la importancia estratégica de esta institución.
- El cambio del perfil demográfico de Costa Rica, la expectativa de vida creciente en años y calidad, requieren pagos de pensiones y cuidados en salud más costosos.
- Diversas leyes desde las décadas de los años 80 y 90 generaron mayores presiones y acumularon las deudas del Estado. La Ley de Equilibrio Financiero, por ejemplo, que tuvo vigencia hasta el año 1999; la ley de Fodesaf, así como las leyes para mejorar la atención de la niñez y la adolescencia, creó obligaciones que se sumaron a las contribuciones del Estado como patrón y generó deudas crecientes que se acumularon en el tiempo.
- En 1982, 1985, 1990, 2004, 2005 y 2006 se concedieron, vía Poder Ejecutivo y leyes, aumentos e incentivos a personal médico y funcionarios que hicieron crecer su estructura de costos.
- Todas estas condiciones y presiones han generado diversas iniciativas, como arreglos de pago, condonaciones parciales de la deuda o procesos de cobro en sedes administrativas y judiciales de no acabar, que en el tiempo suman presiones adicionales sobre las finanzas y los servicios de la Caja, con consecuencias negativas para la población en general.
- Es relevante reconocer tres pagos realizados por el Estado durante la Administración Solís Rivera:
- En setiembre de 2015 se pagaron a la Caja ₡25 mil millones en el que se incluían deudas entre el 1 de octubre del 2011 al 31 de diciembre del 2014.
- En marzo de 2016 se giraron a la CCSS ₡919 millones, trasladados del excedente del Seguro Obligatorio Automotriz (SOA) del INS a la CCSS, como pago a deudas pendientes.
- En mayo de 2016 se firma un empréstito por $420 millones con el Banco Mundial para pagar a la CCSS parte de esas deudas del Estado. Las conversaciones preliminares con el Banco se dieron en la Administración Chinchilla Miranda y como procede en un país serio, la Administración Solís Rivera las condujo a buen término, formalizando los estudios técnicos y justificaciones, determinando el monto, finiquitando una negociación de términos muy favorables para el país y firmando el contrato del préstamo, así como conduciendo la negociación política y gestionando la prioridad en la agenda de la Asamblea Legislativa que permitió, en agosto de 2016 (con el voto de 41 diputados y diputadas), la aprobación del empréstito.
- Este préstamo permitió financiar el “Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica”, estructurado en siete desembolsos de $60 millones, conforme la CCSS fuera cumpliendo siete metas, que incluían fortalecer el primer nivel de atención, aumentar cirugías ambulatorias, atender enfermedades crónicas, mejorar satisfacción del usuario (impacto en reducción listas de espera), fortalecer administración institucional y optimizar administración financiera. Estos fondos permitieron conformar el portafolio de inversiones más grande que ejecuta, por casi ₡841 mil millones entre 2017 al 2021. Incluye la construcción de los hospitales de Turrialba, Golfito, Cartago, Puntarenas, mejoras en hospitales regionales y especializados, Ebais, Áreas de Salud, sucursales, equipos, así como programas para la reducción de filas, atención de grupos vulnerables y otros de orden logístico.
La CCSS es uno de los bienes públicos más preciados y valiosos de la sociedad costarricense. El país confía en que está y estará a la altura de los retos que la actual emergencia sanitaria global.
Nuestra generación debe comprometerse con nuestra esencia como Nación y preservar y fortalecer a la CCSS. Nos corresponde, hoy y mañana como lo hicieron nuestros antecesores ayer, renovar nuestro compromiso con el modelo social y de solidaridad que nos permite no dejar a personas desprotegidas ni atrás. Ello requiere una discusión serena y democrática, basada en información veraz y centrada en el bien común.
