El 15 de mayo se celebra el Día del Agricultor Costarricense, y la ocasión es propicia para recordarle a nuestra población el aporte que hacen las más de 280.000 personas, hombres y mujeres, dedicados a la producción agropecuaria en nuestro país. Expresamos por este medio nuestra felicitación y nuestro sincero homenaje a todas estas personas que realizan un trabajo heroico, afectado por fenómenos naturales, por coyunturas internacionales, y a veces, por la injusta falta de reconocimiento por parte de algunos sectores de nuestra población.
Nuestro agro produce el 70% de la canasta básica alimentaria; si en estos meses de pandemia no ha fallado la disponibilidad de alimentos en Costa Rica, ha sido por el trabajo tenaz, y a menudo no reconocido como se debe, de nuestros agricultores y agricultoras. El sector también genera el 40% de la exportación de bienes. La actividad agroexportadora genera gran cantidad de empleo y divisas. Por su alto grado de encadenamiento con otras actividades más allá de la producción primaria, el agro genera alrededor de 500.000 empleos directos e indirectos. Esto contribuye a la dinamización de la economía, especialmente en las zonas rurales, contribuyendo a la paz social de Costa Rica. Por su importancia estratégica, la producción de alimentos debe ser objeto de políticas agrícolas diferenciadas.
Soberanía alimentaria: aclarando conceptos. En numerosas publicaciones y otras participaciones públicas, el término “soberanía alimentaria” ha sido confundido con “autoabastecimiento alimentario”, y se han hecho comentarios a partir de esta confusión. En realidad, soberanía alimentaria no significa producir todo lo que comemos, pues claramente eso no es posible, porque no tenemos las condiciones ecológicas para hacerlo. El concepto se refiere al derecho de los países a definir su propia política agraria y alimentaria. Naciones como Estados Unidos y algunas de Europa lo practican todo el tiempo en su política agrícola, sin temor a promover, apoyar e incluso proteger determinadas actividades agropecuarias que consideran estratégicas. El promover este concepto, significa adoptar un comportamiento de país desarrollado en relación con la política pública agrícola.
En ese sentido, soberanía alimentaria tampoco significa aislarse del mundo, como se ha afirmado equivocadamente. Pero sí significa que el país pueda promover actividades que considera estratégicas, invirtiendo para ello recursos públicos en investigación, extensión, mejoras en infraestructura, mecanismos solidarios de comercialización, promoción de valor agregado y otras políticas que favorezcan diferencialmente esos sectores, como lo hacen los países desarrollados.
Una cosa no quita la otra. Hecha la anterior aclaración, es claro que la promoción de un sector agroexportador vigoroso y diverso como el que tenemos nunca debió significar el debilitamiento de nuestra producción de alimentos que hemos experimentado desde la década de 1990. Dicho en buen tico: una cosa no quita la otra. Eso ha quedado claramente demostrado en tiempos de pandemia. El COVID-19 desnudó la fragilidad de nuestro sistema agroalimentario. Este tiene una gran cantidad de actividades dirigidas al mercado interno, y muchas otras dirigidas principalmente a mercados de exportación. Las actividades dedicadas al mercado interno son diversas, lo cual genera la oportunidad de proveer una dieta igualmente diversa y nutricionalmente saludable. Las actividades agropecuarias de exportación se basan principalmente en la producción de bienes que no son esenciales para la dieta de los países importadores, lo cual, en condiciones de la pandemia, se vuelve una fragilidad. Así, sectores muy dinámicos como la piña, el melón y las plantas ornamentales han visto disminuido su volumen de exportación.
Las actividades de producción de alimentos para mercado interno se han visto sometidas a una competencia desigual por la importación de bienes producidos a menor costo, por las diferencias laborales, sin que esta situación haya resultado en un beneficio para los consumidores; quien se ha beneficiado ha sido principalmente la cadena de intermediación. El caso más claro es el frijol, en el cual la importación a precios bajos de ese producto no se ha traducido en menores precios al consumidor, pero sí en perjuicios a nuestros productores y a sus comunidades.
En la situación actual, a nivel mundial la posibilidad de incrementar la producción local de alimentos se vislumbra como condición necesaria para salir de la crisis y para la equidad social poscrisis, porque ayuda a la economía rural local, y porque hay incertidumbre con respecto a la disponibilidad de alimentos en el mercado global, debido a la pandemia. Si bien producimos alrededor del 70% de la canasta básica alimentaria, este porcentaje incluye prácticamente el 100% de las frutas, hortalizas, carnes y lácteos que consumimos, pero solamente el 20% de los frijoles y 40% del arroz, nuestros dos alimentos de mayor consumo. Esto supone una situación de dependencia alimentaria, causada en gran medida por las políticas de desestímulo a la producción local de alimentos.
Debido a lo anterior, desde 2014 se iniciaron políticas destinadas a fortalecer la producción nacional. Se fortaleció el Programa de Abastecimiento Institucional del CNP, aumentando 2,5 veces el volumen de compras y triplicando el número de suplidores, con énfasis en organizaciones de pequeños productores, con la consiguiente dinamización de la economía rural. El sector privado logró aumentos en productividad de arroz, ganadería y algunas hortalizas, a pesar de los impactos de la sequía 2014, el Huracán Otto en 2016 y la Tormenta Nate en 2017.
Soberanía alimentaria basada en competitividad. La actual administración, bajo el liderazgo de don Renato Alvarado al frente de MAG, no solo ha continuado la ruta iniciada en 2014, sino que la ha profundizado decididamente. Ante la actual emergencia, ha planteado 58 medidas para ayudar tanto al sector productor como al sector consumidor, en el ámbito del impulso a la producción, la promoción de la comercialización y el mejoramiento de las condiciones financieras que angustian al sector. El agro no ha sido abandonado, como alguien se dejó decir en un reciente comentario en el espacio matutino de la Cámara Nacional de Radio. Coincido con el señor ministro en que no se le puede achacar a la actual administración el que la producción de granos básicos sea tan precaria. Ese debilitamiento lleva muchos años, paradójicamente por políticas impulsadas por quienes ahora, con oportunismo político, piden la cabeza del ministro, como si el asunto no fuera con ellos. Afortunadamente, una gran cantidad de organizaciones de pequeños y medianos agricultores han manifestado claramente su apoyo al ministro.
Lejos de ponerse a llorar sobre la leche derramada, don Renato se ha enrollado las mangas y, como lo ha dejado claro en su comentario que tanta roncha ha levantado en ciertos sectores, durante su administración se ha promovido la siembra de frijol, mejorando la semilla y repartiéndola entre los productores, se está invirtiendo para rescatar la infraestructura de almacenamiento, se propone aumentar las áreas de siembra de arroz, buscando aumentar la productividad y la rentabilidad de estos sectores. A pesar de la estrechez fiscal, ha buscado garantizar los recursos financieros para la inversión en la reconversión tecnológica que requiere el agro, entre otras acciones. El ministro lo tiene claro: si queremos una verdadera soberanía alimentaria hay que impulsar un agro competitivo y vigoroso, que dinamice la economía rural y al mismo tiempo garantice una alimentación suficiente, saludable y accesible para nuestra población. Indudablemente, a propósito del Día del Agricultor Costarricense, este claro mensaje del señor ministro es también un reconocimiento a quienes hoy nos apoyan produciendo nuestro sustento.
