Ante el desafío del constitucionalismo social

Sintéticamente, es el reconocimiento que hace la doctrina jurídica respecto de los remedios que el Estado debe ofrecer al ciudadano frente al drama de

¿Qué agregar al constitucionalismo social para enfrentar el desafío de la pobreza? Sabemos que dicho constitucionalismo nace como respuesta a la necesidad estatal de fomentar los derechos humanos de segunda generación, que son básicamente garantías de adecuado acceso a los servicios públicos esenciales, además de educación, vivienda y asistencia médica, entre otros.

Sintéticamente, es el reconocimiento que hace la doctrina jurídica respecto de los remedios que el Estado debe ofrecer al ciudadano frente al drama de la pobreza.

Dada la profusa literatura y estudios al respecto, en América Latina el tema de sus causas y soluciones está diagnosticado y ante la magnitud del desafío, debe proseguirse con el esfuerzo. Entre los estudiosos del tema, parece existir un tácito acuerdo sobre qué la origina y cuáles son las alternativas frente a la pobreza.  Causas en las que existe consenso son: a) el exceso de mano de obra no calificada. Como la era del conocimiento requiere cada día menor proporción de ésta -la no calificada-, su exceso provoca el sostenido desempleo, la profusión de la economía informal y la depreciación del salario del trabajador no calificado frente al de aquel sí calificado, aún en las altas de los cíclicos períodos bonanza-crisis, lo que también estimula la desigualdad social. b) Las inmigraciones masivas provocadas por los ciclos económicos de prosperidad, y con ello, la recurrencia del problema de mano de obra no calificada. La tercera causa en la que convergen los estudiosos es la que denominan c) marginalidad, esencialmente, un implacable estado de desesperanza asumida ante la cronicidad de su condición. Un tercer elemento dentro de esa “no declarada” sinopsis a la que han llegado los especialistas es el c) de la doble vía de desconfianza en el aporte del capital social, cuyas dos caras de la moneda son, por una parte, la desconfianza que tiene el contribuyente ante la ineficiencia de la administración pública.
A la percepción de negligencia de los administradores públicos se suma la picardía o “viveza” de los receptores de la asistencia social cuando engañan al sistema en los casos que no son merecedores de ella. Esto mina los esfuerzos de inversión pública, y obliga además al endeudamiento público para paliar las necesidades sociales no resueltas. Finalmente, otra razón de la pobreza, en la que existe total coincidencia, radica en d) el problema ético, esto es, el de la corrupción en la función pública. Y resulta impertinente recordar sus funestas consecuencias. Igualmente existe un tácito acuerdo respecto de cuales son las soluciones de la pobreza. Como no es el propósito de este artículo enfocarse en aquellas en las que ya existe consenso, las resumiré someramente. Primeramente, la vital importancia de la inversión pública en educación formal, vocacional y la adecuada capacitación sectorializada. En segundo término, la necesidad de incentivar la iniciativa privada a través de políticas que estimulen un crecimiento económico alternado con medidas distributivas de la riqueza, pues sabemos que el crecimiento, -por sí solo-, no resuelve el dilema de los sectores desposeídos.
Así mismo, procurar la sostenibilidad de las medidas tendientes a lograr salarios crecientes y finalmente, políticas públicas solidarias en función de la promoción de la organización social dentro de las comunidades marginales, que incluyan además iniciativas asistenciales a la actividad microempresarial. Quien quiera escrutar de propia cuenta la realidad de los consensos que lacónicamente he enumerado, puede estudiarlos seleccionando de las diversas investigaciones académicas y diagnósticos serios sobre combate a la pobreza, y encontrará la certeza de que -como causas y soluciones a la desigualdad-, existe un acuerdo general en al menos los aspectos precitados. Por supuesto que existen otras innumerables propuestas, pero en ellas no existe una convergencia contundente.
Sin embargo, llegó a mis manos un libro publicado por la Universidad Monteávila, el cual es un riguroso estudio denominado La erradicación drástica de la pobreza, elaborado por el destacado doctor en economía Carlos Urdaneta Finucci, de nacionalidad venezolana y actualmente jubilado en Costa Rica. El trabajo expone un inusual elemento del que siempre he estado convencido, como importante salida a la pobreza. Aunque el enfoque de su análisis ya ha sido tratado por otros pensadores como Max Weber, lo que más llamó mi atención es que un elemento de esa naturaleza fuera invocado en el diagnóstico académico de un economista latinoamericano. Se trata de lo que el Dr. Urdaneta sintetiza como el capital moral que debe subyacer en los valores espirituales de la comunidad o individuo que pretenda superar su estado de pobreza. Es la sincera asunción de valores espirituales y morales por parte del individuo, así como la existencia en la comunidad de lo que llama “modelos-testimonio” -o sea referentes a emular-, personas que al lograr mejorar su condición de postración gracias a su transformación espiritual, con su ejemplo persuaden a otras.
En un proceso integral y sostenible que pretenda superar permanentemente el estado de miseria, este “capital” moral y espiritual es primordial. Trátese de un individuo, o de una comunidad, de no existir éste, todo esfuerzo resulta, al final del camino, nugatorio. 

 

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