En tiempos de pandemia y desmovilización social (quietud universitaria, confinamiento domiciliario) nuevas y estentóreas voces amenazan a la universidad pública desde el parlamento, de manera no solo ramplona e irrespetuosa, sino cargada de cizaña, ignorancia y mala fe sobre nuestra realidad constitucional y la autonomía universitaria. Cuestionar y amenazar a las universidades públicas delata un desconocimiento supino sobre la función social y el aporte de las mismas a la sociedad costarricense, lo cual puede demostrarse de variadas maneras, hasta con los aportes universitarios para atender la pandemia por el COVID-19 en lo meses inmediatamente anteriores.
Según información del Semanario UNIVERSIDAD (miércoles 27 de mayo), el diputado liberacionista Wagner Jiménez anunció la posibilidad de “cerrar las universidades públicas”, declaración que confirma el deseo de algunos sectores por acabar con la educación superior pública para impulsar el gran negocio de la privada. Que ataquen directa y arteramente a las principales instituciones universitarias del país y de Centroamérica, algunas, como la UCR, de América Latina, no es nada nuevo. Lo novedoso es aprovechar la frágil coyuntura causada por la emergencia que vive el país para insistir, sin pruebas razonables, en que las universidades generan gastos superfluos e innecesarios y que hasta se les acuse de privilegios y de ser casi las causantes del déficit fiscal.
Cuando el diputado Jiménez, con frescura y desparpajo, expresó “que las finanzas del Estado priman sobre la autonomía universitaria”, denota no solo una garrafal y absoluta ignorancia sobre la universidad pública, sino, y es lo peor, sobre las normas constitucionales. La autonomía universitaria es un fuero especial que otorgaron los constituyentes del 49, de tal suerte que se convierte en obligatoria para el Estado en su conjunto; la obligatoriedad consiste y contempla que el Estado costarricense debe financiar la educación superior con el 1,5% del PIB, lo cual, por cierto, nunca ha ocurrido.
En el subtexto del parlamentario liberacionista se colige algo que debe tenerse en cuenta a la hora de discurrir sobre los ataques a la universidad pública: el auge de las universidades privadas, el cual se asocia con un extensivo comercio de títulos que, en la mayoría de los casos, carecen de la competencia y la calidad educativa exigidas por la educación superior pública. Parece que para los diputados de la Comisión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior, da lo mismo que las personas se gradúen con los requisitos de las universidades públicas que en cualquiera de las que pululan por los rincones nacionales con nombres de santos o apellidos de científicos o artistas europeos.
Ello demuestra, lamentable y peligrosamente, el aumento de diputados que desconocen las universidades públicas puesto que su visión de universidad tiende hacia lo que hacen las universidades privadas en su gran mayoría: docentismo a ultranza sin regulaciones ni evaluaciones adecuadas sobre pertinencia y calidad. Es decir, aularios donde no se realiza investigación, mucho menos extensión o acción social. Sabemos que la docencia universitaria sin investigación o extensión docente (al menos), es una docencia adocenada, memorista, desfasada y descontextualizada, dado que no busca, produce ni comparte conocimiento, piedra de toque de todo centro universitario concebido como Centro Superior de Cultura.
A lo anterior, si desmenuzamos los currículos de vida de esos diputados, habría que sumarle la posibilidad de alguna frustración o sentimiento de rechazo por parte de alguno de ellos, ya por no haber logrado ingresar, ya por ingresar pero sin lograr graduarse, a la universidad pública. Claro, no necesariamente una persona que estudia en la universidad privada obedece a no poder hacerlo en la pública, las razones pueden ser variadas, múltiples y ello, dicho sea de paso, es una de las grandes reflexiones que debe realizarse al interior de la universidad pública en un ejercicio de autocrítica impostergable.
El ataque contra la universidad pública debe ser contundentemente respondido por todas las universidades agrupadas en Conare. Sin embargo, esto no parece alarmar a sus autoridades ni a muchos funcionarios, docentes o estudiantes. Ante una amenaza directa como “Si no se toman decisiones a lo interno, en el corto plazo tendremos la triste tragedia de tener que recurrir a un cierre de universidades públicas”, los rectores, los Consejos Universitarios, las Federaciones Estudiantiles, los Sindicatos y cada uno de los universitarios, deberíamos estar pronunciándonos en defensa de la educación superior pública. La prepotente amenaza no solo carece de cacumen, sino que desconoce y menosprecia olímpicamente la utilidad social y pública de nuestras universidades.
La agresión diputadil se enmarca en variados intentos por desarticular la institucionalidad social costarricense, de la cual el sistema universitario es componente central. Es la continuación de la contrarreforma neoliberal iniciada a principios de los años ochenta del siglo pasado, orientada hacia el desmantelamiento del Estado Social de Derecho. Atravesamos una época dura y oscurantista, por eso es claro el mensaje: la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) será álgido y reñido. Para la contrarreforma tanto el empleo público como el FEES serán elementos cruciales, lo que debería encender las alertas no solo de empleados públicos y de universitarios, incluidos los estudiantes, sino de todo el pueblo costarricense para defender conquistas alcanzadas con sudor, lágrimas y sangre en históricas luchas sociales.
Nos asaltan dos preguntas: ¿están la universidad pública y la sociedad costarricense preparadas para este inminente ataque a fondo de los enemigos del saber y de la institucionalidad pública? ¿Podrá detenerse la contrarreforma neoliberal en marcha? Cuestiones tremendas que precisan de respuestas prontas, de lo contrario, en el mediano plazo estaremos retrocediendo casi un siglo, a tiempos anteriores a las Garantías Sociales y a la fundación de la primera universidad pública, la aún no centenaria pero reconocida UCR. Un panorama desolador, sin duda.
