Los artistas musicales de Costa Rica estamos siendo atacados con una campaña diaria por parte de la Cámara Nacional de Radio (Canara), mediante los editoriales de Panorama, lo cual atenta contra los derechos patrimoniales de propiedad intelectual que tenemos. Usan su tribuna, de varias decenas de emisoras, sin permitir a la ciudadanía conocer la versión de los artistas para formarse un criterio más equilibrado.
Esta campaña pretende amedrentar al Gobierno para que debilite el marco jurídico que tutela nuestros derechos, más específicamente el de comunicación pública de gestión colectiva obligatoria. En Costa Rica, desde hace más de 30 años, existen las entidades de gestión colectiva (EGC), cuyo su trabajo hace posible que tengamos un equilibrio entre quienes creamos y producimos la música y aquellas personas o empresas que utilizan esos contenidos como insumo para su actividad económica. Los bares, las discotecas o las radioemisoras no pueden existir sin la música que nosotros creamos.
En estos momentos no existe tal equilibrio. Canara ha utilizado su lobby político para que nuestros derechos patrimoniales no sean reconocidos a cabalidad, contradiciendo el marco jurídico nacional e internacional que los reconoce, incluida nuestra Constitución Política. De poco ha importado el esfuerzo de las EGC para crear canales de comunicación y lograr acuerdos que beneficien tanto al sector de artistas como a las empresas de comunicación.
En cambio, la estrategia de esta Cámara ha sido propagar información incorrecta como que las radioemisoras van a cerrar si pagan nuestros legítimos derechos, o que respetar los derechos de autor y conexos va en detrimento de la libertad de expresión y la libertad de prensa. No podemos permitir que toda esta trama de mentiras siga desfilando ante nosotros sin hacer absolutamente nada.
La lucha por defender el trabajo de las personas dedicadas a la cultura, y más específicamente a la música, es interminable. Tenemos décadas de trabajar por sensibilizar a la ciudadanía y a las autoridades de Gobierno para generar en el país una cultura de respeto por nuestra labor, que debe ser remunerada económicamente en su justa medida. El actual Gobierno aborda en su plan de trabajo el impulsar lo que se conoce como Economía Naranja, la cual está constituida por los sectores vinculados con la creatividad, la innovación y la propiedad intelectual. No podemos aceptar que desde el Estado se considere que sólo algunos sectores de esta economía tienen derecho a beneficiarse por la riqueza que esta produce.
El actual Gobierno no debe ceder ante esta presión que sólo busca beneficiar a un sector de empresarios de la radiodifusión. Debilitar el marco legal que garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos de autor y conexos es destruir los proyectos de vida de cientos de personas que buscan realizarse profesionalmente con su música. Pedimos que se medie entre los intereses de usuarios y titulares de la música; no hacerlo es legitimar el despojo de nuestros derechos.
