Alternativas al fracaso carcelario

El encarcelamiento en Costa Rica ha sido un rotundo fracaso.

El encarcelamiento en Costa Rica ha sido un rotundo fracaso. A pesar de los añejos discursos de comicastros y políticos en prematura decadencia, lo cierto es que, tras más de veinticinco años, el país disparó sus niveles de encierro sin que ello se tradujera en mayores índices de seguridad. Todo lo contrario. Las razones son contundentes, la prisionalización trae muchos más problemas que soluciones. La dinámica que subyace al entorno carcelario supone unas relaciones muy complejas que dificultan las posibilidades de inserción social sobre todo cuando quienes terminan encerrados son, por lo general, personas que provienen de grupos socialmente en desventaja.

Por eso es un error hablar de reinserción cuando se trata de sectores que siempre estuvieron en los márgenes.  La incapacidad del Estado, porque su modelo punitivo no lo permitía, al menos hasta hace muy poco tiempo, de discriminar las faltas en función de su gravedad para saber cuándo la cárcel era, en verdad, la única alternativa ha sido fuente de permanente exclusión y, si aquello no fuera suficientemente grave, de elevados costes económicos. No es casualidad que la desigualdad haya aumentado al tiempo que las tasas de encarcelamiento. ¿El resultado? Una sociedad que invierte más en cárceles, pero que es incapaz de contener la violencia y la exclusión. Porque cuando una persona entra a prisión no lo hace sola, arrastra a sus hijos, parejas y entorno más inmediato, y genera un caos que los condena a vivir en medio de los más excluidos.

Sin embargo, y con todo y las disparatadas voces que escuchamos en los últimos meses haciendo gala de sus odios y también de sus extraviadas manos duras, tengo la impresión de que, para fortuna nuestra, el país, aún sin reconocerlo expresamente, porque pocos quieren retratarse en estos temas, ha empezado a dar pasos para revertir un desastre en toda regla.

En los últimos años se han hecho reformas legales que aunque no puedan competir con la andanada punitiva de casi un cuarto de siglo tienen la virtud de situarnos en la dirección correcta. La reforma a la ley de psicotrópicos que concedió más racionalidad a ciertos delitos cometidos por mujeres en situación de vulnerabilidad, al término del cuatrienio Chinchilla Miranda, o las leyes de monitoreo electrónico y de penas de utilidad pública durante la Administración Solís Rivera son una buena señal. La recientemente aprobada ley de justicia restaurativa tira del mismo hilo, a pesar de que sus alcances, contrario a lo que se ha dicho, serán muy limitados y más allá de la pugna de poder que parece haber abierto en el vértice judicial.

Conviene subrayar que los cambios se han dado en gobiernos de distinto signo político; esto es, no importa tanto dónde se encuentran situados en el arco ideológico los grupos representados en el Congreso o que controlan el Poder Ejecutivo para proponer o impulsar legislación que busca un uso más inteligente del castigo y el sistema penal. Es simple sentido común, por más que en lo discursivo arañar votos sea una aspiración legítima y necesaria, lo cierto es que al final, de cara a la demoledora evidencia, la búsqueda de alternativas a la prisión es una responsabilidad, y quizás ineludible.

Ninguno de esos cambios legislativos promovieron la impunidad, más bien definieron nuevas sanciones a partir de criterios de proporcionalidad que no produzcan los perniciosos efectos de la cárcel no solo para el que la padece personalmente sino también para el conjunto de la ciudadanía que termina haciéndose cargo de su sostenimiento material y de sus consecuencias sociales.

Tampoco estamos para tirar cohetes, falta mucho: reformar la ley de vigilancia electrónica, aprobar una ley de ejecución penal o ampliar la protección a mujeres infractoras en situación de vulnerabilidad, por citar tres ejemplos. Como sea, los avances de los últimos ocho años testimonian que sí se puede reelaborar el modelo punitivo y que en ese objetivo el concurso de la Asamblea Legislativa es irremplazable y esperanzador. Tan esperanzador como creer que una sociedad movida por la justicia y no por la venganza más primitiva también es posible.


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